La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Todas las pequeñas maniobras que el gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.
Ilustración: @PincheEinnar
En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.
La notoria precipitación con la que actuaron las fuerzas conjuntas del estado y la federación este sábado en Celaya, solo puede obedecer a la desesperación de los altos mandos políticos por la delincuencia desatada y por la dura exigencia ciudadana de hacer algo al respecto.
Algo o mucho debieron influir los infames asesinatos de dos niños pequeños en acciones criminales que mucho tienen de caóticas, de violencia ciega, de resabios de una profunda descomposición en el submundo delincuencial, pero también en las fuerzas del estado que presuntamente combaten la ilegalidad.
Foto: Especial
El reclamo sostenido en redes sociales, en medios de comunicación, en corrillos políticos para que el gobierno del estado y el federal intervengan en Celaya para frenar lo que ya es un estado de derecho fallido, seguramente estuvo en la raíz de la acción que se centró en el ámbito familiar de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, jefe mafioso al que se viene combatiendo desde enero del 2019, a raíz de la guerra contra el huachicol.
Mientras Diego Sinhue Rodríguez leía el manifiesto “Acuerdo en defensa de la libertad”, signado por él y otros ocho mandatarios del partido Acción Nacional en la ciudad de Dolores Hidalgo, a 2 horas y media de ahí, en Uriangato, se desataron una serie de balaceras que todavía duraban la noche de este domingo, con un saldo de varias víctimas mortales y de personas heridas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar de los choques.
Foto: gobierno del estado
Dos días antes, situaciones similares se vivieron en el aledaño Moroleón: balaceras, vehículos en fuga disparando, ataques a viviendas, una mujer muerta y el incendio de un departamento.
En esos lugares, como en Irapuato, en Celaya señaladamente, además de muchas colonias de León, Silao y Guanajuato, nadie en su sano juicio aplaudirá la afirmación del manifiesto panista leído por un titubeante Sinhue que a la letra dice:
“Sabemos lo que hay que hacer para que su hogar sea próspero y su familia viva sana y sin miedo.”
En el día que Guanajuato rompe el récord de muertes por COVID-19, con 27 fallecimientos, el gobernador y su secretario de Salud aventuraron la versión de que la entidad se ha formado ya en la fila para comprar una vacuna cuyas primeras pruebas apenas se realizan. Parece demasiado adelantarse.
Ilustración: @PincheEinnar
No fue el único dislate del día. El otro se presentó en una de las eventuales conferencias de prensa que el doctor Daniel Díaz Martínez ofrece cada vez que empeoran las cifras de la pandemia y en las que solo se pueden enviar preguntas por redes sociales y esperar a que pasen los filtros, sin ninguna posibilidad de solicitar aclaraciones o profundizaciones.
Desde diversas vocerías del gobierno del estado, hay una por dependencia, se ha empezado a negar la información sobre posibles brotes de COVID-19 en oficinas gubernamentales, argumentando la “estigmatización” que padecen quienes laboran en dichas dependencias.
Foto: Secretaría de Salud de Guanajuato
A diferencia de esa política, que a menudo lo que busca esconder es la existencia de condiciones que permitieron la propagación del virus, este fin de semana el club de futbol León informó con toda transparencia de la detección de la enfermedad en dos de sus integrantes, un jugador y un miembro del cuerpo técnico.
¿Porqué es importante saber si ocurre la detección de casos de COVID-19 en un centro de trabajo, sea oficial o privado?
