Con notable estridencia, mediante filtraciones interesadas a medios de comunicación locales, el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, encabezado por el ex dirigente de Coparmex Jorge Ramírez se ha dedicado a denostar lo que hace 20 años era considerado un proyecto vanguardista de asociación público privada para empezar a atender los graves pendientes ambientales de la ciudad y su planta industrial.
En 2020, la asociación entre SAPAL y la empresa Fypasa, principal accionista de Ecosys III, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de León parece el peor negocio del mundo. Directivos de la paramunicipal se quejan de que pagan 200 millones de pesos al año y el agua se trata de forma deficiente.
Con gobiernos como los que lamentablemente padecemos, poco enfocados en el bienestar de la población pero adictos a la vanidad y a los gastos suntuarios, el problema de salud pública que significa la pandemia de Covid-19 también puede constituir una gran tentación para manejos opacos y dispendio de recursos.
Ya vimos el caso del municipio de León, donde la urgencia de previsiones para evitar el contagio, cuando aun había información insuficiente, produjo la absurda decisión de comprar 15 arcos sanitizantes para instalar en terminales del transporte público de la ciudad, al desmesurado costo de 110 mil pesos por cada uno de los adefesios que de poco sirve y que la gente rechaza usar.
Millón y medio de pesos se fueron prácticamente a la basura, gracias a la decisión del tesorero del municipio, Enrique Sosa Campos, funcionario de todas las confianzas del alcalde Héctor López Santillana, quien libró una verdadera batalla con su primer cabildo para tratar de colocarlo en lugar de Gilberto Enríquez, lo que finalmente consiguió en su segundo mandato.
Desde el año 2015, el gobierno de Guanajuato regala a los estudiantes de educación media superior y superior tabletas electrónicas. A lo largo de 5 años se han repartido alrededor de medio millón de estos aparatos dentro de un programa de «inclusión digital».
Foto: Gobierno del Estado
Cada entrega de tabletas, que osciló entre 80 mil y 125 mil dependiendo del año, tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, sumando aproximadamente 60 millones de dólares a la fecha, unos mil doscientos millones de pesos en un tipo de cambio promedio, antes de las recientes devaluaciones.
Todos los contratos han ido a una sola empresa. DITECMA, un importador que manda hacer las tabletas a proveedores chinos, por lo demás barato. Se desconoce cuanto es el costo real del aparato y cuánto es el beneficio del importador, un negocio que ni siquiera poseía instalaciones propias y que operaba en una oficina rentada cuando recibió su primer gran contrato.