* Política laboral, lastre para evolucionar a la mentefactura

* Mayoría del Congreso, escudo de protección del fiscal Zamarripa

* Celaya, el mejor ejemplo de ganar perdiendo

1.- Nueva ley federal y TMEC cambian reglas del juego laborales

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, ha convertido en su bandera la idea de una transformación radical del perfil de laboral de Guanajuato, por considerar que toca a su generación evolucionar desde la exitosa línea de atracción de empresas manufactureras a algo más sutil y sofisticado.

Diego Sinhue se apoderó de un concepto de los futurólogos que suena disruptivo: la mentefactura, para significar un cambio desde la simple aportación de mano de obra en procesos estandarizados, para ir a la innovación, la creatividad y el diseño.

En el papel suena bien, en la realidad es más complicado y requeriría de insumos poderosos de los que Guanajuato parece carecer: como un potente clúster de universidades y centros de investigación, un sector privado dinámico y abierto al cambio y un gobierno promotor y facilitador, que vaya más allá del discurso y de la mercadotecnia a políticas sustantivas bien respaldadas con financiamiento público.

Pero en lo que eso ocurre, y para lo que no bastarán los tres años que le restan a la administración actual, lo que si parece estar cambiando es el control sindical que desde la vieja y anquilosada CTM le maquila al gobierno de Guanajuato la paz laboral que puede ofrecer como incentivo para la atracción de inversiones, mediante los ilegales contratos de protección señalados como violatorios de derechos por la nueva legislación laboral y por las cláusulas del renovado tratado de libre comercio con Norteamérica.

Así, mientras el gobernador sueña en la posibilidad de parecernos a China o Singapur, sin acabar de definir la estrategia para lograrlo, en la terca realidad, su “política” laboral está puesta en manos de un anquilosado cuadro panista premiado con dos décadas en la nómina sin la menor justificación: Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del trabajo y previsión social en la secretaría de gobierno, quien a lo largo de los años se ha limitado a convertirse en un recadero entre las centrales obreras del viejo priismo y el gobernador en turno.

Esa estructura y funcionamiento está a punto de quedar en la obsolescencia total, tanto por el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial del Estado, como por el nuevo marco para la sindicalización libre, una de cuyas principales consecuencias será poner un dique a los contratos de protección para las empresas, tolerados y auspiciados desde el gobierno panista de Guanajuato.

Ya lo vemos en la planta Silao de la General Motors, donde el sindicato cetemista Miguel Trujillo López no tuvo empacho alguno en intentar un fraude en la votación para legitimar el contrato colectivo con la empresa, el pasado mes de abril, lo que obligó a la secretaría del trabajo federal a anular el proceso y llamar a su reposición, lo que no ha ocurrido pese al plazo perentorio de 30 días que estableció la autoridad.

La confianza con la que los operadores cetemistas llegaron a rellenar urnas habla de la protección de que han gozado tanto por parte de la empresa como de la autoridad estatal, evidenciando que no quieren entender, las nuevas reglas del juego.

Esa situación ya se ha convertido en un conflicto comercial internacional que podría llegar a repercutir en las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos, como ya se advirtió desde el gobierno norteamericano.

Más allá del discurso intimidatorio que maneja el sindicato y sus asesores en el sentido de que la votación por el “No” pondría en peligro la continuidad de la planta en Silao, parece más factible que sean las actitudes antidemocráticas y lesivas de los derechos de los trabajadores, las que están creando riesgos potenciales para la buena marcha de la planta.

Y frente a ello, ¿que están haciendo el gobierno de Guanajuato en general y el subsecretario Marco Rodríguez en particular? Todo indica que nada, más que sostener sus viejas complicidades con el charrismo sindical de origen priista para mantener el control de los trabajadores y un esquema de bajos costos salariales a las empresas.

Si el gobernador considera que el paso que viene en la evolución del esquema laboral en Guanajuato, ese tipo de políticas son un buen antecedente para transitar de la manufactura a la “mentefactura”.

