La casi fusión de la procuración de justicia y la prevención hace crisis con la presunción de que el crimen organizado ha infiltrado a ambas corporaciones.
La detención de seis elementos de las corporaciones de seguridad estatales, dos policías ministeriales y 4 más pertenecientes a la Secretaría de Seguridad, deja ver una de las más graves fallas en materia de diseño institucional del gobierno de Miguel Márquez.
Por primera vez desde que fue elevado a rango secretarial el ámbito de la seguridad, anteriormente una dirección de la Secretaría de Gobierno, las dos dependencias, PGJE y SSP, se han manejado bajo una sola visión.
El hecho de que el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, haya sido una propuesta del procurador Carlos Zamarripa al gobernador Márquez, algo sabido al interior del gobierno, ha colocado la actuación de las dos dependencias, una enfocada en la prevención y la otra en la persecución del delito, bajo una especie de mando único.
En las administraciones de Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva, los titulares de ambas dependencias se manejaban por separado y en ocasiones hasta confrontados. La situación podía generar algunos problemas de coordinación, pero tenía un beneficio: las corporaciones y sus integrantes se vigilaban los unos a los otros y el gobernador del estado tenía dos canales de información.
Con el actual dominio del procurador Carlos Zamarripa, que prácticamente trata al Secretario de Seguridad como un subordinado, que además le debe la chamba, esa situación ha cambiado radicalmente: si bien la coordinación se ha estrechado al grado de que las corporaciones son ya indistinguibles, también el canal de información del gobernador y de quien teóricamente encabeza la coordinación de seguridad, el secretario de Gobierno, se limita a una sola fuente.
El hecho de que ahora incluso se genere la sospecha de que elementos de ambas corporaciones puedan incurrir en la tesitura de corromperse bajo el mismo esquema y servir a grupos delincuenciales, muestra lo nociva que ha sido la subordinación y la cuasi fusión de dos dependencias que en su origen tienen objetivos distintos.
Ahora no solo el procurador y el secretario se pasean en operativos y ruedas de prensa prácticamente de la mano, sino que también sus elementos actúan coordinadamente, no para la operación, sino al servicio de la delincuencia, si resultan ciertas las acusaciones en contra de estos elementos.
Lo delicado es que nade de esto permee en el análisis y la autocritica de las autoridades sobre lo que hoy por hoy se exhibe como una desastrosa gestión de las políticas de prevención y combate a la delincuencia.
Para el gobernador Miguel Márquez y el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera, la única respuesta ha consistido en la repetición del discurso de Zamarripa y Cabeza de Vaca: acusar a los elementos, aun presuntos responsables, de “traición”, como si en eso se resumiera lo que hasta hoy se muestra como un fracaso que agravia a la sociedad: el aumento de la incidencia delictiva y la violencia en la entidad.
Cada una de las tesis que el gobierno ha pretendido vender para justificar el fracaso de sus políticas, se han desplomado una tras otra: el contagio desde otras entidades, la delincuencia “de paso”, el blindaje tecnológico, la corrupción de las policías municipales, el abandono federal.
Ahora, una posible infiltración cuya magnitud se desconoce y que solo pudo atenderse en un clima de sobrerreacción y cacería de culpables tras el asesinato de dos elementos de la ministerial, se aborda simplemente como una traición “de excepción”.
Sin resultados y con medias verdades a Márquez y sus muchachos parece habérseles agotado ya el capital político, ahora lo que también se les acaba es el tiempo.
