* Gobiernos del PAN no pueden desprenderse de la vena machista y misógina

* Fracaso de la gestión empresarial del interés público: el caso SAPAL

* Con prisa, la Fiscalía se deslinda de la muerte violenta de Elihú Ojeda

1.- Atacar mujeres en una protesta por violencia machista, el colmo en León

El peor guionista no hubiera imaginado una salida tan mala: usar una protesta contra la violencia de género ejercida por policías municipales para reprimir, violentar y, de nuevo, perpetrar vejaciones sexuales contra jóvenes mujeres en León. ¿Dónde tiene la cabeza la administración de Héctor López Santillana?

Queda claro que en el tema de la policía municipal nada tiene que ver el alcalde. Violentando su mandato constitucional y abjurando de la autonomía municipal, López Santillana ha entregado la policía al manejo intereses externos: un jefe de policía relativamente cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero que recibe instrucciones del secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Actuando bajo un plan maquiavélico, Mario Bravo Arrona se fue de vacaciones sin importarle que dos de sus elementos estuvieran acusados formalmente de acoso sexual y abuso de poder por una joven mujer leonesa. Tampoco fue de su interés que se hubiera llamado a realizar una marcha en protesta por las vejaciones sufridas por la joven Evelyn en la caseta de policía de la calle Madero, instalada para proteger una de las zonas mas turísticas de León.

A menos que las vacaciones hayan sido una coartada, y que la operación haya sido diseñada por Bravo Arrona, buscando al mismo tiempo tener una protección para eludir las consecuencias.

El hecho es que un encargado del despacho, un funcionario recientemente ascendido a subsecretario, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, hombre de todas las confianzas de Cabeza de Vaca con quien colaboró el sexenio anterior como coordinador de prevención del delito, estuvo a cargo del operativo que terminó con la persecución, detención violenta y vejación de más de veinte mujeres y un hombre, además de impedir el trabajo de reporteras de los medios y atacar a una de ellas.

El espíritu de este operativo quedó muy claro cuando unos días después, en el seno del Club Rotario de León, Alvar Cabeza de Vaca sacó sus más profundos pensamientos para externar que no “iban a permitir que Guanajuato se convirtiera en un manifestódromo como la ciudad de México”. Si algo dejó claro el exabrupto del funcionario, fue que la gestación de la represión ocurrió en los sótanos de su dependencia, más que en el municipio de León.

Sin embargo, esa situación no exculpa al alcalde Héctor López Santillana, quien fue elegido para gobernar León en todos los sentidos, lo cual incluye absolutamente el control y los resultados de su policía. Le lenidad y la negligencia de López Santillana para hacerse cargo del deterioro de su policía municipal, no podrán eludirse por el hecho de que la haya entregado anticonstitucionalmente, al gobierno estatal.

En su abono ni siquiera puede decir que eso ha dado buenos resultados, pues la ciudad y el municipio viven una de sus etapas más violentas y un incremento consistente de los homicidios dolosos por efecto de una soterrada guerra de grupos criminales.

La actuación de las mujeres policías de León en contra de las jóvenes manifestantes feministas vino, además, a darle la puntilla al programa de equidad y perspectiva de género que desde hace años se trabaja en la policía por parte del Instituto Municipal de la Mujer. Como dice la activista Verónica Cruz, es una perversidad mayúscula haber hecho que mujeres policías reprimieran a mujeres que protestaban por violencia de género.

Por lo pronto, tras la elevación del ruido mediático a nivel local y nacional y la generación de un escándalo que viene de nuevo a exhibir una situación de desgobierno en Guanajuato, López Santillana ha debido intervenir, tardíamente por cierto, para reencauzar lo que le descompusieron Mario Bravo, Rodríguez Mariscal y, sobre todo, Alvar Cabeza de Vaca, por lo pronto cesando a los dos policías que violentaron a Evelyn. Faltan todavía las sanciones a los y las agentes que se excedieron en las detenciones tras la marcha del sábado 22 de agosto.

