* El PAN elige candidatos en medio de una crisis de liderazgo
* Covid-19, contagio al alza entre irresponsabilidad publica y privada
* La fiscalía carnal se convierte en fiscalía cómplice
1.- En el peor momento, el PAN renuncia al oficio político
No se puede decir que las bases panistas hayan elegido a Román Cifuentes y a Eduardo López Mares como sus dirigentes. Hace mucho que esas bases ya no cuentan y mucho menos opinan.
La llegada de ambos cuadros, dueños de una historia de mediocridad, a la jefatura del PAN estatal, fue producto de un acuerdo político entre Diego Sinhue Rodríguez y Miguel Márquez, por encima de los mecanismos internos del partido. Hoy, el PAN es el nuevo PRI y decide como lo hacía ese partido que fue su némesis.
Hay, sin embargo, diferencias: el PRI era la quintaesencia del monopolio del poder por un individuo. Salvo el periodo aciago del maximato de Plutarco Elías Calles, cortado de tajo por Lázaro Cárdenas con el exilio del Jefe Máximo, el sistema métrico sexenal funcionó como una monarquía, o la dictadura perfecta, como la definió genialmente Vargas Llosa.
En Guanajuato, la copia del método priista de construir poder ha generado este minimaximato, donde el exgobernador conserva un poder inusitado, mientras su sucesor sigue debilitado por ese esquema.
Así, en el PAN, la presencia de Márquez es constante, despachando en la sede del comité estatal y realizando giras continuas a los municipios. No así la de Sinhue quien prefirió delegar su responsabilidad en Juan Carlos Alcántara, su jefe de gabinete, quien no logra equilibrar al ex gobernador.
Pero el modelo ha contribuido sobre todo a debilitar a la dirigencia formal: Cifuentes y López Mares han diluido la capacidad de maniobra de la jefatura panista a niveles nunca vistos, situación que además ocurre cuando más se necesita la operación política de cara a las elecciones del 2021, a la selección de candidatos y a la aplicación de las nuevas reglas del juego, entre ellas la de la paridad de género.
Cuando debería extremarse el oficio político, cuando se requiere la regeneración de la democracia interna del partido ante el desgaste causado por el ejercicio del poder, cuando hay que escuchar a todos y operar sin dejar heridos, el PAN se vuelve burocrático y se somete a necesidades y caprichos de hombres fuertes.
Hoy por hoy, las visiones que se enfrentan en la elección de candidatos del blanquiazul son la de un ex gobernador que quiere prolongar indebidamente su influencia en el estado y un operador político que lucha por afianzar el liderazgo de un gobernador en funciones que oscila entre la ausencia y la fuga.
Pero mientras eso pasa en la cúpula, en el llano las pasiones se acumulan, hay resistencias a los candidatos, que permanecen tapados pero ya están en boca de todos, y se comienzan a gestar revueltas.
Así están Guanajuato capital, Silao, León, Irapuato y Celaya, entre los principales. Lo peor es que la inconformidad aún larvada puede volverse exponencial cuando el tándem Cifuentes-López Mares, trate de encauzar las situaciones con el escaso oficio político que les caracteriza.
Parece que en el PAN se avecina una temporada de incendios en ausencia de bomberos y abundancia de pirómanos.
2.- Pandemia cobra fuerza ante desorden ciudadano y ausencia de estrategia oficial
Hace unos días el Secretario de Salud salió a medios con la peregrina idea de que se estaba analizando el regreso de los alumnos a las aulas en el arranque del próximo año.
La feria de ocurrencias estaba en auge cuando se produjeron dos noticias: el contagio del propio Daniel Díaz Martínez y una ola que llevó el registro de COVID-19 a superar y rondar los mil casos diarios durante toda la semana que pasó.
Quedó en claro que de la parte oficial no hay más estrategia que las semanales ruedas de prensa donde se regaña a la población pero no se toman medidas para controlar la movilidad y los escenarios de riesgo.
Ante una autoridad casi omisa, que ante el aumento de casos confirmados, hospitalizaciones, y fallecimientos solo atina a inventar el color “naranja con alerta”, eufemismo para no decretar el rojo que obligaría a confinamientos más estrictos.
