Este martes, Guanajuato fue noticia a nivel nacional por las dos decenas de ejecuciones que ocurrieron en la entidad, centrados en municipios de Salamanca, Pénjamo, Salvatierra y Valle de Santiago. El tema quedó centrado cuando lo tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
López Obrador tocó dos puntos sensibles; no obstante, llama la atención que cada quien haya escuchado lo que convenía a sus intereses.
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Por razones políticas, entre ellas el cumplimiento de un compromiso realizado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez con su antecesor, Miguel Márquez, la operación en marcha del aparato panista para ratificar a Carlos Zamarripa Aguirre como el próximo fiscal general de Guanajuato opera exactamente en sentido contrario de los intereses de la sociedad.
La idea de construir una fiscalía general autónoma surgió durante la administración de Enrique Peña Nieto después de la accidentada investigación sobre el caso Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República al servicio de los intereses políticos del gobierno en turno mostró sus limitaciones para cumplir la función esencial que le correspondía, pero también para servir a los propósitos del poder.
Maximato y carnalismo, las dos caras de la moneda. Foto: periódico A. M.
En junio de 2017, el procurador de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre, el mismo que hoy hunde la credibilidad del PAN con el intento de permitirle 18 años en el cargo al ratificarlo como fiscal general por los próximos 9 años, anunciaba con espectacularidad la detención del ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, el mítico Comandante Emilio del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien vivía en San Miguel de Allende bajo la fachada de un tranquilo y apreciado expatriado de nombre Ramón Guerra Valencia.
Lo que parecía un éxito policial de resonancias continentales había sido logrado por una casualidad: la denuncia de un taxista a quien se le encomendó llevar un paquete conteniendo una carta y un dedo mutilado, de que era seguido por una persona en un vehículo.
Interceptado por policías municipales de San Miguel, Guerra Valencia o Escobar Poblete fue detenido desde el día primero de junio de 2017.
Espectacularidad, no justicia. Foto: Zona Franca
La decisión de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para asumir el costo político de mantener el mismo equipo directivo de seguridad es cuestionable en varios sentidos, pero sobre todo en el político.
A lo largo de los nueve años que ha ejercido la titularidad de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato a Carlos Zamarripa no se le ha negado nada de parte de los titulares del Poder Ejecutivo y, pese a ello, sus resultados han sido deplorables, si nos atenemos a los datos duros y a la percepción del ciudadano común sobre el tema.
Un pesado aparato para tratar de esconder a Carlos y Alvar. Foto: Gobierno del Estado.
La seguridad de los ciudadanos, su bienestar y tranquilidad, son responsabilidad de un estado que se ha arrogado el monopolio de la violencia legal y del uso de la fuerza, por principio constitucional, es decir desde la base misma de la organización política de la sociedad.
Afirmar, como lo hace el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que en su equipo de gobierno habrá un responsable de la seguridad y hace recaer esa responsabilidad en el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, es una falacia y una simulación. Lee el resto de esta entrada »
En materia de combate al crimen, el gobierno estatal saliente parece solo querer patear el bote; en cambio, la concesión multimillonaria a Grupo México si merece toda su atención y cabildeo.
Llama la atención la voluntariosa actitud de Miguel Márquez para lanzar un proyecto como el de la concesión de un libramiento carretero de 17 kilómetros con el inconcebible costo de dos mil millones de pesos, otorgado a Grupo México justo en los últimos seis meses de su gobierno.
Contrasta, sin duda, con la ausencia absoluta de decisión para operar una estrategia de seguridad ante el asalto de bandas del crimen organizado a los más importantes municipios de Guanajuato. Lee el resto de esta entrada »
Propaganda, autodesmentidos, silencio y filtraciones no pueden constituir una línea de comunicación confiable y creíble, como ha pasado en el manejo de la fosa que contiene una cifra incierta de cuerpos superior a la veintena; peor andaremos si a la violencia y el horror criminal se suma la desconfianza en la autoridad.
