* Seiscientos mil adictos en Guanajuato duplican población de Islandia

* Derechos humanos, de válvula de escape a motivo de agravio social

* Dos jueces exhiben el sesgo de la justicia procurada por Zamarripa

1.- Si no quieres que un problema se resuelva, organiza un congreso

La declaración de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad de Guanajuato desde el 2012, durante una entrevista radiofónica el lunes pasado en el noticiero En Línea, tenía que haber parado las prensas de los medios de comunicación.

De acuerdo al funcionario, que externo los datos con tranquilidad, casi con parsimonia, en Guanajuato se estima un universo de 600 mil adictos a algún tipo de droga ilegal, permanentes y ocasionales. Los datos están cruzados con observaciones de la Secretaría de Salud.

Cabeza de Vaca lanzó la cifra de 100 pesos diarios de gasto por persona en compra de drogas, lo que significa 60 millones de pesos al día, es decir 21 mil 600 millones de pesos al año.

Se trata de un 10 por ciento de la población de Guanajuato la que estaría constituyendo el mercado de compradores de droga y el valor del mercado anual de las adicciones equivale a un 23 por ciento del presupuesto del estado de Guanajuato para 2022.

Para tomarle el pulso a esta cifra habría que compararla con el gasto anual de algunas actividades: el mercado de la venta de droga equivale al 86 por ciento del gasto en educación; supera dos veces y media el presupuesto conjunto de la fiscalía del estado y la secretaría de seguridad; es una vez y media el gasto de salud; y equivale al presupuesto sumado de todas las universidades públicas, politécnicos , tecnológicos de Guanajuato, la comisión del deporte y el DIF.

El dato es monstruoso y ameritaría un estudio serio, avalado por instituciones académicas y por organizaciones de la sociedad civil.

De ser cercana a la realidad la cifra expuesta por Cabeza de Vaca, lo que no tenemos por qué poner en duda dado el conocimiento del tema del declarante, el problema de las adicciones y sus derivaciones constituye el mayor reto de Guanajuato. De ese fenómeno derivan actividades criminales de alto y bajo impacto, guerra por el control de los mercados, corrosión del tejido comunitario, desintegración familiar, deserción escolar, ausentismo laboral, accidentes, entre otras muchas secuelas.

Es el mayor problema de gobernabilidad de Guanajuato y también de gobernanza, entendida la primera como el proceso de intervención de la autoridad en la negociación de intereses contrapuestos entre grupos sociales diversos, y la segunda como la eficacia del gobierno para responder a los reclamos sociales.

El estado no puede renunciar al atender el reclamo de recuperación de la paz, ni tampoco usar la realidad solo para justificarse. Si la mayor corrosión de la tranquilidad es el crecimiento del consumo de drogas, el problema tiene que ser atendido en la dimensión que corresponda.

No parece muy útil, en este contexto, atacar el monstruo de las adicciones con un programa periférico, no probado en nuestra realidad, usado solo como propaganda y sin objetivos precisos. Hasta hoy solo se ha anunciado un presupuesto de 50 millones de pesos para tropicalizar el programa islandés Planet Youth como instrumento de combate a las adicciones, monto que no equivale ni siquiera al consumo de drogas de un solo día, de acuerdo a las cifras de Cabeza de Vaca.

Hablando con algunos de los responsables, observo diferencias de criterios preocupantes. Un alto funcionario del gabinete social me explicaba que el objetivo del programa no es la población de adictos, esos 600 mil, sino evitar que se sumen nuevos consumidores a ese mercado. En cambio Cabeza de vaca en el mismo programa radiofónico expuso que el objetivo del programa nórdico es atender a quienes ya son adictos.

Por su parte, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, realizó un viaje a Islandia esta semana donde acordó la realización de tres congresos para la prevención de adicciones con una institución islandesa de investigación y análisis sociales. De entrada, se antoja que un problema de la magnitud del que tiene Guanajuato, difícilmente será atendido con la realización de actividades de corte académico y divulgativo.

Solo hay que pensar que la cantidad de adictos a las drogas en Guanajuato representa casi el doble de la población total de Islandia, lo que pondría en duda una metodología probada en circunstancias y magnitudes muy distintas. En ciencias sociales, el tamaño y el contexto si importan.

Seguramente los acuerdos signados por el mandatario implican pago de cuotas a las instituciones islandesas, mientras en Guanajuato se recortan recursos a las instituciones educativas locales, se despide personal, se desprecia la capacidad local de análisis y se opta por soluciones sofisticadas donde más que soluciones lo que se busca es comprar prestigio.

Ya quedó en el olvido Singapur, el primer faro internacional que se quiso adoptar como modelo para Guanajuato. Su principal promotor, Mauricio Usabiaga, está de regreso en sus negocios y fuera del gobierno, después de perder tres años en la política industrial de la entidad.

¿Funcionará Islandia? Lo veremos en poco tiempo, pero sería lamentable que en un afán de generar imagen y llamar la atención, se desperdicie de nuevo tiempo vital en un problema que amenaza con rebasar, si no es que ya lo hizo, la capacidad institucional para atenderlo.

2.- La crisis de derechos humanos se acentúa por inacción de Prodheg

Lo único novedoso que ha realizado Vicente Esqueda Méndez como procurador de los derechos humanos en Guanajuato, aunque totalmente insustancial, es cambiar el logotipo y la imagen de la institución. De allí en más todo es retroceso.

En datos que deberían ser de escándalo, el procurador panista, que ha llenado la dependencia de miembros de su partido y ha despedido a personal calificado, disminuyó la cantidad de quejas iniciadas de oficio, por denuncias públicas en medios o redes sociales, de 57 en 2020 a 4 en 2021.

