Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay
posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG,
una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus
recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de
comunicación.
Esa situación ha pasado
a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje
cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y
su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la
sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos
guanajuatenses.
El gobernador, rodeado de asesores cuyo fuerte es “la imagen”, pretende obviar la delicada situación que vive la entidad y dedicarse solo a las cosas agradables.
Como el padre de familia que no quiere darse cuenta de las disfuncionalidades en su casa y pretende superarlas celebrando rumbosamente una fiesta de 15 años para su primogénita, así el gobernador de Guanajuato, rodeado de un grupo de asesores cuyo fuerte es “la imagen”, pretende pasar por encima de la delicada situación que vive la entidad, dedicándose solo a las cosas positivas.
El Partido Acción Nacional, gobernante en el estado de Guanajuato desde 1991, parece adentrarse en una lógica de decadencia y descomposición política, visible en varias de sus prácticas, pero sobre todo en una que lo evidencia como pocas: el intento de controlar a los medios y de someter las opiniones independientes y críticas, bien por la vía de la censura, bien por la del ataque personal y el intento de desprestigio.
Que lejos, pero también que cerca estamos de ese 1991.
Lejos porque el PAN de entonces, representado por Vicente Fox Quesada, por Carlos Medina Plascencia, que luchaba por abrirse paso ante la maraña de intereses de los medios de comunicación de la época para hacer llegar su mensaje, no tiene nada que ver con el PAN de hoy, más hijo del PRI que del Maquío.
Algo está fallando en la comunicación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que apenas a una semana de cumplir sus primeros seis meses en el poder ya ve desplomarse la popularidad de la que gozaba su antecesor, Miguel Márquez Márquez y colocarse en una modesta media tabla nacional, lo que no es mucho dado el desprestigio de la mayoría de los mandatarios estatales.
Juan Aguilera Cid, quien fungió como el vocero de campaña de Diego Sinhue Rodríguez decidió no regresar al cargo que había ocupado en la primera parte del gobierno de Márquez y se mantuvo en su búnker de TV Cuatro, la televisora estatal que opera en forma descentralizada.
Mientras el gobernador Diego Sinhue presume el operativo conjunto de fuerzas federales y locales en una comunidad de dos mil habitantes en Villagrán, donde incluso se invertirán decenas de millones de pesos para construir infraestructura y afianzar la presencia del estado, a 25 kilómetros de ahí una ciudad de 300 mil habitantes es dejada a su suerte por todos los niveles del gobierno y sufre una cruda ola de violencia homicida.
No parece ser lógico ni explicable que mientras hay un operativo terrestre y aéreo con mil efectivos en Santa Rosa de Lima, que solo logra la detención de seis personas, en la ciudad donde se encuentran instalaciones estratégicas como una refinería y una termoeléctrica, ocurra la peor matanza en la historia de Guanajuato, con bandas criminales fuertemente armadas actuando en la más absoluta impunidad.
Poner a los ciudadanos por encima de las rencillas, lo que no ha pasado en Salamanca. Foto Especial.Read the rest of this entry »
Al día de hoy no queda claro si la acción policial para ingresar a Santa Rosa de Lima y perseguir al líder de una banda huachicolera, elevada al nivel de cártel en videos de YouTube y narcomantas, fue iniciada por el gobierno federal o por el del estado, con apoyo del primero.
Mientras Andrés Manuel López Obrador es enfático en declarar que se actúa en apoyo al gobierno de Guanajuato, el mandatario local Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insiste en agradecer la acción del gobierno federal.
La ocupación de Santa Rosa de Lima, posible por el apoyo de fuerzas federales de élite, dio cuerpo y sustancia al primer informe de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a grado tal que ocupó en ello más de la tercera parte de las dos horas que duró en el escenario.
Sin la operación antimarro, denominada oportunistamente “golpe de timón”, el informe de Sinhue se hubiera limitado a la conclusión de obras emprendidas por su antecesor y al anuncio de que la mayor parte de los programas de la anterior administración, proseguirán.
Primer informe a cinco meses: a dios rogando y con el mazo dando. Foto: Especial.
La idea de convertir las procuradurías de justicia del país y los estados en fiscalías generales autónomas buscaba sobre todo elevar el nivel de las instituciones encargadas de perseguir los delitos y atacar de raíz el crecimiento del fenómeno criminal y su violencia asociada.
La nueva institución estaba destinada a modernizar una función que fue rebasada por la complejidad del fenómeno criminal, a la que se le acumularon rezagos en todos sus niveles generando un aumento monstruoso de la impunidad y su consecuencia: el incentivo a las conductas ilegales al ser una realidad la falta de castigo.
Este domingo en el consulado mexicano en Dallas, Texas, la dura realidad que viven los ciudadanos de Guanajuato en materia de seguridad, la misma que trata de ser minimizada por el nuevo gobierno, le estalló en las manos a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al enfrentar el justificado y valiente reclamo de unos padres que perdieron a su hijo a manos de policías que dependen directamente del mandatario.
Lo que se pretendía una gira “bonita y lucidora”, con reuniones en Cámaras de Comercio, líderes migrantes progobiernistas y asociaciones de políticos latinos, se convirtió de pronto en una extensión de la tierra sin ley en la que está convertida una parte nada desdeñable de la geografía guanajuatense.
La señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, sostiene la foto de su hijo en la protesta ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Foto: Cortesía.
Cuando se llegue a las próximas elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el de Morena a nivel federal.
Sin embargo, más allá de ese triunfo cultural, que también podría ser el del porfirismo o de la vocación mexicana por el caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato y quizá el del país entero, está en vías de extinción y no por otras causas que las de su propia responsabilidad.
Por lo pronto en la entidad, los capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en desbandada, están literalmente en fuga.