A unos días del segundo informe de gobierno, el alcalde leonés no necesita más ruido que el que ya tiene ante su prolongada desconexión durante la cuarentena y después. El manejo mediático a distancia no ha servido de mucho y resulta evidente que dejó el manejo de la emergencia en segundas manos.

Ni siquiera el reparto, absurdo a estas alturas, de miles de cajas de realidad virtual Google Cardboard, con mensaje e imagen personalizados, como gadget del segundo informe de gobierno, va a ayudarle mucho al alcalde para reposicionarse.

A menos que esa sea la apuesta: olvidarse del mundo real para refugiarse en el virtual, donde no existe la pandemia, el desgobierno, la crisis económica, la violencia asesina, el machismo gubernamental ni los malos políticos. Pero entonces necesita mandar hacer un millón y medio de cajitas a 15 pesos la pieza, aunque seguramente con descuento por el mayoreo.

2.- Contaminación del Turbio tolerada por SAPAL no quedará en asunto local

En próximos días, la denuncia del colectivo Acción Colectiva Socioambiental sobre el vertido de aguas contaminadas con sustancias tóxicas al cauce de arroyos confluentes al río Turbio desde industrias del sector curtidor de León, algo que ha sido tolerado y cohonestado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, gobernado por empresarios más o menos vinculados a esa industria, se volverá tema nacional.

Ante instancias como la Profepa, la Conagua y hasta la CNDH, se presentarán escritos con quejas formales por una actitud que cae en el renglón de negligencia criminal, además de crimen ambiental.

Aunque el mismo colectivo representado por el abogado leonés Gustavo Lozano, ha presentado denuncias ante el propio órgano de control de Sapal y piensa hacerlo ante el del municipio, es muy difícil esperar que la red de complicidades tejidas por el club de ricos empresarios leoneses que controla SAPAL hasta la última de sus oficinas y que ejerce un ascendiente determinante sobre el municipio, permita una investigación imparcial y a fondo.

La vinculación empresarial es tan evidente, que el presidente del consejo, Jorge Ramírez, llegó ahí después de encabezar la Coparmex, donde un talante medianamente crítico fue rápidamente controlado al ofrecerle la posibilidad de dirigir el sistema de agua de la ciudad, un emporio que maneja tantos recursos como el propio municipio de León y con mucha menor supervisión. A las pocas semanas de haber llegado, el nuevo titular ya hacía de las suyas otorgando una obra a su cuñado y alegando que nunca se dio cuenta de que estaba participando.

Hoy SAPAL enfrenta una denuncia de un naciente colectivo de transparencia por la asignación irregular de una obra, además de las denuncias por la brutal contaminación que no ha disminuido pese al funcionamiento de un complejo sistema de plantas de tratamiento cuyo costo corre por cuenta de los usuarios domésticos e industriales, aunque no todos.

Más allá de los detalles, que se irán evidenciando conforme avancen los procesos motivados por estas denuncias, lo que queda claro es el fracaso del modelo de gestión empresarial de los asuntos públicos. Treinta años después de haber sido impulsado, ese formato ha venido a caer en un club exclusivo que antepone los beneficios de sus integrantes por encima del interés general.

El modelo de corporativismo priista que tan vilipendiado fue por los promotores de la participación empresarial disfrazada de intervención social, parece reproducirse incluso con agravantes. Los priistas le metían la mano al cajón y distraían cantidades acotadas, en cambio, los empresarios reorientan los proyectos de beneficio colectivo a su exclusivo provecho y terminan socavando gravemente el desarrollo de la comunidad.

Resulta un absoluto despropósito en términos de economía social, que se hayan pagado 20 años de una concesión privada para saneamiento de aguas residuales e industriales y que hoy nos enteremos que la contaminación de la industria es igual o peor a la de la etapa previa.

Cabe señalar que organismos empresariales siempre críticos el quehacer público, como el Consejo Coordinador Empresarial, no ha dicho esta boca es mía en torno al tema del fraudulento tratamiento de aguas de la paramunicipal. Quizá para no herir susceptibilidades de los amigos.

