De nueva cuenta los policías estatales de Guanajuato están involucrados en lo que parece ser una ejecución extrajudicial, ahora en Santa Rosa de Lima, donde parece que todos sus habitantes han sido catalogados como criminales por el gobierno estatal.
Como en el caso del migrante Leonardo Reyes, en San Miguel de Allende, el gobierno de Guanajuato representado de forma casi plenipotenciaria por una funcionaria menor, la coordinadora de estrategia para la seguridad ciudadana, Sophía Huett, ha salido a realizar una defensa a ultranza y a priori de las fuerzas policiales.
Un joven de 26 años, Leonardo García Aguilar, resulta muerto por lo que la versión oficial califica de “enfrentamiento tras una persecución”. Como en el caso de Leo Reyes, la funcionaria – vocera exonera a los policías antes de cualquier investigación y declara que el fallecido fue víctima del “uso legítimo de fuerza letal”.
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