Al día de hoy no queda claro si la acción policial para ingresar a Santa Rosa de Lima y perseguir al líder de una banda huachicolera, elevada al nivel de cártel en videos de YouTube y narcomantas, fue iniciada por el gobierno federal o por el del estado, con apoyo del primero.

Mientras Andrés Manuel López Obrador es enfático en declarar que se actúa en apoyo al gobierno de Guanajuato, el mandatario local Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insiste en agradecer la acción del gobierno federal.

El operativo se llama “Golpe de timón”, que es una frase de campaña de Diego Sinhue, por lo que aquí se detecta una cortesía de López Obrador hacia el panista. Sin embargo, la carga de la operatividad en tierra y aire la tienen la Marina Armada de México y el Ejército.

Sin embargo, las ruedas de prensa y los partes informativos los protagonizan las autoridades locales; Fiscal, secretario de Seguridad y vocera estatal. Ahí es donde se ha decidido la estrategia de fortalecer la imagen de José Antonio Yépez, el Marro, como un capo exótico al estilo de Pablo Escobar, aunque la parafernalia no de para tanto.

Filtraciones hay en ambas esferas la federal y la local. Mandos militares informaron al diario Reforma que el fracaso en la detención del líder huachicolero se explica por complicidades de policías de al menos ocho municipios.

Doce operaciones de búsqueda y captura fallaron por esa causa, lo cual implica responsabilidades de estructuras municipales a cargo de alcaldes de varios partidos, incluido el PAN. Pero no solo eso, ya que prácticamente todas las corporaciones de la zona se encuentran bajo un mando único de facto que comanda el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Por parte del estado se filtró a Milenio la versión de que las 15 personas asesinadas en un bar de Salamanca este sábado, eran integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima y fueron agredidas por un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La versión no ahonda, pero logra el efecto de criminalizar a las víctimas de una masacre que consternó a ese municipio y al estado entero. Este ángulo no ha sido oficializado y solo queda en la versión de un medio que evita citar la fuente.

El panorama en general deja en claro que la operación no forma parte de un trabajo estratégico para frenar el crecimiento de la impunidad en Guanajuato. Si fuese cierta la versión expuesta por Milenio no se explicaría que los sicarios del CJNG logren dar con los hombres de El Marro, mientras fracasan en el intento más de mil efectivos de fuerzas federales y estatales.

Sería preocupante que ante el desmantelamiento de la estructura criminal y el poder de fuego de uno de los grupos que han ensangrentado a Guanajuato, prevalezca intacto el rival y pueda moverse con impunidad pese al intenso operativo vivido en estos días.

También es por demás delicado que, sin un trabajo de investigación detallado, y solo unas horas después del ataque y cuando apenas está ocurriendo la identificación de las víctimas, se maneje una versión que parecería sumamente irresponsable, atendiendo a la lógica de la ex procuraduría de Guanajuato, hoy fiscalía, de que la violencia solo ocurre entre presuntos criminales y solo los afecta a ellos.

La publicación de una filtración sin corroboración por parte del medio de comunicación, también resulta altamente preocupante y en nada contribuye a oxigenar las causas de lo que ocurre. Los medios parecemos ser más parte del problema que de la solución del deterioro social que se vive.

Esa explicación se ha probado falsa una y otra vez y ha servido para criminalizar a víctimas colaterales o para minimizar el daño social de la violencia. De la misma manera, esa lógica ha fracasado en contrarrestar la violencia criminal, en ascenso creciente los últimos años.

Si el gobierno de Diego Sinhue o el de López Obrador pretenden un acompañamiento social en el esfuerzo por luchar contra la impunidad, como tendría que ser, lo menos que pueden ofrecer es una política de comunicación que respete la inteligencia de los ciudadanos y que rechace por completo del esquema de propaganda facilona que una y otra vez es diluido por la realidad.

Menos filtraciones y más comunicación, sería lo deseable. O no eran para eso los nuevos cargos creados para vocerías. Si no era así, será dinero tirado a la basura.