* Atención a desaparecidos, otro pasivo de Zamarripa que deberá pagar Diego

* La crisis de seguridad pasa desapercibida en el discurso de Héctor Tinajero

* La fórmula Márquez o de cómo hacer negocio con la inseguridad

1.- Los cadáveres en el clóset del Fiscal General comienzan a aparecer

Si no lo pensó, fue un grave error; si lo hizo pero creyó que podría administrar el tema, fue una terrible ingenuidad. Hoy el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo empieza a darse cuenta de las consecuencias para su gestión de haber convalidado el poder omnímodo de Carlos Zamarripa y de haberlo consolidado con la autonomía formal que ya de hecho ejercía de facto.

Este inicio de año ha detonado con fuerza, entre otros pendientes, el reclamo de los familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, así como las que siendo originarias de la entidad han sufrido esa lamentable situación en otras partes.

La indignación corre pareja con la pena, pues a la desaparición lo que le ha seguido es la más absoluta de las desatenciones por parte de la Procuraduría/Fiscalía, a lo largo de estos años.

No hay calidad, mucho menos calidez. Burócratas protegidos por Zamarripa como la subprocuradora y ahora fiscal regional de Irapuato, Claudia Mota Ávalos, esposa del Fiscal de Delitos de Alto Impacto, Manuel Ángel Hernández, han tratado los casos con desdén y alejados de cualquier tipo de protocolo. No lo hacen solo de motu proprio, también hay una línea clara para que se niegue la realidad de Guanajuato con la intención de «ponderar las buenas noticias».

La consigna hasta ahora era negar que existieran desapariciones, por lo tanto no hay carpetas y no hay investigaciones. Se les llama eufemísticamente «personas no localizadas» y ese sanbenito fue el que permitió al exgobernador Miguel Márquez afirmar con simpleza, pero también con una absoluta falta de humanidad, que en Guanajuato no hay desaparecidos, sino «jóvenes que se van a Estados Unidos o con el novio».

Es la misma consigna que hace «desaparecer» los entierros o fosas clandestinas en el discurso del gobierno con un aferramiento casi patológico, mientras cada semana se filtran informaciones de nuevos hallazgos de restos de personas cuya localización no hace disparar protocolo alguno, por la inexistencia de políticas de búsqueda de personas y la ausencia de voluntad para enfrentar un delito de lesa humanidad.

Toda esa negligencia, teñida de crueldad, de prepotencia y de desprecio para los ciudadanos, es la que recibió el aval de los diputados del PAN y sus aliados para ratificar primero a Zamarripa y después colarlo a la Fiscalía General mediante pase automático, la mayor aberración en materia de política criminal, de lucha contra la impunidad y de atención a víctimas que ha vivido Guanajuato en su historia.

Los legisladores aceptaron la instrucción de dar una rueda de prensa con la lectura de un texto redactado por el jefe de gabinete de Diego Sinhue Rodríguez, donde recalcaron que su apoyo a Zamarripa no era «un cheque en blanco». Sin embargo, hasta ahora es exactamente eso lo que ha sido.

La realidad, sin embargo, no desparece porque no la atienda el fiscal, no la quiera ver el gobernador y se hagan tontos los diputados que dicen representar a la población. Al no recibir atención por los cauces institucionales, la emergencia emerge donde puede, con las publicaciones en redes sociales, los contactos entre familias que comparten el dolor, la organización incipiente y los primeros contactos con activistas locales y de otras entidades.

Sin embargo, cuando los colectivos logran empoderarse, desafiando su pena al canalizar el reclamo por la desatención del estado, entonces el tema ya no se encuentra en las mesas de los ministerios públicos, sino que sube a la escena política como demanda directa a los titulares de los poderes, los que sostienen ahí a los funcionarios que se han negado a reconocer la situación y se la han ocultado a sus superiores.

Hoy, en Guanajuato el tema está en la mesa del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, quien supuestamente iba a ser el «coordinador» del eje de seguridad pero que se ha visto relegado y auto marginado del tema por la preeminencia del Fiscal General y su propensión a evitar que nadie entre a sus territorios.

Próximamente escalará al escritorio del propio gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, quien ya ha dado muestras de que el tema de seguridad le incomoda, le es ajeno y preferiría evitarlo para dedicarse solo a las partes vistosas de la tarea de gobernar. No lo podrá hacer, so riesgo de dejar la impresión de frivolidad e incompetencia que ya permea en muchos análisis tempranos sobre su gestión.

En realidad, la pregunta que deberían estarse haciendo Sinhue y su grupo cero no es si entra o no al tema de los desaparecidos, sino cuántos otros temas le ha ocultado Carlos Zamarripa y dónde y cuándo le estallarán.

Era el estilo de la casa y eso fue lo que compró al ratificarlo.

2.- Poder Judicial ¿alineado o sometido? Al caso, es lo mismo

Una «operación política», como las del viejo PRI, canalizó la sucesión de uno de los tres poderes del estado de Guanajuato, que este inicio de año renovó su dirigencia.

Publicaciones en medios orquestadas desde la presidencia saliente del Supremo Tribunal de Justicia, a cargo de la magistrada Claudia Barrera, anticiparon el «consenso» de los 21 magistrados del Poder Judicial para respaldar «unánimemente» a Héctor Tinajero, adelantándose al voto que se ejerció finalmente este miércoles 8 de enero.

