La idea de convertir las procuradurías de justicia del país y los estados en fiscalías generales autónomas buscaba sobre todo elevar el nivel de las instituciones encargadas de perseguir los delitos y atacar de raíz el crecimiento del fenómeno criminal y su violencia asociada.
La nueva institución estaba destinada a modernizar una función que fue rebasada por la complejidad del fenómeno criminal, a la que se le acumularon rezagos en todos sus niveles generando un aumento monstruoso de la impunidad y su consecuencia: el incentivo a las conductas ilegales al ser una realidad la falta de castigo.
Todo el poder. Foto: Milenio.