• Suspenso: relevos en el gobierno de Libia
• Espadas con transportistas, mala señal
• Asesinato de Iván, prueba para CONFIA

1.- Gabinete, un manojo de nervios

La decisión de la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para relanzar su gabinete y hacer cambios en áreas clave se está depurando y es un tema del que se habla cada vez más en su entorno más cercano.

Los candidatos y candidatas sobran, son muchas las dependencias donde la curva de aprendizaje no concluye, quizá nunca concluya, y los resultados están por debajo de las expectativas.

Se sabe que la mandataria ha decidido llevarlo con calma y subordinar los relevos en su equipo a los saldos que arroje el proceso de selección de candidatos de su partido a alcaldías y diputaciones, así como la propia elección.

Sin embargo, ese plan podría resultar en una equivocación fundamental, la de mezclar dos espacios que deberían responder cada uno a su propia lógica: el tema partidista y el de la gobernanza.

En el escenario estrictamente electoral, el PAN enfrenta su escenario más complejo en años, debido a la pérdida de espacios sufrida en 2024, al riesgo de perder la mayoría del Congreso, a la dependencia de las alianzas con otros partidos para salvar algunos distritos y municipios, las pugnas de corrientes al interior del PAN y el cerco desde el gobierno federal.

En el ámbito gubernamental, las necesidades y las urgencias son otras muy distintas: el proyecto emblema para dotar de agua a León no sólo no avanza, sino que está en riesgo; un proyecto federal gestionado por la mandataria, como el paso del tren por León, empieza a generar protestas por la liberación de derechos de vías que ya llegan a medios y redes; la atracción de inversiones se estanca por el entorno internacional y no surgen alternativas; la cultura está convertida en un lastre y la obra pública se retrasa.

Vincular las dos situaciones podría constituir un gran riesgo. Quienes no logren posiciones en la lotería electoral, tanto en el proceso interno panista como en la elección constitucional, pueden no ser los mejores prospectos para los relevos que el gobierno requiere. Se estaría privilegiando la compensación de lealtades políticas y no los perfiles, lo que podría originar que los resultados que se esperan de un cambio de gabinete no se dieran.

Hay que partir del principio de que los gabinetes se diseñan, no se rellenan y mucho menos se parchan con lo que hay a mano. Y el diseño proviene de los objetivos, no de las simpatías, las coincidencias o las amistades. Si de lo que se trata es de reparar decisiones originales que no funcionaron (hay derecho a equivocarse), hacerlo por las razones incorrectas significa repetir el error.

Pero, además, hay otra situación delicada. Las versiones que ya corren sobre cambios en el gobierno estatal desatan loterías y especulaciones. Los funcionarios del gabinete legal y del ampliado pasarán un duro trance hasta que se definan las áreas donde ocurrirán relevos.

Normalmente, ese tipo de movimientos, para surtir efectos y no dejar cicatrices, deben realizarse de un tajo y cuando nadie los espera. Así, los que se quedan están obligados a redoblar su esfuerzo al saber que nadie está seguro, pero también motivados por la nueva oportunidad, mientras los que se van solo tienen tiempo de tomar sus cosas y despedirse, permitiendo que los recién incorporados se apresuren a tomar los controles.

Una larga espera puede afectar el desempeño de todo el gabinete, paraliza a quienes tienen más pendientes y no deja de poner nerviosos a los demás. Esta situación ocurre además en la etapa previa a las elecciones, lo que puede contribuir a debilitar la entrega de resultados en los programas gubernamentales, algo inevitablemente asociado a la evaluación del partido en el gobierno.

Los cambios, en realidad, deberían servir para apretar la marcha del gobierno y llegar con mejor valoración a la cita electoral. No hacerlo, esperar a los comicios con un equipo cuyas fallas están bien identificadas pero se sobrellevan y después usar el mecanismo de relevo para premiar a perdedores o compensar a quienes debieron hacerse a un lado en las internas, puede no ser la mejor manera de sacar al gobierno de su marasmo y encaminarlo a un mejor rendimiento en la segunda parte del mandato.

2.- Espadas, primeros (malos) pasos

El defensor de la Patria, la Familia y la Libertad del PAN en León, Jorge Espadas Galván, ha sostenido sus primeras reuniones con empresarios leoneses. En sus redes sociales apareció con Jorge Videgaray, veterano priista o quizá ya ex priista a estas alturas, y con los empresarios del transporte urbano en León, encabezados por Daniel Villaseñor.

No parece la mejor manera de iniciar una defensa de las familias leonesas, tampoco de la patria chica, aunque quizá sí de la libertad empresarial tal y como se ha dado hasta ahora, sin freno y sin control y en detrimento de servicios necesarios para la comunidad.

