
* La pandemia se desborda ante la complacencia de la autoridad
* Espaldarazos cada semana de Diego a Zamarripa y lo que falta
* Crisis de partidos: la oposición se desarma en Guanajuato
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* Con prisa, la Fiscalía se deslinda de la muerte violenta de Elihú Ojeda
Dentro de todos los males que ha significado para Guanajuato, contando vidas y deterioro de su paz, el líder criminal José Antonio Yépez también se convirtió en un instrumento de exhibición para la clase política que gobierna el estado.
Hasta hace un par de años, el Cartel Santa Rosa de Lima, que de 2019 al día de ayer vino en constante decadencia hasta lograrse la captura final de su principal cabecilla, los políticos del centro y sur de Guanajuato y también en la capital del estado hablaban del líder criminal con cierto temor reverencial.
El año pasado supimos que muchos alcaldes, jefes de policía y funcionarios de los municipios, estaban cooptados o coaccionados por el jefe del cartel huachicolero. Varios de ellos fueron blanco de atentados y no pocos han perdido la vida. Corporaciones enteras se vieron corrompidas por el manejo de efectivo de un delincuente que saqueó a placer los ductos de Pemex por casi una década.
Lee el resto de esta entrada »Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está “tan abierto”, “tan sensible”, “tan cercano” y “tan comprensivo” con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
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La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Lee el resto de esta entrada »Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.
El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
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