La función esencial de la superestructura jurídica que la sociedad ha construido es la de propiciar una convivencia civilizada, superar el inseguro estado de naturaleza, donde priva la ley del más fuerte, para generar un espacio civilizado y civilizatorio.
Cuando el máximo representante del Poder Ejecutivo de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, insiste en un discurso cuyo motivo esencial es el de la recuperación del estado de derecho en Guanajuato, realiza una dura crítica a gobiernos anteriores, incluyendo a aquel del que formó parte con Miguel Márquez a la cabeza.
Guadalupe Cayente, madre de Leo Reyes, con Alejandro Solalinde, en su peregrinar por la justicia que no encuentra en Guanajuato. Foto: Especial.
Sin embargo, la vía elegida para restaurar la civilidad en la sociedad de Guanajuato, para «serenarla» como gusta de frasear el presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece estar dando resultados.
Este fin de semana fue particularmente paradigmático en la exhibición de las contradicciones que enfrenta el estado de Guanajuato y que le impiden un regreso a la normalidad de la que gozábamos hace no mucho.
La seguridad es un acertijo indescifrable. El record de asesinatos del mes de enero parece continuar en el segundo mes del año, pero además las cosas se complican al advertirse las profundas diferencias que privan entre los niveles local y federal.
Guanajuato es una fiesta, por lo menos para algunos. Foto: Facebook.
En Celaya, el domingo por la tarde, se suscitó un enfrentamiento entre corporaciones tras un atentado contra elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los elementos del estado impidieron que policías municipales se acercaran a la escena, cuando en teoría son el primer respondiente, algo que nunca ocurrió durante los largos años que la policía de Celaya estuvo dirigida por enviados de la Secretaría de Seguridad Pública.
Al llegar a la treintena de años en el poder estatal, les falta uno, el partido Acción Nacional ya ha visto pasar tres generaciones diferentes de políticos. La historia no parece haberse acumulado para generar una experiencia positiva para la población, si en cambio para que se acentúen vicios y se genere una clase política plagada de complicidades y que se decanta a la corrupción cada vez con mayor cinismo.
A los Fox y Medina los relevaron los Oliva y Márquez. El empujón inicial de la visión empresarial y la llegada del primero a la presidencia de la República consolidaron el impulso al proyecto de atracción de inversión extranjera como el principal eje rector del proyecto panista en Guanajuato.
Los operadores electorales que siguieron a los políticos empresarios no tenían la misma visión, pero sabían como ganar elecciones y como generar clientelas electorales más o menos permanentes.
Quizá lo peor de todo no sea que Guanajuato tenga un promedio de 10 asesinatos diarios, que sus calles sean un campo de batalla y que el crimen no respete ni hospitales ni iglesias. Lo peor es que sus autoridades nos quieran seguir dorando la píldora, haciendo creer que no pasa nada y que seguimos siendo la Atenas de por acá, como se burlaba Jorge Ibargüengoitia.
En ese intento de simulación, imposible por donde se le vea, no están solos, los gobernantes de Guanajuato cuentan con la complicidad de casi todos los medios de comunicación de Guanajuato, que publican los asesinatos de uno en uno, en las páginas rojas de sus ediciones en papel, electrónicas y digitales, sin sacar conclusiones, solo para vender, porque “los muertos venden”, pero sin hacerse cargo de lo que eso significa para la sociedad que lo padece.
Cuentan también con la complicidad de los partidos políticos de la entidad, al borde de la desaparición e inmersos en la búsqueda de formas cada vez más ignominiosas de complacer al poder.
Por muchas razones, pero sobre todo por causas históricas y por una secular ideología de centro derecha, el estado de Guanajuato y su actual gobierno parecían tener la oportunidad de convertirse en cabeza de una resistencia importante contra el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Si en lugar de Vicente Fox o Elías Villegas, políticos cuyos mejores días ya pasaron y que se ha visto involucrados en el tráfico de intereses cuando han tenido oportunidad de influir en posiciones de poder, estuviera al frente del movimiento anti amlo un cuadro joven, con perspectiva, podría esperarse un resultado diferente.
Sin haber ameritado una consulta previa, por lo menos no pública, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, ha anunciado la decisión de empelar los recursos de las futuras pensiones de los trabajadores del estado para financiar proyectos de infraestructura, concretamente una carretera de cuota.
En un evento con
funcionarios del gobierno de Singapur, donde recalcó que nuestro estado comparte
valores con la ciudad estado del sudeste asiático, el gobernador dio a conocer
la noticia de que una carretera de Silao a San Miguel de Allende, seguramente
de pago para tener una fuente de recuperación, con un costo de 3 mil 500
millones de pesos, se financiará con el fondo de pensiones del ISSEG.
Hay que recordar
que el ISSEG no es una dependencia pública. Es un organismo sui géneris que se
maneja sin recurso público, cuyo presupuesto es aprobado por el Congreso, pero
donde el Ejecutivo no dispone, sino que las políticas se definen a través de un
consejo directivo donde tienen asiento los representantes de los principales
sindicatos cuyos agremiados cotizan en sus fondos.
Al paso que vamos, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo terminará siendo recordado por la gran frivolidad con la que enfrentó el reto de gobernar a la entidad en uno de sus momentos más oscuros.
Esta semana, reporteros de varios medios de comunicación no lograron obtener una sola respuesta del mandatario sobre el reclamo de las familias de víctimas de desaparición forzada para ser escuchadas por los diputados que formulan un paquete de leyes para atender esa problemática.
Aunque el tema es de índole legislativa, el antecedente es que la Fiscalía del Estado antes procuraduría de justicia, ha sido omisa y remisa en la atención del problema, en la escucha de quienes viven esta difícil situación y en la apertura de carpetas de investigación.
A la normal pasión de una contienda estudiantil, este noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle se ha sumado un matiz político nada sutil producto de algunas de las inseguridades con las que ha iniciado el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, precisamente egresado de esa institución.
Normalmente, la elección
por la mesa directiva transcurre sin incidentes y es ganada por planillas cuyos
integrantes se encuentran cercanos a las huestes juveniles del Partido Acción
Nacional, como ocurría, en los viejos tiempos, con el PRI en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Guanajuato.
