Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.
Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.
¿Estado de derecho? Foto: El Salmantino
El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.
Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
La función esencial de la superestructura jurídica que la sociedad ha construido es la de propiciar una convivencia civilizada, superar el inseguro estado de naturaleza, donde priva la ley del más fuerte, para generar un espacio civilizado y civilizatorio.
Cuando el máximo representante del Poder Ejecutivo de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, insiste en un discurso cuyo motivo esencial es el de la recuperación del estado de derecho en Guanajuato, realiza una dura crítica a gobiernos anteriores, incluyendo a aquel del que formó parte con Miguel Márquez a la cabeza.
Guadalupe Cayente, madre de Leo Reyes, con Alejandro Solalinde, en su peregrinar por la justicia que no encuentra en Guanajuato. Foto: Especial.
Sin embargo, la vía elegida para restaurar la civilidad en la sociedad de Guanajuato, para “serenarla” como gusta de frasear el presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece estar dando resultados.
Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay
posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG,
una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus
recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de
comunicación.
Esa situación ha pasado
a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje
cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y
su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la
sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos
guanajuatenses.
Columna Interactiva del martes 19 de maro de 2019. Los temas: *Inseguridad en León inaugura modalidad: te roban en restaurantes y no precisamente por la cuenta. *El gobierno estatal o acaba de integrarse, renuncia el subsecretario de Infraestructura Vial de la nueva Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. *La guerra sucia del Huachicol, entre videos y comunicados del Cartel de Santa Rosa de Lima, crece la incertidumbre en Gto. *Auxilio! Que alguien solucione las pésimas incorporaciones del Eje Metropolitano a la carretera 45 (León-Silao)
Este domingo en el consulado mexicano en Dallas, Texas, la dura realidad que viven los ciudadanos de Guanajuato en materia de seguridad, la misma que trata de ser minimizada por el nuevo gobierno, le estalló en las manos a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al enfrentar el justificado y valiente reclamo de unos padres que perdieron a su hijo a manos de policías que dependen directamente del mandatario.
Lo que se pretendía una gira “bonita y lucidora”, con reuniones en Cámaras de Comercio, líderes migrantes progobiernistas y asociaciones de políticos latinos, se convirtió de pronto en una extensión de la tierra sin ley en la que está convertida una parte nada desdeñable de la geografía guanajuatense.
La señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, sostiene la foto de su hijo en la protesta ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Foto: Cortesía.
La última aparición pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en este fin de año fue el pasado viernes 21 de diciembre: un evento con migrantes en Huanímaro, Guanajuato, donde anunció que las políticas dirigidas a ese sector no se verán afectadas por la disminución de los recursos federales del presupuesto 2019 hacia la entidad.
Antes de eso había subido un video a sus redes sociales y a la Web oficial del Gobierno del Estado con un mensaje navideño en el que lo acompañó su familia.
Celebrando migrantes antes de vacaciones, pero ni una palabra sobre Leo Reyes. Foto: Gobierno del Estado.
Guanajuato sigue siendo un estado de alta migración, pese al crecimiento económico de los últimos años. Tener un trabajo continuo en la industria de la construcción en Texas no se puede comparar con una plaza en cualquiera de las empresas del clúster automotriz de la entidad.
Esa era la historia de Leonardo Reyes Cayente, un joven de 23 años originario de una modesta comunidad de San Miguel Allende, San Damián, donde apenas habitan 50 familias. A los 16 años abandonó familia, comunidad y escuela para iniciar una aventura en Dallas.
Leo Reyes en vida. El vehículo donde fue abatido por policías estatales. Foto: San Miguel de Allende Noticias con Valor
