* Contragolpe de timón: inseguridad dejó de ser prioridad

* La arrendadora de Salgado Banda, un festín de opacidad

* Lorena, el hacha de guerra y López Mares

1.- Tarcisio repite formula calderonista: solo bardas y no obras

La apuesta de Diego Sinhue Rodríguez para cambiar la narrativa de la creciente inseguridad en Guanajuato se quedó en los anuncios espectaculares, los videos de propaganda y una barda de lujo que no encierra nada salvo baldíos donde no es improbable que haya fosas con restos humanos.

El estado de derecho como concepto de propaganda se diluyó rápidamente cuando llegó la pandemia. La flamante Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Movilidad (Sicom) inexplicablemente en manos de un funcionario jalisciense cercano a Felipe Calderón, Tarcisio Rodríguez Martínez, solo alcanzó a construir una barda perimetral donde se alzaría la flamante academia de policía estatal, en Santa Rosa de Lima, Villagrán.

Sin la presencia del ejército y la marina, esa zona donde reinó José Antonio Yépez *El Marro*, ha vuelto a ser territorio prohibido: graffitis con leyendas alusivas al capo preso en Almoloya, el incremento de la violencia en Celaya y la zona aledaña, asaltos en carreteras y de nuevo homicidios de ex funcionarios públicos, ponen en evidencia que el control que presumía el gobernador fue flor de unos cuantos días.

Naturalmente, el pretexto ideal es la pandemia, aunque para valorarlo se requeriría información pública oportuna y accesible. No fue así, el gobernador nunca informó que las obras en Santa Rosa de Lima se detendrían, pese a que hace varios videos a la semana para propalar la grandeza de Guanajuato, no hubo la coherencia para darle a la detención de la obra la misma difusión que a su anuncio original.

La situación evidencia el gran problema del esquema de propaganda con el cual el gobierno estatal en funciones pretende sustituir un modelo de comunicación social que respete la inteligencia de sus gobernados.

De manera que nadie en ese gobierno puede llamarse a sorpresa por la exhibición que resultó de un reportaje del portal Latinus, que dejó por un momento de centrar su atención en la Cuarta Transformación para voltear a ver los agujeros de la «grandeza» gunajuatense.

Como en la refinería de Tula del sexenio calderonista -de ingrata memoria en Guanajuato pues para competir por esa inversión se adquirieron mil hectáreas de terrenos agrícolas que permanecen ociosos hasta la fecha-, Tarcisio solo logro construir una barda con el gasto nada despreciable de 100 millones de pesos, según exhibe el periodista Carlos Loret en su portal.

Lo más irónico del reportaje es ver la bien cimentada muralla impecablemente grafiteada con leyendas que exaltan «el territorio Marro». Así, con un aerosol de unos cuantos pesos, la narrativa del estado de derecho y sus cien millones aplicados quedan en un predicamento.

Pero eso no es todo. Ojalá el fracaso se limitara al terreno discursivo. Pero no, la falsa recuperación de la paz y de la seguridad en Celaya está redundando de nuevo en un crecimiento de la violencia homicida, expresada ahora en atroces matanzas que de nuevo ensombrecen la vida de la región.

Quizá por eso la credibilidad de los políticos panistas guanajuatenses no repunta, pese a las monstruosas inversiones en estrategias publicitarias, en control de los medios de comunicación y en la oposición maniatada: porque su combate a los problemas del estado se reduce a promesas vacías, a frases vacuas y a eslóganes carentes de imaginación.

Con un poco de responsabilidad, los responsables de la comunicación de Sinhue hubieran podido ahorrarse este trago amargo, avisando de la posposición del proyecto en Villagrán por causa de la pandemia. No lo hicieron para evitar el desdoro local y hoy lo tienen a nivel nacional.

Es el estilo de la casa.

2.- Guanajuato Leasing: la misteriosa arrendadora de Héctor Salgado Banda

El 30 de julio de 2019, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, dirigido por Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez y cuyo consejo directivo preside el secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda, dio de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio una sociedad anónima promotora de inversión y al mismo tiempo sociedad financiera de objeto múltiple (SAPI y SOFOM) denominada *GTO Leasing Services*, así en inglés, quizá recordando el alma mater londinense donde el irapuatense Salgado Banda obtuvo sus grados académicos.

En ese momento, GTO Leasing Services tenía solo dos tenedores de acciones: el ISSEG como institución, con un millón 999 mil acciones de la Serie A; y un particular, Remigio Francisco Álvarez Prieto, ejecutivo financiero de la casa de bolsa Bursamétrica, con mil acciones de la Serie C. Los funcionarios designados de la sociedad fueron: el propio Ricardo de la Peña como presidente; su secretaria particular Natalia Álvarez Rodríguez como secretaria; y Jaime Trejo Ávila, sundirector de administración y finanzas del propio ISSEG, como tesorero.