El primer año fue el de su llegada, en el mes de diciembre, por lo que la mayor parte del ejercicio correspondió al criticado José Raúl Montero de Alba; 2021 es el primer año que ejerció completo el ex secretario general del PAN al frente de DH.

Así, el nuevo ombudsperson de Guanajuato, en un momento delicado de la vida pública de la entidad, con el aumento de la violencia en las calles, con abusos policiacos, con violencia institucional, de género y acoso laboral, prácticamente cerró las puertas de la institución solo a denuncias formales, las cuales de todas formas disminuyeron.

De todo eso se habló y se reclamó en la audiencia abierta por la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado, encabezada por el diputado y académico David Martínez Mendizábal, en un formato inédito que permitió hablar a activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

De poco parecen servir los más de 120 millones de pesos que tiene a su disposición Esqueda en el presente año, cuando se carece de la menor voluntad para establecer una política seria de contención a las violaciones de derechos humanos en Guanajuato y cuando solo se usa el cargo para figurar, para reivindicarse políticamente y para usar el viejo y manido esquema de “actividades académicas” como coartada frente a la tarea jurisdiccional.

Con las 736 quejas recibidas en 2021, Esqueda frenó un crecimiento natural en la denuncia de violaciones de derechos humanos en Guanajuato que rebasaba los mil expedientes integrados desde 2019.

¿Hay menos violaciones a los derechos humanos o la actual procuraduría trabaja menos y cierra las puertas?

De acuerdo a las organizaciones defensoras, ocurre lo segundo. Así la decisión de los diputados del PAN y de algunas oposiciones como el PRD, que validaron la designación de Esqueda Méndez estarían obedeciendo a la lógica de una operación política para maquillar la realidad de Guanajuato, justo lo mismo que ya había intentado Carlos Zamarripa Aguirre como procurador, cuando fue sorprendido haciendo pasar homicidios dolosos como culposos.

No por nada, en su último informe de actividades ante el complaciente Congreso que siempre termina aplaudiéndole, el fiscal presumió con bombo y platillo la disminución de las recomendaciones de la Prodheg hacia su dependencia.

Lástima que esa orquestada operación no la crean más que quienes la maquinaron, mientras en Guanajuato el incendio de la violencia y la pérdida de la paz continúa ensombreciendo la cotidianidad de la población.

Derechos Humanos en Guanajuato vive una de sus peores épocas y eso que las ha tenido malas. La decisión de entregar la institución a un cuadro panista ansioso de rehabilitación política le ha robado un espacio a la sociedad de Guanajuato, a sus organizaciones defensoras y, sobre todo, a las víctimas de abusos de poder.

Lo peor es que ese fraude termina por perjudicar al mismo gobierno, que ya ni siquiera tiene una válvula de escape en la oficina de derechos humanos para contener la disfuncionalidad de sus instituciones, sino que al contrario, ha convertido a la Prodheg en otro motivo de agravio para la sociedad.

Peor, imposible.

3.- En Guanajuato la procuración de justicia no es ciega

Desde dos juzgados, uno federal y una estatal, dos decisiones han evidenciado el carácter interesado y parcial de la forma de investigar los delitos de la fiscalía de Guanajuato y su titular, Carlos Zamarripa Aguirre.

La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Liliana Martínez Sandoval, rechazó la solicitud de la FGE para archivar la denuncia de las integrantes de colectivas de buscadoras que han demandado al secretario de seguridad de estado, Alvar Cabeza de Vaca, por abuso de la fuerza, al haber ordenado la represión de una manifestación en julio de 2020, de la que derivaron lesiones, una fractura y detenciones ilegales a tres mujeres de las organizaciones de búsqueda, una activista capitalina y un visitador de la CNDH.

No se quedó ahí, la decisión de la funcionaria judicial, sino que ordenó al agente del ministerio público profundizar la investigación y subsanar la cadena de omisiones en las que ha incurrido y mediante las cuales ha tratado de favorecer a los elementos de la secretaría de seguridad y a eludir a cómo de lugar imputar a Cabeza de Vaca como máximo responsable de la dependencia.

No es la primera vez que Zamarripa le hace favores a su compadre y compañero de andanzas. ya ocurrió en el caso de Leo Reyes, donde otra jueza archivó un homicidio realizado por elementos de su dependencia, con total ayuda del ministerio público de San Miguel de Allende, otorgando impunidad a una ejecución extrajudicial en toda regla.

La segunda acción fue una resolución de amparo del Juzgado Décimo de Distrito del Poder Judicial Federal, que determinó esa misma semana la incorporación de Laura Elena Díaz Infante como víctima indirecta del presunto homicidio de su esposo Jorge González Topete, el cual la entonces procuraduría de Zamarripa manejó como suicidio.

El juez federal consideró que la investigación del ministerio público estatal fue incompleta, por lo que en la resolución de un amparo ordena reabrir el caso, levantar pruebas y completar las diligencias.

González Topete, un ejecutivo bancario encontrado muerto en un cuarto de hotel por haber ingerido un coctel tóxico después de haberse intoxicado con thinner, según el peritaje de la entonces PGJE, era cercano al propio Zamarripa con el que había departido en varias ocasiones en eventos sociales y encuentros deportivos.

Su caso fue tratado con rapidez y precipitación, ordenando incluso la incineración del cuerpo con la autorización de una familiar de segundo grado y sin notificar a la esposa de la víctima.

Casos como los reseñados, más otros como los juicios de la fiscalía anticorrupción en contra de Bárbara Botello y de Jorge Valencia Gallo, que se han venido cayendo de forma estrepitosa, revelan la debilidad jurídica y el sesgo operativo de la que Diego Sinhue Rodríguez presume como “la mejor fiscalía del país”.