Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.
¿Estado de derecho? Foto: El Salmantino
El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
El estado de Guanajuato va para las dos semanas que paralizó actividades escolares y completará una en la que se detuvieron importantes empresas y buena parte del gobierno estatal y los municipales. Ya también se registra un crecimiento importante de casos confirmados de COVID-19. Parece un momento oportuno para revisar la situación.
De los 25 casos confirmados hasta el mediodía de ayer, jueves, 18 correspondían a la ciudad de León, es decir 3 de cada 4. La explicación no es misteriosa: la ciudad concentra un alto porcentaje de población que suele viajar por motivos laborales o de placer; además, buena parte de los ejecutivos de empresas trasnacionales la han elegido como sitio para vivir. Por si algo faltara, el estado celebró un evento internacional como el rally automovilístico anual, el cual incluso fue compactado para que concluyera antes de lo esperado.
Fotograma de video. Fuente: guanajuato.gob.mx
A la jefa de gobierno de la ciudad de México se le ha criticado mucho haber permitido el festival de música Vive Latino que reunió a 80 mil personas ese mismo fin de semana. la realización del rally con todo y su prematura interrupción no parece muy lejos de esa misma actitud.
En estos tiempos de extrema inseguridad, opacidad oficial y caos provocadopor la violencia en las calles, todo parece ocurrir en clave y todo tiene importancia.
El pasado lunes 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres emitió un comunicado de prensa que se hubiera entendido mejor si la responsable hubiera sido la Fiscalía General del Estado: la noticia era la captura de una “peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León”.
Imagen: carátula del boletín de la coordinación de comunicación social de la Secretaría de Gobierno, del 9 de marzo de 2020.
El comunicado de la Secretaría de Gobierno incluía logos de tres instancias federales: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, pero no de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, no obstante que los elementos policiales aparecidos en las fotos que se anexaron, era integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que se presumía una labor de investigación de las instancias estatales.
Ni el presidente de la República ni el gobernador del estado le están dando la importancia que merece a la grave situación que viven alrededor de un millón de personas en la región Laja Bajío de Guanajuato, hoy tristemente conocida como el “triángulo del huachicol.”
En una semana grupos del crimen organizado derrochan poder de fuego sobre una comisaría; hacen estallar un coche bomba frente a los cuarteles de la guardia nacional; cercan la ciudad con bloqueos en las principales vías de acceso, secuestrando vehículos e incendiándolos; y esta noche lanzan un ataque mortal contra un alto mando de la policía municipal, al parecer un colaborador cercano al nuevo secretario de seguridad.
Uno es el estado que están viendo desde los altos podios donde les gusta plantarse, personajes como Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Zamarripa. Otro el que ven sus gobernados.
Según los informes, los mensajes publicitarios, los equipos de prensa gubernamentales, Guanajuato es un lugar de ensueño apenas opacado por dos o tres incidentes menores que no les merecen mucha atención.
Foto: Juan José Plascencia
Aquí la criminalidad disminuye, aseguran, salvo por ese pequeño inconveniente de los homocidios dolosos, forma técnica de llamar a las masacres inmisericordes, las ejecuciones cotidianas y las muertes colaterales de víctimas inocentes. Eso no los despeina ni les quita el sueño.
Por lo menos en tres momentos decisivos se ha podido apreciar la debilidad que el alcalde de León tiene por el empresario radiofónico Jorge Torres Gómez, un emergente barón de los medios de comunicación que trata de llegar a las grandes ligas estatales a cómo de lugar y con muy pocos escrúpulos.
Padrinos poderosos. Foto: especial
El primer momento ocurre cuando Héctor López Santillana decide sabotear por completo el trabajo que venía realizando el comité ciudadano formado para impulsar la Marca Ciudad, una idea original del innovador empresario que fue Julio Ramírez Wiella, lamentablemente ya desaparecido.
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