Solo después de una reacción popular enconada, que tuvo uno de sus picos en los abucheos e insultos a la presidenta municipal en el grito del domingo, después de fuertes reclamos empresariales y luego de asesinatos que conmovieron a todo Guanajuato y ocuparon espacios en medios nacionales, el fiscal y sus muchachos se decidieron a actuar contra los extorsionadores de Celaya.
Para toda la tecnología que se ha comprado a alto costo, para toda la presunción de cientificidad de los policías estatales, para toda la parafernalia sobre la restitución del estado de derecho del gobernador Sinhue, el logro de haber atrapado a una banda de la que formaban parte dos policías en activo, con 800 mil pesos en activos y un pequeño arsenal, parece demasiado pobre y tardío para festinarlo por todo lo alto.
Sobre todo, parece pobre porque ocurre nueve meses después del inicio de la ofensiva contra la mayor fuerza criminal de la región y seis meses después del anuncio del propio gobernador de que se había restablecido el estado de derecho en Santa Rosa de Lima, en Villagrán, a pocos kilómetros de Celaya.
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