Guanajuato vive una guerra de la que la mayoría de sus habitantes no tenemos noticia, pero de la que todos somos víctimas potenciales.
Los grupos criminales que azotan el estado han centrado sus ataques en policías de todos los niveles, sin respetar a sus familiares, como vimos recientemente en Celaya.
Frente a ello, los cuerpos policiacos también han extremado su violencia y son ya varios los ataques “con fuerza letal” que tienen entre sus víctimas a presuntos criminales a los que se enfrenta no para detenerlos, sino para abatirlos.
Sin embargo, también hay muchas víctimas “colaterales”, inocentes que han quedado en la línea de fuego de criminales y de policías.
De esta guerra, solo se habla eufemísticamente. Lo hace la comisionada de estrategia para la “seguridad ciudadana”, quien una y otra vez ha respaldado las versiones de los policías cuyas acciones han terminado con la muerte de personas, bajo el argumento de que es mejor un “presunto” criminal “abatido”, que un policía en las mismas condiciones.
La lógica de guerra la justifican personajes de bajo nivel en la estructura de gobierno.
De ello no hablan ni el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, ni el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, los supuestos responsables de la estrategia política para enfrentar el fenómeno criminal que nos afecta desde hace algunos años de forma creciente y que el actual gobierno no ha logrado frenar.
Al tema ya ni siquiera se refieren los funcionarios de la seguridad, el Fiscal General Carlos Zamarripa y el Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, quienes siguen actuando como tándem pese a la autonomía de la primera institución, pero que ya han decidido no desgastarse en dar explicaciones.
Para eso está Sophia Huett, una vocera que no teme tomar el toro por los cuernos y defender crudamente la lógica de guerra, la auto exculpación del estado y ahora, incluso, la derivación de las responsabilidades de seguridad a los propios ciudadanos a quienes les recomienda “auto cuidarse.”
Cuando Diego Sinhue Rodríguez hablaba, y sigue haciéndolo, de un golpe de timón, nadie podía esperarse lo que vivimos hoy: más muerte, más enfrentamientos, más delitos.
Al triunfalismo de la ocupación de Santa Rosa de Lima, el enclave del cartel huachicolero más poderoso del país, que fue definido como “el restablecimiento del estado de derecho”, hoy le sigue el penoso reconocimiento de que el cartel sigue activo y que se ha mudado a otro clase de delitos: el robo de autos y casas.
Hace unos días se anunciaba con bombo y platillo la incautación de cuentas bancarias asociadas a los afiliados a ese grupo delictivo. Ahora, en voz de la misma autoridad, parece que ni la ocupación de sus cuarteles generales ni el golpe financiero han logrado frenar su operatividad.
Y ante la mudanza criminal para pasar de robar los ductos de Pemex a golpear en sus bienes a los particulares, parece que no hay de otra que echarse a temblar y esperar lo peor.
Si Carlos Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, las policías municipales y el fantasmagórico programa Escudo fueron incapaces de frenar el crecimiento de un delito localizado que solo podía realizarse en determinados puntos de la infraestructura de Pemex, poco podemos esperar de ellos para que frenen este nuevo azote.
Así, además del riesgo de quedar atrapado en un intercambio de disparos entre grupos criminales o entre policías y delincuentes, ahora todos estamos expuestos, ciudadanos, empresarios, comerciantes, a vernos golpeados en nuestros pocos o muchos haberes por delincuentes que actúan con impunidad.
No entiendo entonces donde está el golpe de timón, a menos que el asunto sea precisamente ese: la renuncia del estado a lo poco que realizaba para dejarnos a los ciudadanos inermes en manos de la delincuencia.
Mientras eso pasa, veo al gobernador viajando a Nueva York pare recibir un premio absolutamente absurdo: la declaratoria de San Miguel de Allende como ¡destino turístico de clase mundial!
Si, el mismo San Miguel donde un fin de semana antes hubo una manifestación para exigir un alto a la violencia que reunió a mexicanos y extranjeros residentes en esa otrora pacífica provincia.
Además, el gobernador llevó a sus propios reporteros en viaje todo pagado para no recibir preguntas incómodas, guion que se cumplió a la perfección.
¿Hay un más claro ejemplo de que la realidad que vivimos los ciudadanos no es la misma que viven sus gobernantes?
Contésten ustedes mismos.