De no tener la prensa acrítica y servil que mayoritariamente padece Guanajuato, tendría que haber constituido un verdadero escándalo que periódicos cercanos a Barrera por intereses de litigio como son los de la Organización Editorial Mexicana, cuyo director es hijo de iun importante abogado de Irapuato, de donde también es originaria Barrera, anticipara con varios días el sentido de la votación de 21 individuos, todos ellos prominentes juristas, que tienen en sus manos el monopolio de administración de la justicia en Guanajuato.

¿Realizaron los soles de Irapuato, Salamanca y León algún tipo de encuesta entre los magistrados para conocer su sentir? ¿De dónde sacaron la información de habría un consenso unánime en torno a Tinajero?

En realidad, se trató de una filtración desde el propio Poder Judicial derivada de los acuerdos logrados entre la presidenta saliente y el poderoso magistrado Miguel Valadez, decano del semipleno Penal y tres veces ex presidente del Poder Judicial de Guanajuato, que garantizó un voto mayoritario para Tinajero, cercano e histórico colaborador suyo, lo cual dejaría sin posibilidades cualquier otra candidatura.

A diferencia de otras sucesiones, esta vez el pacto en la cúpula hizo innecesaria la intervención del Poder Ejecutivo para mediar o buscar salidas.

Lo delicado, lo preocupante para la sociedad, es que una sucesión arreglada así, genera acuerdos secretos y podría dar lugar a impunidades, sobre todo en las áreas administrativas donde hay claros indicios de manejos sesgados de parte de funcionarios impuestos por la administración de la magistrada Barrera.

Si eso ocurre en el inmaculado Poder Judicial de Guanajuato, podemos imaginarnos porque hemos llegado al deterioro institucional que vive Guanajuato.

En el discurso de protesta de Héctor Tinajero se habló de todo menos del grave asunto de la inseguridad y de la impunidad que en buena medida lo genera. Claudia Barrera recibió críticas desde diversos sectores de la sociedad por los jueces que liberan criminales al ser puestos a su disposición por cualquier falla en los aspectos formales. Tinajero no tuvo una propuesta para eso más allá de las mejoras de tipo administrativo que se planteó como metas y las cuales subrayan más bien rezagos acumulados que grandes transformaciones.

Fue hasta que los reporteros preguntaron en la ineludible conferencia de banqueta que debió otorgar sobre su contribución en el combate a la inseguridad, cuando señaló que los jueces requieren de carpetas de investigación «bien integradas», dejando la responsabilidad en las manos de una Fiscalía que, por cierto, no le hace mucho caso.

La élite que se enquista en el Poder Judicial, llena de privilegios y dotada de los más altos salarios de la plantilla burocrática estatal, no parece vivir en el mismo territorio que el resto de los guanajuatenses. Por eso no parecen darle mayor importancia a las prácticas democráticas ni a una renovación que contribuya a dar soluciones a la problemática social que vivimos.

El relevo de mandos en el Poder Judicial, al que están atentos los círculos de influencia del foro judicial, de poco servirá para atender la emergencia humanitaria que vive Guanajuato. Si los magistrados son incapaces de intervenir para definir el rumbo de su institución, mucho menos podrán ayudar en el ancho mundo que está más allá de sus augustas salas en el Olimpo de Pozuelos.

3.- La inseguridad se combate… con adquisiciones costosas: el turno de los helicópteros

En Guanajuato no aprendemos. Ya una vez el ex gobernador Miguel Márquez junto con Carlos Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, Juan Ignacio Martín y hasta el Gallo Barba, nos vendieron la idea de que la inseguridad se iba a combatir con cámaras de vigilancia por buena parte del estado y arcos carreteros, para lo cual requerían gastarse la friolera de 2 mil 700 millones de pesos y piquitos, que probablemente superaron los 3 mil millones.

¿El resultado? Guanajuato es hoy decenas de veces más inseguro que cuando se hizo esa multimillonaria inversión que seguramente dejó pingües comisiones en los bolsillos de quienes la planearon la validaron y la ejecutaron.

Hoy, con el estado incendidado por decenas de muertes diarias, asesinatos salvajes, ajustes de cuentas entre ejércitos de sicarios y víctimas colaterales, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anuncia que combatirá ese desastre «con la compra de dos helicópteros dotados de visión nocturna».

Como «la mayor cantidad de homicidios se cometen en la noche y necesitamos esta vigilancia nocturna y dar con los responsables», según dijo Rodríguez Vallejo al corresponsal de La Jornada, entonces la solución es la compra de las aeronaves.

¿Resiste el menor análisis lógico esta argumentación? ¿En verdad son nocturnos la mayoría de los crímenes? ¿Cuál es el área de incidencia? ¿Podrán cubrirla los helicópteros? ¿Hay análisis de expertos sobre el tema?

Nada está respondido, pero tampoco hay muchas preguntas de una oposición que prácticamente ya no existe en el Congreso ni en las calles.

Por si algo faltara, los helicópteros «de visión nocturna», cuyo costo aún no se hace público, serán adquiridos mediante el crédito que está por autorizar el Congreso por más de 5 mil millones de pesos.

¿Serán los helicópteros el Programa Escudo de Diego Sinhue? ¿O, peor aún: será todavía un negocio de Márquez y compañía?

Lo cierto es que de llevarse a cabo este nuevo capricho lo terminaremos pagando todos los guanajuatenses de nuestro bolsillo, empezando con el aumento de impuestos que ya corre sin que haya la menor oposición. Lo grave es que, como Escudo, tampoco servirá de nada, más allá de los negocios privados en los asuntos públicos.