Seis meses después, el 21 de enero de 2020, el gobernador del estado presentó el proyecto de la arrendadora GTO Leasing Services en un evento en León donde habló de que el objetivo de la nueva entidad era «fortalecer las finanzas del ISSEG».

Sin embargo, para ese momento las cosas habían cambiado y la arrendadora tenía ya una mayoría de inversionistas privados que detentaban el 50.5 del capital de arranque, mientras el ISSEG se reducía a un 49.5 por ciento.

Aunque en su anuncio se habló de que la arrendadora podía financiar equipamiento para la industria de Guanajuato y los inversionistas privados, en realidad los primeros negocios de la nueva empresa ocurrieron con entidades gubernamentales, sobre todo el Poder Ejecutivo, al que le han financiado adquisición de vehículos nuevos, utilitarios y ejecutivos.

Entonces el espléndido negocio de prestarle dinero a un cliente cautivo como el gobierno para adquirir vehículos no vino a beneficiar solo al ISSEG y al fondo de pensiones, sino también a los inversionistas privados de los que no se conoce la identidad, pese a tratarse de una entidad de carácter público.

En enero de 2022 hubo cambios en la dirección de GTO Leasing Services, al ser designado el contador José Senen Gómez Rosas como director administrativo.

Esta semana, una consulta por transparencia del activista anticorrupción Fernando Revilla que solicitaba las actas del consejo y la información financiera de la arrendadora fue rechazada por el ISSEG argumentando que se trata de una persona moral distinta, lo que está sujeto a discusión pues el instituto tendría que tener el control de la información de una dependencia en la que tiene el 49.5 por ciento del capital y casi el 100 por ciento de las acciones para toma de decisiones, a menos que no estén informando a su consejo de lo que ocurre en la nueva entidad.

Debe decirse que todo esto ocurre bajo la planeación y bendición del secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda, a quien en el gobierno se le atribuye el haber convencido al gobernador de la idea. En radiopasillo se sabe que los inversionistas privados de León a los que se invitó inicialmente no aceptaron participar ante el veto explícito que externó el influyente empresario Salvador Oñate Ascencio, presidente del Banco del Bajío.

Se sabe que son empresarios de Celaya los que aceptaron participar con el 50.5 por ciento del capital y que están muy contentos por la promesa de dividendos.

Lo único que falta, ante este festín de opacidad, es que Salgado Banda tenga la tentación de invitar a su padrino político Rafael Barba Vargas, el famoso Gallo, quien fue el que lo recomendó como director del ISSEG en el gobierno de Miguel Márquez.

Ojalá que no y que tampoco haya adoptado algunas de las mañas de aquel colorido personaje.

3.- López Mares, espectador de primera fila del pleito en Irapuato

Parece que será la tónica de la administración de la primera alcaldesa de Irapuato: tundirle a su antecesor cada vez que surgan problemas en su administración.

Lorena Alfaro retomó el tema de la fallida remodelación del estadio de Irapuato para cuestionar a Ricardo Ortiz Gutiérrez, el alcalde que la antecedió en el cargo.

A diferencia del caso de León, donde el propio gobernador del estado intervino para frenar los ímpetus de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez por exhibir los pendientes y desastres heredados de Héctor López Santillana, a través del comité estatal panista, eso no está ocurriendo en el municipio fresero.

Naturalmente, tampoco a Eduardo López Mares, dirigente panista, parece interesarle mucho frenar el conflicto, pues de la confrontación de la alcaldesa y el ex alcalde él puede resultar beneficiado y quizá hasta lograr la alianza de Ortiz para evitar la reelección de Alfaro.

Al anunciar que ha enviado a la contraloría municipal el caso del estadio, donde se invirtieron 90 millones de pesos en obras que fueron observadas ya por la ASEG, Lorena Alfaro parece buscar administrar el proceso para mantener un espada de Damocles sobre Ortiz y obligarlo a negociar.

No hay que olvidarse de que en el horizonte está la elección del nuevo dirigente del PAN municipal, pieza clave para el siguiente proceso electoral.

Así que la aparente intención de aclarar irregularidades no parece más que una intención de acumular parque político, mientras se dejan de lado las urgencias de la administración, como resolver la crisis en la Secretaría de Seguridad provocada por la renuncia de Miguel Ángel Simental apenas a seis meses del arranque.

Veremos en qué para toda esta pirotecnia.