* Antes de irse, Luis Ernesto Ayala sale al rescate del fiscal Zamarripa

* El gobierno entero atado a la suerte de un solo funcionario

* Zamarripa festina en su informe las distorsiones de la justicia

1.- Seguridad pública, la apuesta por el maquillaje

Para preparar el terreno al informe del fiscal Carlos Zamarripa, en medio del árido panorama de la seguridad en Guanajuato, la Secretaría de Gobierno de Luis Ernesto Ayala repartió oficiosamente un comunicado de prensa donde tratan de usar en su beneficio un análisis de la organización Causa en Común para intentar presentar una mejora.

La lógica, muy en el tono de las “buenas noticias”del vocero Alan Márquez, venía impulsándose desde los discursos y comparecencias públicas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para aparentar una mejoría en la crisis que arrastra el actual gobierno.

Se presumió que los homicidios dolosos de enero del 2021 disminuyeron significativamente con respecto a enero del año anterior, al registrarse 335 víctimas contra 462 del primer mes de 2020, lo que representa una baja del 28 por ciento, nada desdeñable, por supuesto.

No se dice, por ejemplo, que enero fue el peor mes del 2020, seguido por septiembre y julio meses en los que se rebasaron los 400 asesinatos.

El promedio de víctimas de homicidio doloso en ese año, que no de carpetas abiertas, fue de 374 por mes, frente al cual el registro de enero de 2021 continúa siendo positivo. Sin embargo tomando la secuencia natural, los 335 asesinatos de enero de 2021 interrumpen una sostenida tendencia a la baja durante el último trimestre del año anterior, al superar los 300 de diciembre por más de un diez por ciento.

Lo cierto es que estamos en una etapa muy temprana como para echar las campanas a vuelo y tratar de profetizar que enero marcará una tendencia, los análisis deberán esperar y las posturas de la autoridad tendrían que ser más serias y analíticas, algo difícil de pedirle a un gobierno enamorado de la imagen y de la mercadotecnia, por cierto con resultados que dejan mucho que desear.

Más relevante hubiese sido que los muchachos de Luis Ernesto Ayala, quien ya debe de tener las maletas listas para ir a buscar el voto en su camino hacia la coordinación del próximo congreso, se hubiesen fijado en algunos datos importantes para Guanajuato en el mismo estudio del análisis delictivo de Enero 2021 de Causa en Común.

Allí se reporta como la ciudad de León no fue parte de esa baja general de homicidios que vivieron el estado y el país. El mayor municipio de Guanajuato pasó de 47 a 51 homicidios, comparando ambos eneros, lo que traslada el foco de la confrontación criminal del triángulo sureño al occidente del estado y a su zona más urbanizada. Eso por si mismo debería de ser preocupante.

Por otra parte, el análisis de la OSC establece un gran foco rojo para Guanajuato que a la Secretaría de Gobierno no le mereció ni un comentario, evidenciando que los análisis no les sirven para retroalimentarse sino únicamente para utilizarlos ventajosamente.

El caso que debería tener ocupados y preocupados a los responsables del gobierno de Guanajuato es el narcomenudeo. En Guanajuato se estima para 2021 una tasa de 291 investigaciones por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país después de Coahuila.

León subió su registro de casos de narcomenudeo un 39 por ciento en enero de 2021 contra enero de 2020: de 965 casos a mil 341, lo que lo convierte en el municipio del país con más actividad de este delito. Sobre ello ni Héctor López Santillana, ya pensando en su aterrizaje como director del Puerto Interior, ni Diego Sinhue Rodríguez, han tomado posición.

El auge de la venta de drogas al menudeo es probablemente la causa del incremento de homicidios violentos en León y dará lugar a la agudización de la disputa por sus ganancias, profundizando además el riesgo de mayor corrupción de la policía municipal. La tentación para los políticos locales de culpar al gobierno federal para eludir su propia responsabilidad, seguramente evitará un combate eficaz a este flagelo.

En un lapso no muy lejano, la venta de drogas se convertirá en el huachicol de León y traerá asociada consigo una mayor violencia, a eso se enfrentarán las próximas autoridades de la ciudad.

¿Estarán conscientes?

2.- Zamarripa no da dividendos pero si hipoteca al gobierno

Normalmente los políticos no toleran que un colaborador o dependiente institucional les dañe la imagen En México es costumbre que un político evite costos atribuyendo responsabilidades a los subordinados y cargándoles cualquier pasivo.

No pasa así en Guanajuato. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que esta semana rinde su tercer informe de gobierno con el mismo tono de superficialidad y triunfalismo que antes de la pandemia, como si nada hubiera pasado, ha decidido poner su gobierno al servicio del ineficiente fiscal general que él colocó en ese cargo por 9 años.