En estos momentos en León se encuentra a debate la eficacia y la pertinencia del transporte público agrupado en un “sistema integral” que lo es ya solo de nombre, que maximiza sus ganancias con subsidios oficiales y que castiga a la población con incrementos cada dos años que superan el crecimiento de los ingresos de las familias.

El contrapunto en esa discusión lo han sido los estudiantes de las universidades que los propios gobiernos panistas han traído a León y que situaron en lugares alejados de la periferia como “detonadores” de un desarrollo que en realidad no se ha producido o al menos no de la forma equilibrada y racional que se quería. Los jóvenes se han movilizado contra el pésimo servicio y sus planteamientos encuentran eco en otros sectores de la población.

La gran pregunta es si los empresarios del transporte están dispuestos a buscar eficientar sus empresas sin cargar su rezago a los usuarios y, sobre todo, a transparentar los subsidios que reciben.

Que Espadas haya decidido reunirse con los representantes del monopolio camionero antes que con las organizaciones de usuarios más activas, habla una vez más de por dónde van los compromisos de quien aspira a ser el continuador de los gobiernos panistas en León.

Durante años se ha tenido información parcial de que los empresarios transportistas deben el trato privilegiado desde el gobierno, incluyendo la designación de funcionarios de movilidad afines a sus intereses, a los respaldos que ofrecen a las campañas del Partido Acción Nacional. La prioridad que el defensor (y precandidato) Espadas le ha dado a sentarse con ellos parece confirmar esa sospecha.

Pero más allá de suspicacias, lo relevante es que el modelo de transporte leonés está sumido en una grave crisis. Muchos ciudadanos no protestan, pero sencillamente han votado con los pies al alejarse del SIT y optar por otras alternativas de movilidad, como lo muestran los datos del descenso de usuarios y el crecimiento de la venta de motocicletas, un fenómeno que también el diputado Espadas intentó regular desde el Congreso con resultados a medias.

Lo cierto ahora es que el problema de la movilidad, componente fundamental del índice de competitividad de la ciudad que Jorge Espadas aspira a gobernar, no se resolverá sin la participación de los usuarios. Así que habrá que esperar si en las próximas reuniones de “defensa” aparecen otros personajes para ser escuchados por el aspirante panista, además de los dueños del capital.

3.- Iván, un asesinato extrajudicial

Lentamente, la familia de Iván López, el joven obrero que murió bajo disparos de policías estatales en San Felipe hace dos semanas, hace escuchar su voz, pese a un enorme muro de silencio de la mayoría de los medios de comunicación del estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos abrió ya una queja que solo se hizo pública cuando fue interpelada por reporteras de PopLab.

La familia la ratificó. Iván venía de un festejo en su motocicleta, lo atestiguan sus amigos y su familia. Trabajaba en una empresa de Puerto Interior, vivía en una comunidad de San Felipe. Nada le liga a actividades ilegales y menos a un presunto grupo delictivo que tenga por deporte agredir policías. Iván no tenía ni usaba armas de fuego.

Sin embargo, la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía del Estado, según informó su titular Gerardo Vázquez Alatriste, solo ha recabado las versiones de los policías estatales que dispararon para quitarle la vida a Iván. Es decir, en esa carpeta se sostiene la misma versión del comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad y Paz de Juan Mauro González, según la cual los policías fueron agredidos por disparos y respondieron matando a Iván.

No es un caso cualquiera. Cuando la gobernadora Libia Dennise García anunció su estrategia de seguridad CONFIA, la oferta fue la de reconstruir un entorno de paz y tranquilidad para las familias de Guanajuato, bajo la premisa de un esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno.

Esa promesa obliga a un respeto indeclinable por los derechos de las personas, a una policía que actúe de acuerdo a la ley y que no abuse de los derechos de las personas. Eso es lo que está en juego con el caso de Iván.

Ya hemos visto cómo, en otros hechos, el secretario de Seguridad, Juan Mauro González, antepone el espíritu de cuerpo al compromiso de la gobernadora de trabajar con la sociedad. Se han requerido intervenciones del Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, para frenar las ansias de sobreprotección del titular de seguridad a sus elementos.

Parece que esta vez operará el mismo camino para hacer justicia y para no dejar impune una presunta ejecución extrajudicial. Las explicaciones también están en la cancha del fiscal Vázquez Alatriste, otro funcionario necesitado de fortalecer su credibilidad, y de la ombudsperson Karla Alcaraz, de quien sigue haciendo falta un ejercicio más comprometido de su función.

Veremos cómo responden.