Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.

Allí dijo lo siguiente:

“La persona fallecida era de León Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”

Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.