Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.
Allí dijo lo siguiente:
“La persona fallecida era de León Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”
Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.
Las elecciones del 2018 fueron dominadas por un solo tema: la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto que vino a coronar el mal recuerdo que de por sí tenían los mexicanos del PRI del siglo XX y al que solo una enorme distracción, impulsada por los grandes medios de comunicación, le permitió regresar al poder.
Ilustración: @PincheEinnar
El debate sigue vive y se está evidenciando en la negociación de la Fiscalía General de la República con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, símbolo del saqueo peñista, donde se cuestionan los privilegios que ha recibido a cambio de sus delaciones.
Incluso, el posible uso político de la información que proporcione Lozoya, está produciendo un terremoto. Perdonar a un corrupto a cambio de parque mediático para combatir a los críticos del régimen, no parece la forma más aceptable y eficiente de combatir la gran lacra del país que le dio a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de llegar al poder.
La triple crisis propiciada por la propagación del virus SARS-CoV-2, su impacto en la economía y el agudizamiento de la violencia indiscriminada en Guanajuato, ha soslayado otros problemas que urge atender.
En las próximas semanas se cumplirán 20 años de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de León, la mayor ciudad del estado y la que vive uno de los problemas más graves de contaminación industrial, solo comparable a la que produce la industria petrolera y sus derivados en Salamanca.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
La construcción de un complejo para tratar las aguas residuales urbanas y las aguas que contenían residuos industriales, en funcionamiento desde el año 2000, fue presumida en su momento como una solución revolucionaria, parecía que al fin la ciudad sede de la mayor actividad de curtido industrial del país, demandante de agua y altamente contaminante, entraba en la modernidad.
Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está “tan abierto”, “tan sensible”, “tan cercano” y “tan comprensivo” con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
Esta semana seguí la conferencia de prensa que ofrece esporádicamente, avisando apenas un par de horas antes, el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, sobre el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Guanajuato. Lo primero que salta a la vista es la ligereza de los mensajes que emite la máxima instancia de salud en el estado.
Foto: TV4
Si de por sí hay confusión entre la población derivado de la abundancia de fuentes que están emitiendo mensajes, de las contradicciones entre las mismas, de lo poco que saben los especialistas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y de los aprendizajes que están surgiendo continuamente, además de las inevitables competencias políticas que ha motivado la atención a la pandemia, las comparecencias del secretario de salud no ayudan en nada.
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