3.- Zamarripa y el caso Elihú: entre la apatía y el deslinde

La fiscalía del estado y su titular, Carlos Zamarripa Aguirre, se tardaron 48 horas para oficializar la desaparición del funcionario del área de comunicación Elihú Ojeda, después de que el lamentable hecho se difundiera masivamente en las redes sociales.

El funcionario lo hizo en una rueda de prensa presidida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, cuyo objetivo, paradójicamente, era decretar el fin de la difusa operación “Golpe de timón” y anunciar el inicio de otra, igual de imprecisa, cuyo nombre para efectos de mercadotecnia será “Guanajuato seguro”.

Ante la pregunta de los medios, leída por el conductor de la presentación, Zamarripa se limitó a asentir y señalar que “la persona”, sin atreverse a mencionarlo por su nombre, se encontraba en calidad de desaparecido

“La persona sí está en calidad de desaparecida, por supuesto habremos de llevar a cabo todas las acciones para poderlo localizar. En este momento la unidad especializada en materia de búsqueda de personas se encuentra llevando a cabo la labor respectiva para poder hacer la localización de nuestro compañero de trabajo”.

Semana y media después, fueron de nueva cuenta las redes sociales y los medios de comunicación quienes dieron cuenta de la presunta aparición de dos personas asesinadas, a la vera de una carretera en Salamanca. Circularon fotografías de dos cuerpos que habrían sido localizados el jueves 27, uno de ellos, de notable parecido con el periodista desaparecido, mostraba huellas de tortura.

Sin embargo, la fiscalía negó que ese hallazgo estuviera relacionado y la tarde del jueves emitió un boletín donde se informa de la detención de dos personas, un hombre y una mujer, a quienes se les imputan cargos por el secuestro de Elihú Ojeda y que fueron puestos a disposición del juez el miércoles 26, mismo día que según esa versión fue localizado el cuerpo sin vida del comunicador.

La fiscalía asegura también, en el impersonal boletín, que Roberto Carlos N y Frida María N, la pareja acusada del secuestro, se apoderó del vehículo de Elihú. Sin embargo se tiene información oficial que el auto había sido recuperado desde el 17 de agosto, dos días después del aparente secuestro y nueve días antes de la puesta a disposición de los presuntos responsables del hecho, quienes de acuerdo a ese mismo boletín “se apoderaron del vehículo”.

Surgen las preguntas: ¿fueron capturados los dos presuntos responsables al recuperarse el auto el 17 de agosto? ¿De ser así porque fueron presentados al juez nueve días después? ¿No es esencial en un caso de secuestro privilegiar la preservación de la vida de la víctima, antes que la detención de los responsables? ¿Si Roberto Carlos N y Frida María N perpetraron el secuestro y fueron detenidos antes de la aparición de Elihú sin vida, quién es responsable de su muerte? ¿Porqué el boletín no establece las causas de la muerte ni el lugar del hallazgo? ¿Si los detenidos son sospechosos de la muerte del reportero que pudo haber ocurrido antes de su detención, porque no se les imputa el cargo de homicidio? ¿El caso sigue abierto o ya fue cerrado?

Todos estos son los interrogantes que han provocado una fuerte inquietud en el gremio periodístico de todo el estado, colectivo que conserva la mejor de las impresiones del joven funcionario de la Fiscalía y antes colaborador de varios medios de comunicación.

El hecho adicional de que el Fiscal Zamarripa haya mostrado una gran distancia emocional con el suceso, casi desdén, tampoco causa buen sabor de boca. La prisa por deslindar a la Fiscalía de cualquier vínculo con la muerte de Elihú Ojeda, declarando explícitamente en el confuso comunicado que “el crimen obedece a cuestiones ajenas a su cargo o calidad de servidor público de esta institución”, huele mal, como todas las aclaraciones no pedidas.

En todo caso, deberá ser ante un juez que se presenten los elementos de prueba y las consideraciones que se deriven de las pesquisas, donde ningún aspecto relevante puede ser descartado de antemano y menos por una indagatoria que apenas comienza.

Si la flamante Fiscalía autónoma no es capaz de cuidar a los suyos o de investigar con claridad un hecho donde uno de sus funcionarios es la víctima, entonces ¿qué podemos esperar el resto de los guanajuatenses?