Hace unos días en la capital del estado se dio un encuentro de esgrima verbal que no le pedía nada a los carteles que arman los promotores de boxeo de las Vegas entre campeones mexicanos y bultos rusos.
Los
protagonistas, dos políticos de distintos partidos a los que la historia ha colocado
en el bando de los impresentables: Juan Manuel Oliva, el exgobernador panista y
Francisco Arroyo, el ex legislador priista que se eternizó por un cuarto de
siglo en curules locales y federales, negociando siempre su papel de opositor frente
al PAN.
La videocolumna de este martes 16 de julio. Temas obligados, las repercusiones políticas en Guanajuato de la detención de Juan Collado y el caso Caja Libertad, PRI y PAN no se escapan del impacto. La mafia del poder en Guanajuato. la inseguridad campea hasta en obras ostentosas como el palacio legislativo se registran ataques, mientras el gobernador se va a Nueva York a “promover Guanajuato”, vaya sentido de la oportunidad.
Todavía no termina de salir a la luz pública todo lo que se encuentra detrás de los manejos fraudulentos de la Caja Libertad de Querétaro, mucho menos las múltiples operaciones que involucraron a distinguidos guanajuatenses, más allá de los que han sido señalados en los medios de comunicación hasta ahora.
Los manejos realizados por el profesionista salmantino José Antonio Rico Rico, tienen consternada a la clase política y empresarial del vecino estado de Querétaro, por la cantidad de nombres y empresas que se asocian con el financiero que se presume como prófugo a estas alturas.
José Antonio Rico en los tiempos de esplendor. Foto: plazadearmas.com.mx
Sin embargo, en Guanajuato solo ha saltado el nombre del ex gobernador Juan Manuel Oliva, quien otorgó obra pública a un asociado de Rico, el arquitecto José de Jesús Martínez Tejada, durante un tiempo dueño del club Irapuato y de una constructora.
Al igual que le
ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista guanajuatense
Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo
y quien esto escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados
bajo la figura de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor Aguayo
ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto
Moreira, el ex gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del
Colegio de México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de
esa entidad. Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira
apenas le reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
Aprovechando una agenda profesional, una reunión sobre salud, el doctor José Narro Robles visitará en Guanajuato algunos liderazgos priistas en preparación de su campaña por la presidencia de ese alicaído partido político.
Aunque la campaña
formal arrancará después de la Pascua, el ex rector de la UNAM y secretario de
Salud en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, aprovechará para
hacer algunos contactos con lo que queda del PRI de Guanajuato.
Cuando se llegue a las próximas elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el de Morena a nivel federal.
Sin embargo, más allá de ese triunfo cultural, que también podría ser el del porfirismo o de la vocación mexicana por el caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato y quizá el del país entero, está en vías de extinción y no por otras causas que las de su propia responsabilidad.
Por lo pronto en la entidad, los capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en desbandada, están literalmente en fuga.
Nunca lo ofreció en la campaña, sin embargo, una de las primeras preocupaciones del alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, de extracción panista, es la de construir un nuevo palacio municipal que se ubicaría, casualmente en la frontera de la peleada zona de preservación ecológica de La Bufa, para lo cual se pretende endeudar al ayuntamiento con 200 millones de pesos, equivalentes a la mitad de su presupuesto anual.
Resulta demasiado sospechoso que un alcalde que proviene de un grupo familiar vinculado a la industria de la construcción, en lo primero que piense sea en edificar y que pretenda que sean los guanajuatenses actuales y futuros los que sufraguen la obra.
Matar a la ciudad. Foto: Presidencia Municipal de Guanajuato.
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