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* Derechos humanos, de válvula de escape a motivo de agravio social
* Dos jueces exhiben el sesgo de la justicia procurada por Zamarripa
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Read the rest of this entry »Carlos Zamarripa, Fiscalía General del Estado, Lavado de Imagen, Luis Antonio Alanís, Relaciones Públicas
Mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se encuentra ausente de sus responsabilidades, por lo pronto dos semanas en Europa realizando videos sobre inversiones decididas de antemano, en Guanajuato el poderoso fiscal Carlos Zamarripa utiliza los amplios recursos públicos a su disposición para lanzar una campaña de relaciones públicas que lo rescate del descrédito al que lo ha sometido el presidente de la República.
Derechos Humanos, Diputaciones Plurinominales, Estadística Delictiva, Fiscalía General del Estado, Manipulación Política, México Evalúa, PAN, PRI, Ruth Tiscareño, Vicente Esqueda
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Brutalidad Policial, Carlos Zamarripa, Comité Directivo Estatal, Daniel Díaz Martínez, Fiscal Carnal, Fiscalía General del Estado, Maximato, Miguel Márquez Márquez, PAN, Pandemia, Román Cifuentes, Semáforo de Salud
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Cuando las organizaciones de la sociedad civil, los expertos en derecho y la opinión pública de avanzada impulsaron la autonomía de las fiscalías como instrumento para la superación del rezago en la política criminal del país, quizá nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: el encumbramiento de verdaderos señores de horca y cuchillo que hoy por hoy no le rinden cuentas a nadie.
¿Ha disminuido la impunidad? ¿Se ha erradicado la tortura? ¿Ha mejorado la cientificidad de la investigación penal? ¿Van los delitos a la baja?
Nada de eso ha pasado durante los 11 años en los que ha dirigido el ministerio público Carlos Zamarripa Aguirre, quien además tiene otros ocho por delante, por encargo de ley.
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Delincuencia Organizada, Estado de Derecho, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Impunidad, Luis Ernesto Ayala, Secretaría de Gobierno
En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocado por la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.
El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una “peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León”.
El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.
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Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
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Algo profundo está podrido en la procuración de justicia de Guanajuato, cuando el presunto asesino doloso de 4 niñas en Cuerámaro está prófugo gracias a la protección de su padre, un funcionario que goza de “permiso económico” de la Secretaría de Educación, mientras 17 personas que exigían justicia y traspasaron los límites de una protesta pacífica, permanecen presos acusados de terrorismo, por el selectivamente implacable fiscal Carlos Zamarripa.
Algo profundo está torcido en Guanajuato, cuando la fiscalía del estado festeja por todo lo alto la detención de la “compañera sentimental” del líder huachicolero más buscado del país, pero a los pocos días esta sale libre por “fallas en el cateo” realizado por esa misma fiscalía, sin una orden judicial.
Algo muy grave pasa en Guanajuato cuando un empresario veracruzano es detenido por los guardias de corps del gobernador del estado, por el pecado de entrar a visitar a una persona al clúster donde vive el mandatario acompañado de guardias armados, justo como se pasean buena parte de los empresarios leoneses y resulta vinculado a proceso por el testimonio de policías que ni siquiera estuvieron presentes en la detención.
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