Dentro de todos los males que ha significado para Guanajuato, contando vidas y deterioro de su paz, el líder criminal José Antonio Yépez también se convirtió en un instrumento de exhibición para la clase política que gobierna el estado.
Hasta hace un par de años, el Cartel Santa Rosa de Lima, que de 2019 al día de ayer vino en constante decadencia hasta lograrse la captura final de su principal cabecilla, los políticos del centro y sur de Guanajuato y también en la capital del estado hablaban del líder criminal con cierto temor reverencial.
El año pasado supimos que muchos alcaldes, jefes de policía y funcionarios de los municipios, estaban cooptados o coaccionados por el jefe del cartel huachicolero. Varios de ellos fueron blanco de atentados y no pocos han perdido la vida. Corporaciones enteras se vieron corrompidas por el manejo de efectivo de un delincuente que saqueó a placer los ductos de Pemex por casi una década.
Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.
Allí dijo lo siguiente:
“La persona fallecida era de León Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”
Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.
La notoria precipitación con la que actuaron las fuerzas conjuntas del estado y la federación este sábado en Celaya, solo puede obedecer a la desesperación de los altos mandos políticos por la delincuencia desatada y por la dura exigencia ciudadana de hacer algo al respecto.
Algo o mucho debieron influir los infames asesinatos de dos niños pequeños en acciones criminales que mucho tienen de caóticas, de violencia ciega, de resabios de una profunda descomposición en el submundo delincuencial, pero también en las fuerzas del estado que presuntamente combaten la ilegalidad.
Foto: Especial
El reclamo sostenido en redes sociales, en medios de comunicación, en corrillos políticos para que el gobierno del estado y el federal intervengan en Celaya para frenar lo que ya es un estado de derecho fallido, seguramente estuvo en la raíz de la acción que se centró en el ámbito familiar de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, jefe mafioso al que se viene combatiendo desde enero del 2019, a raíz de la guerra contra el huachicol.
Guanajuato vive una guerra de la que la mayoría de sus habitantes no tenemos noticia, pero de la que todos somos víctimas potenciales.
Los grupos
criminales que azotan el estado han centrado sus ataques en policías de todos
los niveles, sin respetar a sus familiares, como vimos recientemente en Celaya.
Frente a ello,
los cuerpos policiacos también han extremado su violencia y son ya varios los
ataques “con fuerza letal” que tienen entre sus víctimas a presuntos criminales
a los que se enfrenta no para detenerlos, sino para abatirlos.
Manhattan Transfer. Foto: Facebook
Sin embargo, también
hay muchas víctimas “colaterales”, inocentes que han quedado en la línea de
fuego de criminales y de policías.
Este domingo se boletinó desde la Fiscalía General de la República la decisión de un juez de control para vincular a proceso a Eliseo “G”, alias el Titis, detenido hace una semana y luego liberado por un juez del fuero común solo para ser reaprehendido por cargos de delincuencia organizada.
El traslado de Eliseo “G”
La situación parece marcar una nueva frontera entre lo que se hace en Guanajuato para luchar contra la delincuencia, que parece meramente discursivo, y el verdadero golpe de timón que viene a ser una acción decidida del gobierno federal contra el cartel local de Santa Rosa de Lima que creció y prosperó no por su poder y su sagacidad, sino por la omisión y las probables complicidades desde diversas esferas de gobierno.
Cómo regresamos a la actividad pública después de una Semana Mayor que no fue precisamente de descanso: Celaya, el gran foco rojo de Guanajuato; el gobernador Diego Sinhue pensando en revivir el clásico León vs. Irapuato; AMLO que empieza a enfrentar crisis recurrentes y se enzarza en disputas estériles; el imperio de los medicamentos sigue en Gto, como si Miguel Márquez Márquez no se hubiera ido.
Mientras el gobernador Diego Sinhue presume el operativo conjunto de fuerzas federales y locales en una comunidad de dos mil habitantes en Villagrán, donde incluso se invertirán decenas de millones de pesos para construir infraestructura y afianzar la presencia del estado, a 25 kilómetros de ahí una ciudad de 300 mil habitantes es dejada a su suerte por todos los niveles del gobierno y sufre una cruda ola de violencia homicida.
No parece ser lógico ni explicable que mientras hay un operativo terrestre y aéreo con mil efectivos en Santa Rosa de Lima, que solo logra la detención de seis personas, en la ciudad donde se encuentran instalaciones estratégicas como una refinería y una termoeléctrica, ocurra la peor matanza en la historia de Guanajuato, con bandas criminales fuertemente armadas actuando en la más absoluta impunidad.
Poner a los ciudadanos por encima de las rencillas, lo que no ha pasado en Salamanca. Foto Especial.Lee el resto de esta entrada »
Al día de hoy no queda claro si la acción policial para ingresar a Santa Rosa de Lima y perseguir al líder de una banda huachicolera, elevada al nivel de cártel en videos de YouTube y narcomantas, fue iniciada por el gobierno federal o por el del estado, con apoyo del primero.
Mientras Andrés Manuel López Obrador es enfático en declarar que se actúa en apoyo al gobierno de Guanajuato, el mandatario local Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insiste en agradecer la acción del gobierno federal.
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