Carlos Zamarripa está enfrentando una carga de desprestigio por su falta de resultados, su altanería y la disociación entre su discurso y la realidad, como no la había tenido en mucho tiempo un funcionario público de Guanajuato, sobre todo porque mucho antes de llegar a ese nivel ya habrían tenido que dejar el cargo para no lastrar al gobierno del que forman parte.

Hoy en Guanajuato esta historia ha cambiado. El PAN, los diputados del Congreso, el secretario de gobierno y el propio gobernador, van todos atados a la carreta del fiscal para procurar desatascarla, por cierto sin éxito.

Los fracasos de Zamarripa están marcando al gobierno de Sinhue y muy probablemente se conviertan en su mayor sello. Sin embargo, eso no desata ninguna alarma, todos en el gobierno han aceptado su papel de comparsas del fiscal y reman esforzadamente para evitar que su peso muerto los arrastre al fondo.

La gran pregunta es ¿porqué?

Y la respuesta no va demasiado lejos. Se trata de la prevalecencia del maximato organizado por Miguel Marquez Márquez para resolver su sucesión, el cual por cierto ya también está desgastado.

Todo deja sentir que una de las condiciones ineludibles bajo las cuales Diego fue elegido como candidato a la gubernatura, la constituyó la ratificación de Carlos Zamarripa, su entronización como fiscal y su reinado sobre toda el área de seguridad pública a través de Alvar Cabeza de Vaca.

A la vuelta de dos años el pacto se ha relajado, Diego Sinhue deja de hacerle caso en todo a Miguel Márquez, sus candidatos en algunos municipios no transitaron y este divorcio incipiente lo que hará es dejar más libre a Zamarripa para actuar a su antojo.

El PAN parece haber construido, por la vía del cacicazgo y la traición a la democracia, una anomalía perfecta que dañará sensiblemente no solo su continuidad política, sino la institucionalidad de Guanajuato y, en consecuencia, la salud de su vida pública.

3.- El fiscal festina hasta su incompetencia

Si Guanajuato tuviera un poder legislativo independiente, algo que prácticamente nunca ha existido, el fiscal Carlos Zamarripa probablemente recibiría un serio desconocimiento por el enorme cinismo con el que presenta sus “logros”.

No pasará, es probable que los diputados no entiendan o no quieran saber de lo que el fiscal general está hablando, y si lo hicieran probablemente no se animen a plantearlo.

En la página 19 de su informe de labores, el fiscal ofrece como un reconocimiento el análisis de la organización México Evalúa donde se establece que Guanajuato ocupa el primer lugar en “Determinaciones del Ministerio Público”, con un 73.2 por ciento de los procedimientos iniciados resueltos de esa manera.

¿Qué quiere decir este indicador, serán buenas noticias? La cifra indica que de 100 asuntos que se presentan a la ventanilla ministerial setenta y tres no pasan de allí y no llegan a ser presentados ante un juez. Las determinaciones pueden variar entre el archivo de la investigación (una especie de limbo donde puede durar años); la abstención de investigar, que la mayor parte de las veces nunca es explicada ni notificada con sus fundamentos; el no ejercicio de la acción penal, que también debería tener un sustento racional y que podría ser apelado por el denunciante; la incompetencia, la acumulación o la aplicación de los criterios de oportunidad.

En Guanajuato, de acuerdo al estudio de la ONG presumida por Zamarripa, más del 40 por ciento de las determinaciones son por “archivo temporal”; otro 40 por ciento obedece a “no ejercicio de la acción penal”; el resto se reparte en los otros conceptos.

Casos como el asesinato de Leonardo Reyes Cayente entrarían al rubro de “no ejercicio de la acción penal”. En ese asunto el ministerio público decidió que los policías que asesinaron a Leonardo ejercieron una “legítima defensa”, con lo que el ministerio público de Carlos Zamarripa exoneró a los policías de Alvar Cabeza de Vaca en ausencia de un juez, todo quedó en familia, con la complacencia del Poder Judicial que validó la decisión del MP al desechar una impugnación de la defensa por cuestiones meramente formales.

Ante lo que estamos y que el fiscal presume es de hecho ante un Poder Judicial Alterno, una completa aberración de la teoría de la división de Poderes y de la justicia. En su propia sede, el ministerio público de Zamarripa decide que asuntos salen de su esfera para ir ante el juez y cuáles se resuelven entre las cuatro paredes de una oficina de la fiscalía.

Y de acuerdo a la estadística que festinó, 7.3 asuntos de cada diez en materia de denuncias por delitos, no pasan más allá del agente del ministerio público.

Hoy por hoy, Carlos Zamarripa es el hombre mas poderoso de Guanajuato, por encima del Congreso y del Poder Judicial.

Esa es la aberración a la que nos ha conducido la ambición de Miguel Márquez Márquez y la sumisión del Partido Acción Nacional. De la oposición mejor ni hablar.