Este sábado un rayo cayó en cielo despejado: el periódico Correo, propiedad del corporativo VISE, publicó una nota de portada donde se informa de la presunta responsabilidad del ex consejero del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Alejandro Zermeño Padilla, en la adjudicación de tres contratos irregulares por un monto de 45 millones de pesos durante los años 2017 – 2019, a una empresa de seguridad privada.
La nota apareció en la edición impresa, pero en Internet fue retirada del portal a las 9:30 de la mañana, cuando tenía pocas horas de estar circulando. No hay que ir muy lejos por las razones de la autocensura: el CEO de grupo Vise, Santiago Villanueva Martínez, es uno de los 17 integrantes del consejo directivo de SAPAL, por lo que muy seguramente la publicación estaba provocando rebotes impensados.
Con notable estridencia, mediante filtraciones interesadas a medios de comunicación locales, el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, encabezado por el ex dirigente de Coparmex Jorge Ramírez se ha dedicado a denostar lo que hace 20 años era considerado un proyecto vanguardista de asociación público privada para empezar a atender los graves pendientes ambientales de la ciudad y su planta industrial.
En 2020, la asociación entre SAPAL y la empresa Fypasa, principal accionista de Ecosys III, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de León parece el peor negocio del mundo. Directivos de la paramunicipal se quejan de que pagan 200 millones de pesos al año y el agua se trata de forma deficiente.
La triple crisis propiciada por la propagación del virus SARS-CoV-2, su impacto en la economía y el agudizamiento de la violencia indiscriminada en Guanajuato, ha soslayado otros problemas que urge atender.
En las próximas semanas se cumplirán 20 años de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de León, la mayor ciudad del estado y la que vive uno de los problemas más graves de contaminación industrial, solo comparable a la que produce la industria petrolera y sus derivados en Salamanca.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
La construcción de un complejo para tratar las aguas residuales urbanas y las aguas que contenían residuos industriales, en funcionamiento desde el año 2000, fue presumida en su momento como una solución revolucionaria, parecía que al fin la ciudad sede de la mayor actividad de curtido industrial del país, demandante de agua y altamente contaminante, entraba en la modernidad.
