La notoria precipitación con la que actuaron las fuerzas conjuntas del estado y la federación este sábado en Celaya, solo puede obedecer a la desesperación de los altos mandos políticos por la delincuencia desatada y por la dura exigencia ciudadana de hacer algo al respecto.

Algo o mucho debieron influir los infames asesinatos de dos niños pequeños en acciones criminales que mucho tienen de caóticas, de violencia ciega, de resabios de una profunda descomposición en el submundo delincuencial, pero también en las fuerzas del estado que presuntamente combaten la ilegalidad.

El reclamo sostenido en redes sociales, en medios de comunicación, en corrillos políticos para que el gobierno del estado y el federal intervengan en Celaya para frenar lo que ya es un estado de derecho fallido, seguramente estuvo en la raíz de la acción que se centró en el ámbito familiar de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, jefe mafioso al que se viene combatiendo desde enero del 2019, a raíz de la guerra contra el huachicol.

No se sabe aún si el cateo realizado por fuerzas federales y estatales fue ordenado por un juez, tampoco si obedece a una carpeta abierta antes de las masacres de los últimos días.

Habría que recordar que la violencia que se cierne sobre Celaya y la región no es toda producto del accionar de El Marro, sino que también contribuyen sus oponentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, como se vio en el ataque con granadas al taller de los hermanos Becerra, donde perdieron la vida cuatro personas, entre ellas otro menor de edad.

La detención de 26 personas, donde los partes oficiales solo destacan los nombres de tres mujeres, aparentemente consanguíneas de Yépez Ortiz, muestra que la operación iba dirigida a ubicar personas que se tenían bien monitoreadas, incluso vigiladas. La aprehensión se realizó sin violencia y en el reporte de bienes asegurados de la Sedena se habla de un kilogramo de droga, al parecer metanfetamina, y dos millones de pesos en metálico, pero no se consignan armas.

No es la primera vez que ocurren detenciones de familiares de El Marro, prácticamente toda su familia ha pasado por ese trámite y varios de ellos han sido posteriormente liberados. Una operación de inteligencia tendría que esperar a que el capo se pusiera en contacto con sus familiares para rastrearlos, pero al detenerlos se corta cualquier posibilidad de usar a los familiares cercanos como medio para llegar al objetivo principal.

La reacción desatada por las bandas de sicarios que siguen siendo leales a Yépez, en al menos 13 municipios del estado, evidenciaron que las detenciones no han mermado la peligrosidad del grupo delictivo, sobre todo para los ciudadanos indefensos.

Resulta notable que prácticamente no haya habido detenciones entre los sicarios que incendiaron comercios, secuestraron autos y los quemaron y atacaron gasolineras. Las reacciones también provocaron muertes colaterales, se han reportado casos en Dolores Hidalgo, en San José Iturbide y en el propio Celaya. Sobre ellas no hay explicaciones oficiales.

De nueva cuenta se anuncia que el Marro está cercado y se emplean como argumentos los videos reactivos que divulgó ayer mismo, donde además de romper en llanto también lanza amenazas que no habrá que desdeñar. Sin embargo, hace más de un año que desde el estado y la federación se anuncia la inminente captura del personaje, sin que esta se haya concretado.

Habría que preguntarse lo que pasaría si finalmente se logra la detención de Yépez y el desmantelamiento de su organización: ¿acabaría la violencia en Celaya? ¿Se establecería una detente si solo domina el cartel contrario?

De Celaya se sabe que su policía está fuertemente penetrada por el crimen organizado, que decenas de sus efectivos han sido asesinados y que el nuevo cuadro de mandos llegado desde la policía federal ha sido atacado y ha tenido bajas, como si la corporación tuviera dueño y no quisiera injerencias externas.

Llama la atención que el exsecretario de seguridad de Celaya, Juan José González, que encabezo la época de mayor descomposición de la policía, haya sido premiado recientemente con la dirección de los penales del estado, cargo otorgado por el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Como también es preocupante que el anterior fiscal regional de Celaya, Israel Aguado, que no logró llevar a proceso a ningún delincuente de peso, haya sido promovido por el fiscal general Carlos Zamarripa a la subsede de Irapuato, otra región con altos niveles de violencia e impunidad.

¿De qué méritos estamos hablando en estos dos casos?

El combate eficiente a la inseguridad y la violencia en Celaya y en la zona Laja Bajío, hasta ahora azotadas por la impunidad, no pasa por detener a la mamá de un capo, aún a costa de desatar un infierno, sino por una labor concienzuda de reparación de la debacle institucional en la que están hundidas las alcaldías, sus policías y las corporaciones estatales y federales que atienden la región.

El operativo de la víspera del Día del Padre, con su secuela de improvisación, descontrol y notable incapacidad de reacción no puede hacer olvidar el reclamo de justicia para tantas víctimas inocentes en Celaya.

¿Alguien irá ante un juez para responder por la muerte de niños de pecho y de estudiantes, de ancianas y de empleadas de pequeños comercios?

Si no ocurre, aunque detengan al Marro junto con toda su parentela, la justicia seguirá ausente en Celaya.