Cuando las organizaciones de la sociedad civil, los expertos en derecho y la opinión pública de avanzada impulsaron la autonomía de las fiscalías como instrumento para la superación del rezago en la política criminal del país, quizá nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: el encumbramiento de verdaderos señores de horca y cuchillo que hoy por hoy no le rinden cuentas a nadie.
Ilustración: @PincheEinnar
¿Ha disminuido la impunidad? ¿Se ha erradicado la tortura? ¿Ha mejorado la cientificidad de la investigación penal? ¿Van los delitos a la baja?
Nada de eso ha pasado durante los 11 años en los que ha dirigido el ministerio público Carlos Zamarripa Aguirre, quien además tiene otros ocho por delante, por encargo de ley.
Con notable estridencia, mediante filtraciones interesadas a medios de comunicación locales, el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, encabezado por el ex dirigente de Coparmex Jorge Ramírez se ha dedicado a denostar lo que hace 20 años era considerado un proyecto vanguardista de asociación público privada para empezar a atender los graves pendientes ambientales de la ciudad y su planta industrial.
En 2020, la asociación entre SAPAL y la empresa Fypasa, principal accionista de Ecosys III, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de León parece el peor negocio del mundo. Directivos de la paramunicipal se quejan de que pagan 200 millones de pesos al año y el agua se trata de forma deficiente.
Una clara evidencia de lo escasamente preparado que se encontraba el joven político panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para asumir la responsabilidad de la gubernatura de Guanajuato, la ofrece la integración de su gabinete legal y ampliado, donde ya acumula un importante número de relevos propiciados por una única causa: la deficiente selección de sus apuestas iniciales.
Incompetencia premiada. Foto: Gobierno del Estado.
Presionado por el discurso políticamente correcto, pero no por una convicción íntima, Sinhue incorporó a su gabinete a 4 mujeres, a diferencia de su antecesor y mentor, Miguel Márquez Márquez, quien navegó todo el sexenio con solo una funcionaria frente a una docena de varones.
Llamaba la atención en aquel septiembre de 2018, que tres de las cuatro integrantes femeninas fueran ajenas a Guanajuato y de ellas, solo una era panista y no precisamente guanajuatense.
Guanajuato no escapa al auge de inmoralidad que inundó el país de la mano del ex presidente. ¿Nombres? Gerardo Sánchez, Francisco Arroyo, Bárbara Botello
La forma esencial de hacer política del PRI, que logró catequizar al PAN a su llegada al poder en gubernaturas y en la propia presidencia de la República, fue la corrupción: repartirse los bienes públicos entre cuates, para que las redes de complicidad crearan una omertá, o ley del silencio, como en cualquier mafia que se respete.
La clase política guanajuatense exhibe un provincianismo ramplón en medio de la más grave emergencia sanitaria en un siglo: unos parecen no creer que exista el virus, otros esconden el padecimiento como si fuera lepra o algo peor. En conjunto, demuestran que no entienden y no atienden la responsabilidad pública que la pandemia ha agregado a sus tareas, lo cual evidencia que ya desde antes no entendían nada.
Foto: Especial
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo apariciones constantes en las primeras semanas de la crisis sanitaria para hacer lo que sabe hacer su equipo y su gobierno: propaganda ramplona plena de machismo político: aquí el virus nos iba a hacer lo que el viento a Juárez.
La captura de José Antonio Yépez Ortiz por fuerzas federales, después de una carrera delictiva de más de una década en total impunidad, tuvo un efecto colateral que no parece extraño si se observa con cuidado: la desaparición del poderoso Fiscal General del estado del escenario público, desde el fin de semana pasado.
Partidario del bajo perfil mediático casi hasta la opacidad, Carlos Zamarripa Aguirre no elude presentarse a conferencias de prensa donde da a conocer noticias importantes cuando lo ameritan los acontecimientos o cuando debe sacar adelante a su institución de momentos polémicos.
Imagen tomada de video promocional de la FGEG
El anuncio de la captura del criminal más buscado los últimos dos años en Guanajuato, a partir de la llegada del nuevo gobierno federal, era una ocasión inmejorable para que el cuestionado Fiscal, de quien se discuten sus 11 años en el cargo y sus pésimos resultados, saliera a cobrar facturas.
Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.
Allí dijo lo siguiente:
“La persona fallecida era de León Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”
Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.
Todas las pequeñas maniobras que el gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.
Ilustración: @PincheEinnar
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.
En el día que Guanajuato rompe el récord de muertes por COVID-19, con 27 fallecimientos, el gobernador y su secretario de Salud aventuraron la versión de que la entidad se ha formado ya en la fila para comprar una vacuna cuyas primeras pruebas apenas se realizan. Parece demasiado adelantarse.
Ilustración: @PincheEinnar
No fue el único dislate del día. El otro se presentó en una de las eventuales conferencias de prensa que el doctor Daniel Díaz Martínez ofrece cada vez que empeoran las cifras de la pandemia y en las que solo se pueden enviar preguntas por redes sociales y esperar a que pasen los filtros, sin ninguna posibilidad de solicitar aclaraciones o profundizaciones.
A estas alturas resulta muy claro que las cifras que se comparten a diario al nivel municipal, estatal y federal sobre la extensión de los contagios de SARS-CoV-2 y la evolución de los enfermos de COVID-19, están siendo tratadas con criterios políticos.
La polémica sobre el manejo de los escenarios por parte del epidemiólogo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud, ha crecido y sus respuestas han aumentado la sombra de sospecha sobre la veracidad de la información que difunde cotidianamente en Palacio Nacional.
Médicos y enfermeros cubanos en La Habana. Agencia EFE.
El modelo de vigilancia Centinela, que detecta un número limitado de casos y extrapola el universo de enfermos con factores estadísticos, parecía funcional para padecimientos conocidos a lo largo de muchos años, como la influenza H1N1, con la que tenemos más de una década conviviendo; o el dengue convertido ya en un brote estacional.
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