• Seguritech: corrupción, la marca de la casa
• Luis Ernesto Ayala, la estigmatización
• Eco: otra sombra de Sinhue sobre Libia

1.- Seguridad y contratismo de compadres

Desde 2012, la empresa Seguritech Privada ha dejado una impronta en Guanajuato: opacidad, elevados contratos, relación privilegiada con los gobernantes, beneficios particulares. Por esa senda han acumulado más de 13 mil millones de pesos en adjudicaciones directas. Es un mundo de dinero, quizá sea la empresa más exitosa del padrón de proveedores del Estado y de los municipios en la entidad.

Al paso del tiempo, su reputación dudosa no hizo más que aumentar, en medio de la complacencia de buena parte de la clase política y su práctica invisibilidad ante los medios de comunicación de Guanajuato. Su diversificación los llevó de los temas de seguridad al desarrollo de un parque industrial, a cultivar viñedos y al negocio turístico.

Siempre les ha cobijado el favor gubernamental. Miguel Márquez, Diego Sinhue Rodríguez y Libia Dennise García han avalado los grandes contratos para Seguritech, empresa propiedad de Ariel Picker Schatz y representada en Guanajuato por Daniel Esquenazi Beraha.

Pero no se limitan a verse favorecidos por los gobernadores, también cultivan a los segundos mandos: Juan Ignacio Martín Solís, Héctor Salgado Banda, Carlos Zamarripa Aguirre, Alvar Cabeza de Vaca, Juan Carlos Alcántara, Aldo Márquez, fueron siempre huéspedes y anfitriones de los empresarios de Seguritech.

Les dieron el negocio de la red oficial de Internet en el estado, los recomendaron a los municipios para que recibieran contratos con aval estatal, les vendieron terrenos a precio de ganga, les destinaron presupuestos de obra pública para beneficiar sus emprendimientos privados. Fuera de las grandes armadoras, no ha habido otra empresa que logre tanto apoyo del sector público, por encima y por debajo de la mesa.

Pero Seguritech no era Toyota ni Mazda. La empresa llegó a Guanajuato siendo apenas una startup de limitados alcances. Hoy, gracias a los favores de los funcionarios públicos de Guanajuato, es un gigante que actúa en medio país y el método de la amistad provechosa con políticos se ha convertido en la marca de la casa.

El escándalo de la semana es el patrocinio de los numerosos vuelos privados realizados por la gobernadora morenista Mara Lezama. El diario Reforma reveló que PabeTax, empresa del grupo Seguritech cuyo apoderado es René Bustos Soler, el mismo que firma los multimillonarios contratos de videovigilancia en varios estados del país, incluyendo Quintana Roo, es la dueña de los jets en los que la mandataria y su familia han realizado al menos 43 vuelos a destinos turísticos como Orlando, en Florida; y Vail, en Colorado.  

La base de datos publicada por PopLab y Connectas en el reportaje La Rentabilidad del Miedo, exhibe con evidencia documental la relación entre las distintas empresas de la red en torno a Seguritech y los accionistas y apoderados que comparten, como Pabe Tax. Hasta ahora, ni la empresa ni la gobernadora han mostrado las facturas que comprueben por quién fueron cubiertos los servicios, cuyo costo excede notoriamente los ingresos declarados por la funcionaria.

En Guanajuato conocemos la forma de operar de Seguritech. Ahí está la ineludible muestra de la casa “rentada” por Daniel Esquenazi al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez en el suburbio más caro de Houston. La mansión fue abandonada por el político guanajuatense en cuanto se hizo público el tema, evidenciando que las cosas no estaban muy claras como para ser explicadas. 

Desde entonces, Sinhue optó por desaparecer de la escena pública, aunque la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato, a cargo de la priista Arcelia González, se encargó de exonerarlo de cualquier responsabilidad con la justificación de que “Esquenazi no es empleado ni apoderado de Seguritech”, no obstante que cobra cientos de millones de pesos al año como comisionista.

El esquema de contratos a cambio de favores, con el que Seguritech se convirtió en la empresa más exitosa de tecnología para la seguridad, hace agua por todos lados. Miguel Márquez, Diego Sinhue, Mara Lezama y Libia Dennise García no son los únicos gobernadores que sufrirán las consecuencias de mantener a esta empresa y a sus subsidiarias como las favoritas en sus ejercicios presupuestales. 

Muchos otros gobernadores en activo están en las mismas circunstancias: Mauricio Kuri, en Querétaro; María Eugenia Campos, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala, verán cómo estos temas asoman en las campañas políticas el próximo año. 

La empresa, por cierto, nunca ha dado la cara para explicar sus métodos de negociación y sus asociaciones poco claras con los gobernadores, los alcaldes y los secretarios de seguridad que los han favorecido al grado de obtener ganancias similares a las empresas norteamericanas que se desempeñan en el mismo ramo, como la polémica Flock Safety, presente en 49 estados de la Unión Americana, la cual además está siendo fuertemente cuestionada por activistas y ciudadanos a causa de su excesiva invasión de la privacidad y la falta de claridad en el manejo de los datos que recaba.

Si además se toma en cuenta que la onerosa tecnología comprada a Seguritech impacta de manera insignificante en los índices delictivos, la gran interrogante será saber si después de las renovaciones de gubernaturas en 2027, la empresa mantendrá los contratos con los nuevos gobiernos y se sostendrá en su mismo esquema opaco de negociación y contratismo de compadres. 

¿Será que nuestra clase política, sin importar partidos, no tiene remedio? 

