Cuando en todo el mundo arrecia la preocupación y las exigencias de acciones concretas para detener el deterioro ambiental y sus consecuencias, como el cambio climático, los desastres naturales asociados y el incremento de las presiones migratorias, en Guanajuato parece que seguimos anclados en la irresponsabilidad del pasado.
No puede entenderse que el gobierno encabezado por Diego Sinhue Rodríguez se plantee revoluciones imaginarias, imitación de sociedades distintas y distantes, y la búsqueda de un primermundismo discursivo, cuando la realidad nos devuelve una y otra vez a la precaria situación que vivimos, teñida de desigualdad, de carencia de estado de derecho y de impunidad.
Hoy me limitaré a abordar el tema ambiental, aunque no puedo dejar de mencionar la inquietante realidad que se vive en buena parte de los municipios del centro y sur del estado, donde la actuación rampante de grupos del crimen organizado ha creado de facto un toque de queda producto del terror y de la ausencia de gobierno. Ya hablaremos de eso.
Pero muy poco puede hacerse para combatir la inseguridad cuando el estado renuncia a facultades tan elementales como las de normar el desarrollo equilibrado y sustentable y permitir triquiñuelas para que personajes influyentes lucren con una de las escasas reservas forestales de una entidad que si algo le hace falta son árboles.
Al llegar a la treintena de años en el poder estatal, les falta uno, el partido Acción Nacional ya ha visto pasar tres generaciones diferentes de políticos. La historia no parece haberse acumulado para generar una experiencia positiva para la población, si en cambio para que se acentúen vicios y se genere una clase política plagada de complicidades y que se decanta a la corrupción cada vez con mayor cinismo.
A los Fox y Medina los relevaron los Oliva y Márquez. El empujón inicial de la visión empresarial y la llegada del primero a la presidencia de la República consolidaron el impulso al proyecto de atracción de inversión extranjera como el principal eje rector del proyecto panista en Guanajuato.
Los operadores electorales que siguieron a los políticos empresarios no tenían la misma visión, pero sabían como ganar elecciones y como generar clientelas electorales más o menos permanentes.
El empresario inmobiliario y diputado por el PAN Sergio Fernando AscencioBarba ha pasado a la ofensiva para defender el desarrollo turístico y habitacional que realiza en casi 7 hectáreas ubicadas en la Sierra de Santa Rosa, una de las últimas reservas forestales que sobreviven en la entidad y donde se origina el abasto histórico de agua para la ciudad de Guanajuato y la única fuente del líquido para las comunidades serranas.
Para tratar de refutar la investigación periodística de la reportera Carmen Pizano, publicada en POPLab y reproducida en sitios como Pie de Pagina y Julio Astillero, el diputado Ascencio, quien además es integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso de la Unión, exhibe la portada del oficio número GTO.131.1.2/0022/16 emitido por la delegación estatal de Semarnat el 22 de enero de 2016 y rubricado por el delegado Israel Cabrera Barrón.
Quizá lo peor de todo no sea que Guanajuato tenga un promedio de 10 asesinatos diarios, que sus calles sean un campo de batalla y que el crimen no respete ni hospitales ni iglesias. Lo peor es que sus autoridades nos quieran seguir dorando la píldora, haciendo creer que no pasa nada y que seguimos siendo la Atenas de por acá, como se burlaba Jorge Ibargüengoitia.
En ese intento de simulación, imposible por donde se le vea, no están solos, los gobernantes de Guanajuato cuentan con la complicidad de casi todos los medios de comunicación de Guanajuato, que publican los asesinatos de uno en uno, en las páginas rojas de sus ediciones en papel, electrónicas y digitales, sin sacar conclusiones, solo para vender, porque “los muertos venden”, pero sin hacerse cargo de lo que eso significa para la sociedad que lo padece.
Cuentan también con la complicidad de los partidos políticos de la entidad, al borde de la desaparición e inmersos en la búsqueda de formas cada vez más ignominiosas de complacer al poder.
Casi sin darse cuenta, el poderoso Fiscal General de Guanajuato perdió dos importantes batallas esta semana: una de ellas en la sucesión del Poder Judicial del estado, con la llegada de un magistrado fuertemente influenciado por Miguel Valadez Reyes, un ex procurador de justicia del estado; la otra, al empeñarse a fincar el delito de terrorismo a los ciudadanos de Cuerámaro que se amotinaron en protesta por la liberación del presunto responsable de un multihomicidio que originalmente se clasificó como culposo, pero que toda la evidencia muestra que fue doloso.
Con el arribo de Héctor Tinajero Muñoz, haiga sido como haiga sido, llega a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato un abogado penalista defensor del sistema penal acusatorio, un modelo que Carlos Zamarripa nunca ha sabido asimilar y del que se ha convertido en gran detractor, porque a sus expedientes no les va nada bien, sobre todo por sus deficiencias jurídicas y procesales.
El abogado Roberto Saucedo Pimentel y el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas hemos tenido el dudoso honor de ser los primeros protagonistas de un juicio por daño moral, la figura que sustituyó a la difamación de honor como instrumento legal para acotar la libertad de expresión.
Ilustración: @PincheEinnar
A diferencia de otros casos a nivel nacional, nuestro demandante no es un político molesto por la crítica, sino un empresario de medios de comunicación que ha convertido a una modesta televisora en un canal de cable de la capital del estado y algunos otros municipios, en instrumento de presión e influencia pública al servicio de intereses particulares, tanto de índole económico como político.
