Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está “tan abierto”, “tan sensible”, “tan cercano” y “tan comprensivo” con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
La comprobación más clara de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha decidido asumirse como un mero encargado de despacho y no como el jefe del Poder Ejecutivo de Guanajuato, la exhibe su actitud frente al fiscal que él mismo eligió y que simplemente formalizó el Congreso mediante el pase automático: Carlos Zamarripa Aguirre.
Salvo las historias que Zamarripa construye para documentar su pretendida excelencia, como las certificaciones a modo o la buena relación con alguna parte de la burocracia policial norteamericana, todos los demás indicadores son desastrosos: Guanajuato es, renglón a renglón, un estado más violento, más inseguro, más caótico y más desestabilizado que cuando Carlos Zamarripa asumió el cargo en 2009.
Las violaciones a los derechos humanos se mantienen y escalan, la tortura ha regresado, como lo reconoce incluso la insulsa Procuraduría de los Derechos Humanos que padecemos. En los últimos años tenemos ejecuciones extrajudiciales como la de Leonardo Reyes Cayente, que caen en un terreno no solo de impunidad, sino de complicidad del procurador con su compadre el secretario de seguridad.
Algo profundo está podrido en la procuración de justicia de Guanajuato, cuando el presunto asesino doloso de 4 niñas en Cuerámaro está prófugo gracias a la protección de su padre, un funcionario que goza de “permiso económico” de la Secretaría de Educación, mientras 17 personas que exigían justicia y traspasaron los límites de una protesta pacífica, permanecen presos acusados de terrorismo, por el selectivamente implacable fiscal Carlos Zamarripa.
Protesta en León el jueves 6 de mayo. Foto: Facebook
Algo profundo está torcido en Guanajuato, cuando la fiscalía del estado festeja por todo lo alto la detención de la “compañera sentimental” del líder huachicolero más buscado del país, pero a los pocos días esta sale libre por “fallas en el cateo” realizado por esa misma fiscalía, sin una orden judicial.
Algo muy grave pasa en Guanajuato cuando un empresario veracruzano es detenido por los guardias de corps del gobernador del estado, por el pecado de entrar a visitar a una persona al clúster donde vive el mandatario acompañado de guardias armados, justo como se pasean buena parte de los empresarios leoneses y resulta vinculado a proceso por el testimonio de policías que ni siquiera estuvieron presentes en la detención.
Hoy, una charla con el académico e investigador del IIJ de la UNAM y de Flacso Luis Daniel Vázquez, en torno a la afectación que provoca en Guanajuato la designación de un Fiscal Carnal como Carlos Zamarripa.
1.- Miguel
Márquez: la corrupción no quita popularidad
Hay por lo menos seis casos emblemáticos de la opacidad y la cancha abierta a la corrupción con la que se manejó el gobierno de Miguel Márquez Márquez, el gobernador que engañó a la mayor parte de los guanajuatenses y se retiró del gobierno con la mayor popularidad de un mandatario en tiempos recientes ya habiendo dejado a un delfín que le sigue rindiendo pleitesía.
Bárbara Botello Santibáñez fue alcaldesa de León gracias sobre todo a dos historias de corrupción. Después vendría la suya propia.
La primera, la
mayor, fue la de Juan Manuel Oliva, alimentada con toneladas de tinta por el
diario A. M. de León, tras las investigaciones sobre la compra de los terrenos
de la refinería de Salamanca a sobreprecio; así como el despilfarro que
significó la construcción del parque bicentenario de Silao.
Aferrado a la idea de otorgarle todo el poder a su alcance a Carlos Zamarripa Aguirre, olvidándose incluso de que se trata de una institución ya autónoma por ley, el gobernador de Guanajuato ha calificado como simples “fobias” las críticas de algunos sectores hacia la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Fiscalía de Guanajuato.
Con un sesgo
autoritario, el mandatario evade el debate de fondo sobre la verdadera tarea de
una Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo carácter es técnico y de previsión,
no de persecución ni forense.
Video Columna Interactiva martes 30 de abril de 2019. ¡Feliz Día del Niño y de la NIña! Los temas: Unidad de Inteligencia Financiera, nuevo caso de acoso en gobierno. Presencias en la FENAL 2019. Gracias por sumarse y por opinar con toda libertad.
La idea de convertir las procuradurías de justicia del país y los estados en fiscalías generales autónomas buscaba sobre todo elevar el nivel de las instituciones encargadas de perseguir los delitos y atacar de raíz el crecimiento del fenómeno criminal y su violencia asociada.
La nueva institución estaba destinada a modernizar una función que fue rebasada por la complejidad del fenómeno criminal, a la que se le acumularon rezagos en todos sus niveles generando un aumento monstruoso de la impunidad y su consecuencia: el incentivo a las conductas ilegales al ser una realidad la falta de castigo.
Este domingo en el consulado mexicano en Dallas, Texas, la dura realidad que viven los ciudadanos de Guanajuato en materia de seguridad, la misma que trata de ser minimizada por el nuevo gobierno, le estalló en las manos a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al enfrentar el justificado y valiente reclamo de unos padres que perdieron a su hijo a manos de policías que dependen directamente del mandatario.
Lo que se pretendía una gira “bonita y lucidora”, con reuniones en Cámaras de Comercio, líderes migrantes progobiernistas y asociaciones de políticos latinos, se convirtió de pronto en una extensión de la tierra sin ley en la que está convertida una parte nada desdeñable de la geografía guanajuatense.
La señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, sostiene la foto de su hijo en la protesta ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Foto: Cortesía.
RT @MaritzaLFelix: “Los acuerdos de paz sólo son el preámbulo de una nueva era de despojos, decían los abuelos”, dice el guatemalteco Omar… 5 hours ago
