Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay
posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG,
una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus
recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de
comunicación.
Esa situación ha pasado
a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje
cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y
su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la
sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos
guanajuatenses.
El gobernador de Guanajuato no ha sostenido una sola reunión con las dirigencias de los tres principales partidos políticos de oposición. Si me apuran un poco, ni siquiera se le ha visto una comunicación fluida con sus aliados del PRD y de Movimiento Ciudadano que lo llevaron de candidato en la elección.
Sin embargo, bastó
una rueda de prensa donde Alma Alcaraz de Morena, Celeste Gómez del PRI y
Sergio Contreras del PVEM mostraron las cifras de la inseguridad de los
primeros meses de su gobierno, en comparativa con los de sexenios anteriores,
para sacar de sus casillas al treintañero mandatario.
La provocación. Foto: Twitter.
Al mismo tiempo
que la triada opositora, que se autodenomino “bloque de la paz”, ofrecía su
postura sobre el auge de la inseguridad y el disfraz mediático que ha tratado
de vender Diego Sinhue para presumir el éxito de su “golpe de timón”, el fiscal
Carlos Zamarripa salió a medios a presumir algunos logros procesales, pero
sobre todo a demandar “unidad” de las fuerzas políticas y sociales del estado
en torno a la lucha contra la delincuencia.
Desde que inició el proceso de capacitación para la reforma penal acusatoria en Guanajuato hubo voces que advirtieron de sus debilidades y que previeron la catástrofe que hoy estamos viviendo.
La aplicación y
el compromiso con el cambio fue muy desigual. No fue la misma velocidad ni el
mismo empeño el que pusieron los jueces y magistrados del Poder Judicial, que
los agentes de del Ministerio Público y los funcionarios de la entonces
Procuraduría de Justicia del Estado, ya a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Reclamo de justicia pasa de las salas de audiencia a las calles. Foto: Carmen Pizano
Para empezar, la
Dirección Jurídica de la PGJE estaba encargada a una funcionaria (sigue allí)
cuyo mayor mérito no era su capacidad ni su carrera, sino su relación de
parentesco con el procurador: Bernardina Elizabeth Durán Isaías, cuñada de Carlos
Zamarripa.
La Universidad de Guanajuato es una institución morigerada y altamente predecible. Su autonomía solo la convirtió en el reducto de un grupo político cuyo eje aglutinador ha sido Juan Carlos Romero Hicks, el mismo que como rector negoció y obtuvo la autonomía a fines del siglo pasado, solo para de ahí convertirse en candidato del PAN a la gubernatura.
Así desde los
tres rectorados iniciales como pista de despegue, Romero no ha abandonado las nóminas
gubernamentales: gobernador, director de CONACYT, senador de la República y
diputado federal. Su presencia en esos puestos lo ha dotado del suficiente
poder para seguir influyendo en la Universidad de la que surgió como político.
El gobernador de Guanajuato, en conjunto con sus similares de Querétaro y Jalisco, con quienes conforma una alianza de entidades del centro del país que buscan equilibrar al gobierno federal morenista, ha decidido reciclar uno de los proyectos más viejos del panismo gobernante: el tren ligero de Guanajuato.
Esa obra, que había
pasado a la historia como el “tren llamado deseo”, según la afortunada frase de
un diputado priista opositor al gobierno foxista, el penjamense Rubén García
Farías, ha sufrido varias resurrecciones todas a costa del dinero de los
guanajuatenses y todas fallidas.
Largo abandono. Foto: A. M.
El primer fracaso
para esta idea de movilidad que parecía revolucionaria en los años 90, se lo
propinó una enredada historia donde se involucraban financieros chinos y jeques
árabes, importados a Guanajuato por Carlos Abugaber amigo cercano del
gobernador Carlos Medina Plascencia, que acudirían a soportar económicamente el
proyecto, en una aventura que solo fue un espejismo que le hizo perder a
Guanajuato cuatro años de planeación y gestiones.
Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.
La primera, la
mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el
diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos
de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que
significó la construcción del parque bicentenario de Silao.
Al igual que le
ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista guanajuatense
Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo
y quien esto escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados
bajo la figura de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor Aguayo
ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto
Moreira, el ex gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del
Colegio de México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de
esa entidad. Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira
apenas le reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
La mala política ambiental y el deterioro global, entrevista con Ruben D. Arvizu, presidente para América Latina de Ocean Futures Society. La polémica sobre la conferencia de Mauricio Clark en León. Auditoría revela irregularidades del municipio de Guanajuato y el Sistema de Agua Potable en connivencia con empresario televisivo.
La Secretaría del Migrante, inaugurada tras una insistente demanda de la comunidad guanajuatense en los Estados Unidos, se desilusiona con el primer titular, Juan Hernández, quien confronta a los activistas con más trabajo y antigüedad y parece más orientado al contratismo y al nepotismo. Entrevista con Lolita Aviña, defensora de derechos de los migrantes.
Un panista recalcitrante de tercera generación, como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, suele tener una enorme desconfianza a quienes han militado en otras fuerzas políticas.
Ese sentimiento se exacerba más aún si se
trata de confiar en alguien perteneciente a un equipo político que ha sido
combatido, vilipendiado y perseguido hasta la ignominia, como el que encabezó
la alcaldesa Bárbara Botello, la única que ha logrado arrebatarle al PAN el gobierno
de la ciudad de León en 30 años.
Sin embargo, todo
eso fue hecho a un lado para incorporar al segundo círculo del gabinete al
exbarbarista Fidel García Granados como subsecretario de Ordenamiento
Territorial de la flamante y novedosa Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial de Guanajuato.
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