Las versiones cercanas a las esferas gubernamentales sugieren que ese singular manejo de la nueva ola de COVID se debe a la intención gubernamental de realizar la feria de León en enero, de ahí la idea de la reapertura escolar y el “naranja con alerta”.
Y aunque el secretario de salud y sus funcionarios solo atinan a responsabilizar a los ciudadanos del incremento de contagios y pedirles encarecidamente que se cuiden, lo cierto es que la confusa toma de decisiones desde el gobierno contribuye al relajamiento de la disciplina de la población.
Pasa lo mismo a nivel nacional y no hay ninguna distinción entre 4 T y gobernadores aliancistas, por lo menos no en el caso de Guanajuato: todos tienen un temor acendrado a la afectación económica que los hace poner en segundo término la salud de la población.
El pico que vimos esta semana parece surgido directamente de la movilidad del fin de semana largo, donde coincidieron el Buen Fin y diversas actividades en los municipios, sobre todo los de perfil más turístico.
Al final del día, el descuido en las medidas sanitarias, indefectiblemente trae consigo el aumento del riesgo de un nuevo conjunto de medidas para paralizar actividades y contener movilidad. parece increíble que no se acabe de entenderlo y que la única medida empleada hasta ahora sea la del regaño semanal en emisiones de televisión, de redes y de medios, donde lo único que resulta claro es su escasa penetración y nulo efecto en la población.
3.- La Fiscalía Autónoma entra a la lista de pasivos del gobierno panista
Lo que iba a ser una fortaleza de los gobiernos emanados del PAN en Guanajuato, empieza a convertirse en un fuerte dolor de cabeza, no solo por la escasa eficacia mostrada en el desempeño de las políticas de contención a la inseguridad y combate a la impunidad, sino ahora también por la sistemática violación de derechos humanos.
La muerte esta semana de un comerciante celayense que iba a ser detenido por elementos de la Fiscalía de Justicia del estado, rápidamente se convirtió en otra noticia de alcance nacional, exhibiendo la brutalidad del estado y su nulo respeto de garantías individuales.
Lejos de que se trate de un error, de un abuso de poder accidental, la defensa cerrada que se intentó desde la propia fiscalía, donde nada se mueve sin ser avalado por su titular, Carlos Zamarripa Aguirre, evidenció que el desdén a a los derechos ciudadanos y la impunidad asociada, no son accidentes, sino políticas oficiales en toda la línea.
En un primer momento la fiscalía informó que los agentes fueron detenidos, agregó un intento de justificación hablando de una detención en “condiciones tumultuarias”, para referirse a la presencia de un par de mujeres y una niña que no hicieron más que videograbar y lanzar exclamaciones mientras los agentes practicaban el sometimiento violento de Juan Carlos Padilla Aranda, un comerciante acusado de una presunta violación.
Sin embargo, a las pocas horas, la misma fiscalía rechazó cualquier responsabilidad y adujo que la muerte se produjo por “un infarto”, dejando de lado la golpiza recibida por Juan Carlos, como si se tratara de un fatídico accidente. Pero no solo eso, desde instancias oficiales se filtró también la orden de aprehensión del fallecido para producir una incriminación póstuma a la vez que un intento de desprestigio.
Es decir, no satisfechos con haber contribuido decisivamente a privar de la vida a un individuo con métodos execrables para llevar a cabo una detención, la autoridad ministerial de Guanajuato procedió después a provocar un daño moral a la reputación del fallecido sin que hubiera mediado ningún proceso, violentando por completo la presunción de inocencia para salvar la cara de la institución.
Ese es el estado de derecho que tan afanosamente defiende el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y que cada vez queda más exhibido como el que da la cara por un aparato de seguridad y de procuración de justicia autoritario, ineficiente y, ahora, asesino.
Incapaz ya de producir prestigio político para el gobierno del que forma parte, el fiscal autónomo se ha convertido en un lastre para la credibilidad de un régimen desgastado en el ejercicio del poder.
Que paradoja, el golpe de timón solo ha hecho que cambien las prioridades: el PAN y su gobierno aportan todo su capital para pagar la quiebra de la política de seguridad, en lugar de que esta les de rendimientos.
