Ni el presidente de la República ni el gobernador del estado le están dando la importancia que merece a la grave situación que viven alrededor de un millón de personas en la región Laja Bajío de Guanajuato, hoy tristemente conocida como el “triángulo del huachicol.”
En una semana grupos del crimen organizado derrochan poder de fuego sobre una comisaría; hacen estallar un coche bomba frente a los cuarteles de la guardia nacional; cercan la ciudad con bloqueos en las principales vías de acceso, secuestrando vehículos e incendiándolos; y esta noche lanzan un ataque mortal contra un alto mando de la policía municipal, al parecer un colaborador cercano al nuevo secretario de seguridad.
En Celaya, el dirigente del PAN Marko Cortés dijo este fin de semana que mientras el gobierno federal se arrodilla ante el crimen organizado, en Guanajuato se le combate y no se deja entrar a cárteles foráneos.
No se puede
criticar al dirigente panista por aprovechar la enorme pifia del gobierno federal
en la fallida operación que culminó con la batalla de Culiacán del jueves
pasado, para que se lance con todo en contra de quien parecía un adversario
inalcanzable.
Sin embargo, pasar del oportuno aprovechamiento de un error del acérrimo rival a mentir descaradamente, debilita mucho la racionalidad de esta oposición que no solo debería estar preocupada por detener a AMLO y restarle capacidad de maniobra, sino también por ofrecer soluciones inteligentes a los ciudadanos que la conviertan de nuevo en opción de gobierno.
Guanajuato ha venido presumiendo a lo largo de la última década su crecimiento por encima de la media nacional. Los tigres del Bajío han llegado a llamarse a sí mismos los estados del centro de México, beneficiarios de la industrialización con capital extranjero derivada del primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el gobierno de
Juan Manuel Oliva, coetáneo de la presidencia de Felipe Calderón, la entidad
recibió participaciones extraordinarias derivadas del bono petrolero, el
recurso no previsto en el presupuesto anual derivado de los altos precios del
petróleo.
Ese dinero sirvió
para adquirir terrenos que se regalaron a las empresas atraídas, Honda y Mazda,
entre las principales, además de numerosas plantas de la cadena de proveedores.
La guerra entre
el gobierno federal y el del estado se ha vuelto encarnizada, ya no disimulan. El
comedimiento entre AMLO y Diego Sinhue solo es diplomático y superficial. Debajo
de ellos, sus subordinados se tiran a matar.
Mauricio Hernández
no aparece mucho en la palestra pública, pero su tarea es formar un ejército
que tiene todos los visos de ser más electoral que de atención a los rezagos en
la entidad.
El gobernador de Guanajuato, en conjunto con sus similares de Querétaro y Jalisco, con quienes conforma una alianza de entidades del centro del país que buscan equilibrar al gobierno federal morenista, ha decidido reciclar uno de los proyectos más viejos del panismo gobernante: el tren ligero de Guanajuato.
Esa obra, que había
pasado a la historia como el “tren llamado deseo”, según la afortunada frase de
un diputado priista opositor al gobierno foxista, el penjamense Rubén García
Farías, ha sufrido varias resurrecciones todas a costa del dinero de los
guanajuatenses y todas fallidas.
Largo abandono. Foto: A. M.
El primer fracaso
para esta idea de movilidad que parecía revolucionaria en los años 90, se lo
propinó una enredada historia donde se involucraban financieros chinos y jeques
árabes, importados a Guanajuato por Carlos Abugaber amigo cercano del
gobernador Carlos Medina Plascencia, que acudirían a soportar económicamente el
proyecto, en una aventura que solo fue un espejismo que le hizo perder a
Guanajuato cuatro años de planeación y gestiones.
El surgimiento de una legión de cuentas falsas en las redes sociales de Guanajuato, sobre todo en Twitter, que encuentran su fin principal en darle marcaje personal a periodistas y activistas de diversas causas, es un fenómeno que merece ser analizado, en el marco del gobierno que recién inicia en el estado.
Diseño: @PincheEinnar
La crítica nunca
ha sido cómoda para los gobernantes, quienes en su fuero íntimo anhelan el elogio,
el reconocimiento social, el amor de sus gobernados. Las voces disidentes son
incómodas, las críticas, argumentadas o viscerales, siempre se identifican con
el “adversario”, con el “enemigo” y no con la simple pluralidad, con las
visiones diferentes desde conciencias diferentes.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le está complicando la gobernabilidad su constante presencia en los medios y su reacción a botepronto en contra de sus críticos, mientras calla sobre asuntos mayores o se escuda en “su versión” de las cosas.
Al gobernador Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo sus largos silencios y constantes evasiones sobre la
complicada realidad del estado, le impiden convertirse en el líder que
quisieran sus seguidores y que se imagina él mismo.
En ambos casos, a
la complejidad de llevar un gobierno en los tiempos que corren se añade un
costo adicional por el errático manejo de la comunicación con los gobernados.
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