2.- Luis Ernesto, ¿caballo de Troya?

Regidoras de oposición en el cabildo leonés denunciaron el uso de las bases de datos de las directivas de colonos para favorecer la recolección de apoyos en favor de Luis Ernesto Ayala, dentro de la contienda panista para elegir defensores de la familia, patria y libertad, en la que se considera una precampaña velada hacia la elección de junio del 2027.

Los hechos fueron presentados por los 3 regidores de Morena y respaldados por comentarios de la regidora independiente. Fueron señalados funcionarios y exfuncionarios del municipio, aparentemente, como promotores de la recolección de firmas ciudadanas para cubrir uno de los requerimientos del proceso panista.

Llama la atención que sobre ello no se pronunciaron los ediles panistas, algunos de los cuales están participando activamente en la precampaña del expresidente del consejo del Implan, como es el caso del síndico Román Cifuentes y algunas regidoras.

Una primera explicación del tema sería que la administración de León no se movió en automático hacia Movimiento Ciudadano, tras el anuncio de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para dejar el PAN y afiliarse a su nuevo partido. Los panistas del municipio, que son muchos y de gran antigüedad, podrían estar trabajando en favor de los intereses de Luis Ernesto, al igual que lo hacen los empleados del Congreso con Jorge Espadas y los de dependencias estatales con Alan Márquez.

En ese caso, la denuncia de la oposición no debería limitarse al caso de Ayala, sino que podrían agarrar parejo. Seguramente lo mismo ocurre en otros municipios donde los contendientes tienen cargos públicos, incluso algunos son alcaldes y alcaldesas en funciones.

Sin embargo, la denuncia de Morena ha sido tomada con otro sesgo por parte de algunos panistas, sobre todo los que contienden contra el exalcalde. En ese entorno se maneja que el apoyo del municipio de León a Luis Ernesto Ayala tiene que ver con instrucciones directas de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y que se trataría de un intento de interferir en la política panista desde un movimiento opositor.

Esta hipótesis se utiliza sobre todo para descalificar a Luis Ernesto y contraponerlo con la gobernadora Libia Dennise García, al intentar trasladar a aquel la presunta rivalidad política de la mandataria con la alcaldesa.

Lo delicado de este intento es que exhibe lo que el método panista ha tratado empeñosamente de ocultar: que la decisión sobre los futuros defensores de la patria y obvios precandidatos a las alcaldías partirá de una elaborada valoración técnica y no de un dedazo simple y llano.

Advirtiendo los enredados tiempos que corren, puede ser que la realidad tenga algo de ambas versiones.

3.- Eco: otra herencia negra de Sinhue

En pocas semanas le estallará una nueva crisis a la gobernadora Libia García, proveniente de las muchas circunstancias problemáticas que le fueron heredadas por su antecesor y protector político, el hoy desvanecido Diego Sinhue Rodríguez. 

Se trata de la construcción de la nueva sede del gobierno en el Parque Bicentenario de Silao, otra herencia maldita, pero esa del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, quien edificó un elefante blanco que por más de tres lustros ha sido una onerosa carga para el erario público sin reportar ningún beneficio.

Sinhue entregó al Consorcio Constructor Eco del Bajío, propiedad de José Luis Infante Apolinar, el contrato para edificar dos edificios destinados a oficinas gubernamentales para trasladar dependencias que tradicionalmente se han ubicado en la ciudad de Guanajuato y que ya resultan insuficientes.

Los problemas vinieron cuando el exgobernador decidió hacer eso en los últimos meses de su mandato y, ante la falta de presupuesto estatal, le endilgó el financiamiento de la obra al fondo de pensiones que maneja el ISSEG, bajo un modelo donde el Estado pagará renta y generará dividendos superiores a los que obtiene la paraestatal en sus inversiones en valores.

De acuerdo al plan, el ISSEG invertiría poco más de mil millones de pesos en ambos edificios. La cifra sonaba utópica y seguramente será rebasada ampliamente, sobre todo a causa del retraso en la obra propiciado por Eco, que se alargará a dos años del plazo original. Actualmente, se ha fijado un ultimátum para que concluya a fines de 2026, pero el avance es apenas de poco más de la mitad en casi dos años.

Contribuye al retraso la baja eficiencia del secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, quien parece feliz disfrutando de su nuevo cargo en toda clase de eventos públicos, sean o no de su área, y que está entregando pésimos resultados en otras obras emblemáticas para el estado. 

Es el caso de la carretera Silao-San Miguel de Allende, donde los terrenos no acaban de liberarse, lo que se suma a la inconformidad generada por la entrega de la autopista de cuota Silao-Guanajuato, para incrementar las críticas a esa otra polémica decisión de último minuto de Sinhue.

El propio Infante también tiene un retraso de años en la construcción del Instituto de Formación en Seguridad Pública (INFOSPE), el cual, en un rapto de inconsciencia y de soberbia, Sinhue ubicó en el polígono situado entre Celaya y Villagrán, a unos metros de la comunidad de Santa Rosa de Lima, origen del cartel del mismo nombre y donde hasta la fecha no ha logrado recuperarse la paz ni el estado de derecho, como pomposamente lo anunciara el exgobernador.

No son decisiones en las que haya intervenido la actual gobernadora, pero sin duda son temas que impactarán en el balance de su gobierno, si continúan convertidas en las papas calientes que dejó Sinhue y que han complicado aún más personajes como José Luis Infante y Juan Pablo Pérez.