Desde antes de la pandemia, el gobierno de Guanajuato anunció la adopción de un modelo de combate a las adicciones generado en el país insular de Islandia, una nación de poco más 350 mil habitantes y de alto nivel de vida, que fue enormemente eficaz para combatir sobre todo adicciones a tabaco y alcohol entre jóvenes y cuya metodología ha sido adoptada como un modelo de éxito mundial.
El programa islandés aplica de forma radical un sentido común basado en evidencia, lograda mediante una medición profunda y consistente de la opinión de los propios niños, niñas y jóvenes.
Convertir el tema de la seguridad en un pulso político o en un tema de soberanía, no parece la mejor manera de resolver el asunto; hacer una guerra del agua cuando León ha descuidado su política de saneamiento, conservación y reuso racional de ese recurso, tampoco
Cuando las organizaciones de la sociedad civil, los expertos en derecho y la opinión pública de avanzada impulsaron la autonomía de las fiscalías como instrumento para la superación del rezago en la política criminal del país, quizá nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: el encumbramiento de verdaderos señores de horca y cuchillo que hoy por hoy no le rinden cuentas a nadie.
Ilustración: @PincheEinnar
¿Ha disminuido la impunidad? ¿Se ha erradicado la tortura? ¿Ha mejorado la cientificidad de la investigación penal? ¿Van los delitos a la baja?
Nada de eso ha pasado durante los 11 años en los que ha dirigido el ministerio público Carlos Zamarripa Aguirre, quien además tiene otros ocho por delante, por encargo de ley.
La clase política guanajuatense exhibe un provincianismo ramplón en medio de la más grave emergencia sanitaria en un siglo: unos parecen no creer que exista el virus, otros esconden el padecimiento como si fuera lepra o algo peor. En conjunto, demuestran que no entienden y no atienden la responsabilidad pública que la pandemia ha agregado a sus tareas, lo cual evidencia que ya desde antes no entendían nada.
Foto: Especial
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo apariciones constantes en las primeras semanas de la crisis sanitaria para hacer lo que sabe hacer su equipo y su gobierno: propaganda ramplona plena de machismo político: aquí el virus nos iba a hacer lo que el viento a Juárez.
Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.
Allí dijo lo siguiente:
“La persona fallecida era de León Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”
Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.
Algo profundo está podrido en la procuración de justicia de Guanajuato, cuando el presunto asesino doloso de 4 niñas en Cuerámaro está prófugo gracias a la protección de su padre, un funcionario que goza de “permiso económico” de la Secretaría de Educación, mientras 17 personas que exigían justicia y traspasaron los límites de una protesta pacífica, permanecen presos acusados de terrorismo, por el selectivamente implacable fiscal Carlos Zamarripa.
Protesta en León el jueves 6 de mayo. Foto: Facebook
Algo profundo está torcido en Guanajuato, cuando la fiscalía del estado festeja por todo lo alto la detención de la “compañera sentimental” del líder huachicolero más buscado del país, pero a los pocos días esta sale libre por “fallas en el cateo” realizado por esa misma fiscalía, sin una orden judicial.
Algo muy grave pasa en Guanajuato cuando un empresario veracruzano es detenido por los guardias de corps del gobernador del estado, por el pecado de entrar a visitar a una persona al clúster donde vive el mandatario acompañado de guardias armados, justo como se pasean buena parte de los empresarios leoneses y resulta vinculado a proceso por el testimonio de policías que ni siquiera estuvieron presentes en la detención.
Al llegar a la treintena de años en el poder estatal, les falta uno, el partido Acción Nacional ya ha visto pasar tres generaciones diferentes de políticos. La historia no parece haberse acumulado para generar una experiencia positiva para la población, si en cambio para que se acentúen vicios y se genere una clase política plagada de complicidades y que se decanta a la corrupción cada vez con mayor cinismo.
A los Fox y Medina los relevaron los Oliva y Márquez. El empujón inicial de la visión empresarial y la llegada del primero a la presidencia de la República consolidaron el impulso al proyecto de atracción de inversión extranjera como el principal eje rector del proyecto panista en Guanajuato.
Los operadores electorales que siguieron a los políticos empresarios no tenían la misma visión, pero sabían como ganar elecciones y como generar clientelas electorales más o menos permanentes.
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RT @KenniaV: En la serie de @TheLancet también se señala la complicidad de los grandes medios. Un ejemplo es el evento de hoy de @elpais_am… 5 hours ago