El modelo de comunicación social que ha instrumentado el núcleo de seguridad del gobierno de Guanajuato, conformado por el tándem Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad, excluyendo a la Secretaría de Gobierno que solo aparece en el papel pero que ninguno de los otros toma en cuenta, solo se preocupa por hacer propaganda y no por informar. Lee el resto de esta entrada »
El intento del gobernador Márquez de imponer decisiones que trasciendan el encargo que le dieron las urnas, pone en riesgo la normalidad democrática de Guanajuato, pese a la tolerancia de cierta opinión pública.
Justo cuando el tema que se debate entre la clase política del país es el alto nivel de su desprestigio y el alejamiento marcado con los intereses de los ciudadanos, en Guanajuato, como si se tratara de una isla, el gobernador Miguel Márquez y su candidato Diego Rodríguez Vallejo eligen la vía del alejamiento de las bases panistas al secuestrar el método de elección del abanderado a la gubernatura. Lee el resto de esta entrada »
La casi fusión de la procuración de justicia y la prevención hace crisis con la presunción de que el crimen organizado ha infiltrado a ambas corporaciones.
La detención de seis elementos de las corporaciones de seguridad estatales, dos policías ministeriales y 4 más pertenecientes a la Secretaría de Seguridad, deja ver una de las más graves fallas en materia de diseño institucional del gobierno de Miguel Márquez.
Por primera vez desde que fue elevado a rango secretarial el ámbito de la seguridad, anteriormente una dirección de la Secretaría de Gobierno, las dos dependencias, PGJE y SSP, se han manejado bajo una sola visión.
El hecho de que el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, haya sido una propuesta del procurador Carlos Zamarripa al gobernador Márquez, algo sabido al interior del gobierno, ha colocado la actuación de las dos dependencias, una enfocada en la prevención y la otra en la persecución del delito, bajo una especie de mando único.
En las administraciones de Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva, los titulares de ambas dependencias se manejaban por separado y en ocasiones hasta confrontados. La situación podía generar algunos problemas de coordinación, pero tenía un beneficio: las corporaciones y sus integrantes se vigilaban los unos a los otros y el gobernador del estado tenía dos canales de información.
Con el actual dominio del procurador Carlos Zamarripa, que prácticamente trata al Secretario de Seguridad como un subordinado, que además le debe la chamba, esa situación ha cambiado radicalmente: si bien la coordinación se ha estrechado al grado de que las corporaciones son ya indistinguibles, también el canal de información del gobernador y de quien teóricamente encabeza la coordinación de seguridad, el secretario de Gobierno, se limita a una sola fuente.
El hecho de que ahora incluso se genere la sospecha de que elementos de ambas corporaciones puedan incurrir en la tesitura de corromperse bajo el mismo esquema y servir a grupos delincuenciales, muestra lo nociva que ha sido la subordinación y la cuasi fusión de dos dependencias que en su origen tienen objetivos distintos.
Ahora no solo el procurador y el secretario se pasean en operativos y ruedas de prensa prácticamente de la mano, sino que también sus elementos actúan coordinadamente, no para la operación, sino al servicio de la delincuencia, si resultan ciertas las acusaciones en contra de estos elementos.
Lo delicado es que nade de esto permee en el análisis y la autocritica de las autoridades sobre lo que hoy por hoy se exhibe como una desastrosa gestión de las políticas de prevención y combate a la delincuencia.
Para el gobernador Miguel Márquez y el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera, la única respuesta ha consistido en la repetición del discurso de Zamarripa y Cabeza de Vaca: acusar a los elementos, aun presuntos responsables, de “traición”, como si en eso se resumiera lo que hasta hoy se muestra como un fracaso que agravia a la sociedad: el aumento de la incidencia delictiva y la violencia en la entidad.
Cada una de las tesis que el gobierno ha pretendido vender para justificar el fracaso de sus políticas, se han desplomado una tras otra: el contagio desde otras entidades, la delincuencia “de paso”, el blindaje tecnológico, la corrupción de las policías municipales, el abandono federal.
Ahora, una posible infiltración cuya magnitud se desconoce y que solo pudo atenderse en un clima de sobrerreacción y cacería de culpables tras el asesinato de dos elementos de la ministerial, se aborda simplemente como una traición “de excepción”.
Sin resultados y con medias verdades a Márquez y sus muchachos parece habérseles agotado ya el capital político, ahora lo que también se les acaba es el tiempo.
