Mal puede
funcionar una policía cuando tolera que sus propios miembros cometan delitos
sin sancionarlos.
La tortura, práctica
común en las viejas policías de la era priista y una excepción en las primeras
administraciones estatales del PAN, ha regresado con fuerza a Guanajuato de la
mano de Carlos Zamarripa.
Raúl Montero: la tortura tiene permiso. Foto Especial.
El primer fiscal
general de Guanajuato no se cansa de presumir su diplomado de unas cuantas
semanas en las instalaciones del FBI en Virginia. Sin embargo, ni eso ni una profunda
reforma del sistema penal le dieron las herramientas para hacer olvidar una de
las prácticas más nefastas del sistema de procuración de justicia mexicano.
El gobernador de Guanajuato no ha sostenido una sola reunión con las dirigencias de los tres principales partidos políticos de oposición. Si me apuran un poco, ni siquiera se le ha visto una comunicación fluida con sus aliados del PRD y de Movimiento Ciudadano que lo llevaron de candidato en la elección.
Sin embargo, bastó
una rueda de prensa donde Alma Alcaraz de Morena, Celeste Gómez del PRI y
Sergio Contreras del PVEM mostraron las cifras de la inseguridad de los
primeros meses de su gobierno, en comparativa con los de sexenios anteriores,
para sacar de sus casillas al treintañero mandatario.
La provocación. Foto: Twitter.
Al mismo tiempo
que la triada opositora, que se autodenomino “bloque de la paz”, ofrecía su
postura sobre el auge de la inseguridad y el disfraz mediático que ha tratado
de vender Diego Sinhue para presumir el éxito de su “golpe de timón”, el fiscal
Carlos Zamarripa salió a medios a presumir algunos logros procesales, pero
sobre todo a demandar “unidad” de las fuerzas políticas y sociales del estado
en torno a la lucha contra la delincuencia.
Desde que inició el proceso de capacitación para la reforma penal acusatoria en Guanajuato hubo voces que advirtieron de sus debilidades y que previeron la catástrofe que hoy estamos viviendo.
La aplicación y
el compromiso con el cambio fue muy desigual. No fue la misma velocidad ni el
mismo empeño el que pusieron los jueces y magistrados del Poder Judicial, que
los agentes de del Ministerio Público y los funcionarios de la entonces
Procuraduría de Justicia del Estado, ya a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Reclamo de justicia pasa de las salas de audiencia a las calles. Foto: Carmen Pizano
Para empezar, la
Dirección Jurídica de la PGJE estaba encargada a una funcionaria (sigue allí)
cuyo mayor mérito no era su capacidad ni su carrera, sino su relación de
parentesco con el procurador: Bernardina Elizabeth Durán Isaías, cuñada de Carlos
Zamarripa.
Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.
La primera, la
mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el
diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos
de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que
significó la construcción del parque bicentenario de Silao.
Video Columna del martes 7 de mayo. Junto con mi colega Javier Bravo de Soy Barrio conversamos con el excelente reportero de Revista Proceso y columnista de El Heraldo de México, Alvaro Delgado, quien esta semana sorprendió a la opinión pública de Guanajuato y de México con una historia exclusiva sobre las complicidades del Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa con el jefe del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, El Marro.
Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.
Con un sesgo
autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de
una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión,
no de persecución ni forense.
Este domingo se boletinó desde la Fiscalía General de la República la decisión de un juez de control para vincular a proceso a Eliseo “G”, alias el Titis, detenido hace una semana y luego liberado por un juez del fuero común solo para ser reaprehendido por cargos de delincuencia organizada.
El traslado de Eliseo “G”
La situación parece marcar una nueva frontera entre lo que se hace en Guanajuato para luchar contra la delincuencia, que parece meramente discursivo, y el verdadero golpe de timón que viene a ser una acción decidida del gobierno federal contra el cartel local de Santa Rosa de Lima que creció y prosperó no por su poder y su sagacidad, sino por la omisión y las probables complicidades desde diversas esferas de gobierno.
En Guanajuato el problema de la seguridad no ha sido de dinero, ni de recursos, sino de organización de capacidad y de disposición.
Dinero no les ha faltado a Carlos Zamarripa ni a Alvar Cabeza de Vaca. Miguel Márquez abrió la chequera generosamente, muchos pensamos que el tema no es ajeno a practicas de corrupción, para hipotecar al estado en seis años de rentas onerosas destinadas al programa Escudo.
Dos mil setecientos millones de pesos se dicen fácil. Probablemente se haya llegado a los 3 mil millones, pues hubo gastos complementarios, pero la opacidad ha estado a la orden del día.
Cuando en Guanajuato se vivía un acontecimiento central, el anuncio de la captura del operador de la estrategia de sobornos del Cartel de Santa Rosa de Lima, Agustín Medina Soto, por parte de fuerzas federales, el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa decidió llamar la atención en el evento de la presentación del plan de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, eludiendo a los medios de comunicación.
Un día después de que el gobierno federal diera conocer un boletín de prensa para informar de la detención de el “Agus”, y de que en el mismo despacho se incluyera la precisión de que este sujeto era “el enlace del grupo criminal con distintas autoridades de gobierno a quienes realizaba pagos por la información que le proporcionaban”, el fiscal de Guanajuato elige el silencio y la huida frente a los cuestionamientos.
RT @KenniaV: ¡Pobres! 😰 pero los diputados votaron a favor de que siguieran los mismos 🤷🏻♀️ aquí las consecuencias de sus actos 👇🏽 https:/… 12 hours ago
