Desde que inició el proceso de capacitación para la reforma penal acusatoria en Guanajuato hubo voces que advirtieron de sus debilidades y que previeron la catástrofe que hoy estamos viviendo.
La aplicación y el compromiso con el cambio fue muy desigual. No fue la misma velocidad ni el mismo empeño el que pusieron los jueces y magistrados del Poder Judicial, que los agentes de del Ministerio Público y los funcionarios de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, ya a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Para empezar, la Dirección Jurídica de la PGJE estaba encargada a una funcionaria (sigue allí) cuyo mayor mérito no era su capacidad ni su carrera, sino su relación de parentesco con el procurador: Bernardina Elizabeth Durán Isaís, cuñada de Carlos Zamarripa.
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