No es conculcando derechos como una sociedad se transforma y evoluciona, a menudo es al revés.

2.- Diputados pasan del cheque en blanco a la protección del fiscal

Cuando los legisladores de la actual bancada del partido Acción Nacional fueron conminados desde el Poder Ejecutivo para respaldar al entonces procurador Carlos Zamarripa Aguirre para que pasara a convertirse en fiscal general del estado, su apoyo intentó ser matizado mediante la aclaración de que no se trataba de “un cheque en blanco”.

Pronto la promesa quedó atrás. Los diputados decidieron no molestar al fiscal supervisando su función, ni interrogándolo sobre la decreciente seguridad en el estado ni sobre el deterioro de la paz.

Las comparecencias para rendir informes al Poder Legislativo, en los dos últimos años, se convirtieron en un verdadero “día del fiscal”, donde llueven las felicitaciones y los “reconocimientos” a su trabajo. Poco o nada importa la inquietud ciudadana y el miedo con el que se vive en muchas regiones del estado. Los diputados del PAN y sus aliados han elegido quedar bien con el poderoso fiscal y anular a sus representados.

Esa actitud aumenta conforme crecen las críticas y señalamientos al trabajo de Carlos Zamarripa, como se vio esta semana con la propuesta planteada por la diputada morenista Magdalena Rosales de exhortar al fiscal a que se resuelva el crimen del activista y funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda Javier Barajas Piña, asesinado en Salvatierra el pasado 30 de mayo.

Rosales se hizo eco de los exhortos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Unión Europea para que las autoridades de Guanajuato resolvieran el crimen en el que ven un intento de intimidación a la labor de los colectivos de búsqueda surgidos en Guanajuato para enfrentar un creciente fenómeno de desapariciones, el cual fue negado oficialmente y a la postre confirmado por localización de fosas clandestinas en numerosos municipios del estado.

Para el PAN y sus partidos satélite como PRI, MC, PRD y Nueva Alianza, presionar al fiscal incluso con un inocente exhorto del Congreso, es inadmisible.

Lo dicho: hoy por hoy, Zamarripa detenta el máximo poder entre clase política de Guanajuato y pone a su servicio a los poderes del estado, en un fenómeno absolutamente inédito en la historia política de la entidad.

3.- Javier Mendoza Márquez no hará un gobierno panista

Alguien en el PAN de Guanajuato debería estar preocupado por la forma en que se resolvieron municipios donde este partido no tenía posibilidad alguna de ganar con un cuadro propio. Con un lento goteo, el partido que ha gobernado Guanajuato las últimas 3 décadas, empieza a hacer concesiones para mantener la ilusión de que conserva el poder.

Javier Mendoza Márquez, en Celaya, es el mejor ejemplo de esta situación que también le ocurrió al PRI en los años 80 del siglo pasado, cuando debió recurrir a un cuadro como Arturo Villegas para un interinato destinado a superar una crisis política que no se solucionó sino que propició al arribo a la alcaldía de Carlos Medina Plascencia, para iniciar una historia ya muy conocida.

En Celaya, hace tres años, los dos candidatos que primero recibieron la oferta de abanderar al PAN, la rechazaron: Mauricio Usabiaga e Ismael Pérez Ordaz. Debió ser la entonces diputada Elvira Paniagua la que entrara al quite.

La alcaldesa rescató el triunfo solo para después ser abandonada por su partido y por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez frente al grave problema de la inseguridad.

Desgastada la administración por decisiones propias y ajenas, al llegar la elección no parecía haber panista que pudiese mantener el control del PAN en el municipio, por lo que la solución fue “importar” a un candidato desde el PRI: el ex alcalde Javier Mendoza Márquez.

Así, el PAN “mantuvo” Celaya, pero la verdad es que con Mendoza llega un equipo totalmente distinto, un grupo empresarial que había sido marginado en muchas decisiones y un estilo diferente de hacer política.

El logotipo del PAN prevalece, sus diputados evitaron la derrota, pero ¿en verdad ganó el PAN?

Habrá que ver.