Ni el presidente de la República ni el gobernador del estado le están dando la importancia que merece a la grave situación que viven alrededor de un millón de personas en la región Laja Bajío de Guanajuato, hoy tristemente conocida como el “triángulo del huachicol.”
En una semana grupos del crimen organizado derrochan poder de fuego sobre una comisaría; hacen estallar un coche bomba frente a los cuarteles de la guardia nacional; cercan la ciudad con bloqueos en las principales vías de acceso, secuestrando vehículos e incendiándolos; y esta noche lanzan un ataque mortal contra un alto mando de la policía municipal, al parecer un colaborador cercano al nuevo secretario de seguridad.
El síntoma es generalizado: los descendientes de los políticos que pretendían cambiar la faz del estado y las formas de gobernar, hoy se encuentran en fuga. El PAN no es más el partido que quería llevar la voz ciudadana a los espacios de decisión, hoy es más que nunca una clase dirigente a la defensa de privilegios y alejado de las penurias de sus gobernados.
Como en el gobierno estatal, en San Miguel de Allende otro gran protagonista de la era panista en Guanajuato y su asalto al escenario nacional, Luis Alberto Villarreal, ve como su alcaldía hace agua, en buena medida por su propia frivolidad, pero también por el asalto de una violencia descontrolada en la que asoman todas las contradicciones del oropel que se ha querido construir sobre las desigualdades que oculta “la mejor ciudad para vivir”.
Doble tragedia en San Miguel de Allende: la violencia y la insensibilidad oficial. Foto: News San Miguel
La muerte de Magdalena, una mujer que caminaba con su pareja por el centro de la ciudad, tras un ataque premeditado contra un hombre que caminaba pasos adelante, quiso ser disfrazada como un incidente que “no afecta a los visitantes”, pretendiendo hacer pasar a la víctima como residente local.
El gobernador no tiene tiempo de atender la crisis de seguridad, pero si de inaugurar el Festival del Globo o un evento de bares y cantinas. Eso, precisamente, no es grandeza.
Prioridades. Fuente: Facebook
Mientras más insiste el gobernador del estado en eludir el tema de la seguridad en su agenda y en rechazar las opiniones que se le piden cada vez que surge un evento que evidencia la gravedad del problema, más claro queda que no se trata de falta de voluntad o de “estrategia” de comunicación, sino que en realidad hay una profunda irresponsabilidad con el compromiso contraído con la sociedad de Guanajuato después de haber ganado una elección constitucional.
Inopinadamente,
el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se presentó en un
noticiero radiofónico de León el viernes pasado. Hay que decir que entrevistar
a dicho funcionario es un verdadero trabajo de Hércules para los periodistas de
Guanajuato. Habla solo cuando quiere, donde quiere y de lo que quiere.
Un día antes había
ocurrido la feroz emboscada contra un grupo de guardias penitenciarios de la
Secretaría de Seguridad, donde murieron cinco elementos desarmados; horas después
ocurriría el ataque a las oficinas de la propia Fiscalía en Celaya con el saldo
de un policía muerto y varios heridos; días antes un atentado segó la vida de
un funcionario de inteligencia federal y dejó herido al responsable de esa tarea
en la entidad.
Increíblemente,
la entrevista del titular del espacio, Antonio Rocha, y su colaborador de temas
políticos, Miguel Zacarías, no abordó de inicio la complicada situación que
vive el estado y el hecho de hay una ofensiva directa contra las autoridades por
parte de grupos del crimen organizado, que se vive una guerra sin declaratoria
de por medio y por motivos ignorados, por lo menos para la sociedad.
Hace diez años ya conocíamos las incursiones del crimen organizado en Guanajuato. Sin embargo, eran solo eso: avances, tanteos. Nadie se imaginaba la existencia de cárteles locales, ni siquiera el asentamiento de los provenientes de otros estados.
La mitología urbana de la época hablaba de Guanajuato como un estado tranquilo porque “aquí vivían las familias” de connotados capos de otras latitudes.
Hace siete años, Miguel Márquez nos vendió a los guanajuatenses la idea de un sofisticado sistema de video vigilancia cuyo costo, exorbitante, parecía justificarse por el servicio que brindaría: establecer un blindaje para preservar la paz y la tranquilidad de un estado que veía como aumentaba su PIB año con año por la llegada de las inversiones extranjeras y el turismo.
