Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.
La primera, la mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que significó la construcción del parque bicentenario de Silao.
Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.
Con un sesgo autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión, no de persecución ni forense.
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Video Columna Interactiva martes 30 de abril de 2019. ¡Feliz Día del Niño y de la NIña!
Los temas: Unidad de Inteligencia Financiera, nuevo caso de acoso en gobierno. Presencias en la FENAL 2019. Gracias por sumarse y por opinar con toda libertad.
La idea de convertir las procuradurías de justicia del país y los estados en fiscalías generales autónomas buscaba sobre todo elevar el nivel de las instituciones encargadas de perseguir los delitos y atacar de raíz el crecimiento del fenómeno criminal y su violencia asociada.
La nueva institución estaba destinada a modernizar una función que fue rebasada por la complejidad del fenómeno criminal, a la que se le acumularon rezagos en todos sus niveles generando un aumento monstruoso de la impunidad y su consecuencia: el incentivo a las conductas ilegales al ser una realidad la falta de castigo.
Todo el poder. Foto: Milenio.
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Este domingo en el consulado mexicano en Dallas, Texas, la dura realidad que viven los ciudadanos de Guanajuato en materia de seguridad, la misma que trata de ser minimizada por el nuevo gobierno, le estalló en las manos a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al enfrentar el justificado y valiente reclamo de unos padres que perdieron a su hijo a manos de policías que dependen directamente del mandatario.
Lo que se pretendía una gira “bonita y lucidora”, con reuniones en Cámaras de Comercio, líderes migrantes progobiernistas y asociaciones de políticos latinos, se convirtió de pronto en una extensión de la tierra sin ley en la que está convertida una parte nada desdeñable de la geografía guanajuatense.
La señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, sostiene la foto de su hijo en la protesta ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Foto: Cortesía.
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Muchos de los argumentos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha salido a enumerar, finalmente, para defender su decisión de empujar con todo a Carlos Zamarripa a la Fiscalía General, lo que por cierto aumenta su “carnalidad”, no parecen haber aplicado en otros cargos de su gabinete.
La larga experiencia de Zamarripa, diez años al mando del Ministerio Público, lo que para muchos se traduce en ceguera de taller, en creación de intereses y en generación de vicios, le falta precisamente a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes, quien carece de la más mínima noción de las técnicas de rendición de cuentas en los presupuestos públicos.
¿Y la curva de aprendizaje, apa? Foto: guanajuato.gob.mx
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Junto con la comprometedora declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de que “mete las manos al fuego” por el procurador Carlos Zamarripa para que se convierta en un fiscal general de nueve años de duración, surgió una orquestada campaña mediática en respaldo a la designación.
Columnistas cercanos a la actual administración estatal, bien por lazos de amistad bien por el compromiso de poco transparentes contratos publicitarios, coincidieron en apuntalar la polémica decisión de mantener a un funcionario por dos décadas en la procuración de justicia con argumentos que se antojan absolutamente pueriles.
Desoídos. Foto: Zona Franca
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En Guanajuato vivimos una realidad cambiada. Si en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se dibujan matices de un país en el que muchos no nos reconocemos, en nuestra entidad tampoco cantamos mal las rancheras, con un gobernador que ha decidido asumirse como un simple encargado de despacho.
Este martes coincidieron dos eventos que no parecen ser ajenos.
Por una parte, el exgobernador Miguel Márquez acudió a una reunión de la Comisión Permanente del PAN donde se dejó retratar junto al dirigente nacional Marko Cortés, acompañado de la irremplazable Juana de la Cruz Martínez, del dirigente estatal Román Cifuentes y de la diputada Alejandra Gutiérrez.
Estado mayor, círculo de hierro. Foto: Twitter @miguelmarquezm
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Decían los clásicos antiguos que “los dioses ciegan a los que quieren perder”. Hoy lo fraseamos de manera diferente y se habla de como afectan a quienes deben tomar decisiones lo que sicólogos y estrategas llaman “el lado ciego”.
Es el caso de la decisión que ya ha asumido el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no sabemos si tomada por él o impulsada por suprapoderes en la sombra, para darle un mandato autónomo de 9 años a Carlos Zamarripa como el primer Fiscal General del Estado.
La decisión y las consecuencias. Foto: Periódico A. M.
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En campaña, cuando prometer no empobrece, el aspirante panista a la gubernatura de Guanajuato firmó, sin que le temblara la mano, los once compromisos contra la corrupción que le pusieron enfrente las distintas agrupaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Guanajuato.
Al aceptar la propuesta, impulsada a nivel nacional por el sindicato patronal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a concretar desde su gobierno los siguientes puntos:
1. Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas.
2. Acatar y publicar observaciones de auditorías.
3. Eliminar archivos de papel, cumplir con la ley de archivos y de transparencia.
4. Publicar voluntariamente la “3de3” de todo el gabinete.
5. Unificar Padrón de Beneficiarios de los servicios públicos.
6. Establecer requisitos para proyectos de infraestructura y disponer toda la información en datos abiertos.
7. Impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
8. Informar oportunamente sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas.
9. Realizar las compras a través de CompraNet nacional.
10. Reducir al mínimo los pagos en efectivo.
11. Respaldar independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción
A cuatro meses: ni tres de tres, ni fiscal, ni nada. Foto: Especial.
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