* Derechos Humanos: renovación en medio de la crisis

* Covid-19: el rojo que no quiere ser

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1.- Cambio en derechos humanos debe generar una política pública solvente

La caída de José Raul Montero como procurador de los derechos humanos de Guanajuato fue construida a lo largo de su desempeño de cuatro años. Su desconocimiento de los temas, su tibieza, la falta de una personalidad firme, su impreparación en conjunto se combinaron con el peor momento de la historia de Guanajuato en materia de violencia y afectación a los derechos de las personas.

Montero se volvió un cómplice de autoridades violadoras de derechos humanos como el procurador, hoy fiscal, Carlos Zamarripa y el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca. Así se pudo ver en casos como los niños asesinados en San Miguel Allende en medio de un confuso operativo policial y en la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente, por citar dos casos emblemáticos.

Otro caso paradigmático fue el de Julio César Kala, el docente de la Universidad de Guanajuato denunciado por abuso sexual en contra de la becaria Isabel Puente, donde Montero fue el encargado de emitir la recomendación final maquinada por su antecesor y patrocinador Gustavo Rodríguez Junquera, donde lograron la hazaña de formular una serie de sugerencias a la UG para combatir el acoso, sin mencionar nunca a la víctima ni al perpetrador.

Ejemplo claro del fracaso de ese tipo de políticas fue el estallamiento de una huelga estudiantil, justo hace un año, en reclamo de un alto al acoso en los espacios universitario, el cual fue acompañado de la exigencia del despido de Kala, el catedrático al que el rector Luis Felipe Guerrero Agripino había salvado mediante negociaciones políticas con Rodríguez Junquera.

El fracaso de Montero, quien ganó su despido cuando buscó acreditar su trabajo mediante unas cuantas recomendaciones a la fiscalía y a la secretaría de seguridad en la recta final de su gestión, lo que le generó el veto en su contra desde las áreas de seguridad, lo que revela es la limitación de una política de derechos humanos basada en conveniencias políticas y personales.

Por eso resulta relevante el relevo que se vive en estos días, tras el lanzamiento de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado, en una dinámica sujeta a las necesidades políticas del Ejecutivo y no a los requerimientos que plantea la realidad del estado.

Tan está alejados los legisladores de una sensibilidad hacia la crisis humanitaria que vive Guanajuato, la entidad más violenta del país ahora cubierta de fosas clandestinas exhumadas por los colectivos de familiares, pese al constante entorpecimiento del gobierno estatal, que ni siquiera tuvieron la decencia de respetar sus propios protocolos internos y antes de comunicar la lista de prospectos registrados al pleno del congreso y turnarlo a la comisión respectiva, hubo quienes impunemente la filtraron a algunos medios de comunicación para darles “la primicia”.

La dinámica refleja a la perfección lo que ha sido la lamentable conducción de la mayoría panista por el empresario transportista Jesús Oviedo, hasta ahora el más sometido e indigno coordinador parlamentario de los últimos años, incluso peor que Juventino López Ayala, llegado a esa responsabilidad por su cercanía con Miguel Márquez. Si Oviedo tiene responsabilidad, si lo hizo alguno de sus subordinados o si la proporcionó al Poder Ejecutivo y de ahí se difundió, de cualquier manera la falta de no informar primero a sus pares es gravísima y habla de la falta de profesionalismo y seriedad de uno de los Poderes de Guanajuato, justo el que debe construir el equilibrio al vigilar a los otros dos.

Con ese antecedente, parece muy difícil esperar que el Congreso asuma la responsabilidad de profundizar un debate serio sobre la crisis humanitaria de Guanajuato, donde los asesinatos violentos ya rebasan los 4 mil antes de concluir el año y los hallazgos en las fosas se cuentan por centenares de personas no identificadas.

Al parecer, los panistas del Congreso y sus aliados están en la vieja lógica de resolver la designación en derechos humanos como se los dicten desde el Ejecutivo, con el mandato de ubicar a un funcionario que no exponga la política oficial de negar la gravedad de la crisis y no abolle la narrativa de la presunta bonanza económica, que ya tampoco es tal.

Lo que no parecen entender los actuales conductores de las políticas oficiales de Guanajuato, es que la realidad no los estará esperando, como ya se vio. Si su empeño sigue siendo el de simplemente ocultar la realidad, simular lo que no es y convertir el trabajo del gobierno en una pantalla de propaganda, las situaciones ominosas que ha construido esa vocación por la fuga y la omisión les seguirán estallando entre las manos.

2.- Vive Guanajuato el peor momento de la pandemia y nadie lo acepta

Por segunda semana consecutiva, Guanajuato supera la barrera de cinco mil contagios, un promedio superior a los setecientos diarios. Es más grave que en cualquier momento previo de la pandemia, por supuesto mucho más que en los albores de la emergencia sanitaria, cuando se dictó el cierre de actividades desde el estado y los municipios, incluso antes que la federación.

Sin embargo, esta vez nadie se anima a tomar medidas drásticas, sobre todo porque esta vez no habría dinero para atender contingencias económicas de las empresas, las cuales tampoco funcionaron mucho en su momento, sobre todo porque las acapararon los monstruos corporativos que menos requerían el apoyo, como Flecha Amarilla.

Así que veremos crecer los contagios con el invierno, con la incontrolable movilidad aumentada por las fiestas y los feriados del fin del año y por la negligencia gubernamental, la compañía perfecta de la irresponsabilidad individual para producir una catástrofe sanitaria.

Y mientras tanto, la pandemia crece y los brotes se presentan en todas partes, hasta en el cuartel del estado mayor sanitario, en las oficinas de Daniel Díaz Martínez, responsable de haber realizado una fiesta COVID con motivo de un festejo familiar, desoyendo lo que él mismo predica semana a semana en sus tertulias gatelianas.

Como ocurre a nivel nacional, a nuestros gobernantes locales les tiemblan las piernas de pensar en medidas drásticas para restringir la movilidad. Así, sin coerción, la persuasión queda muy debilitada y en realidad, la gente anda por la calle como sin nada.

Pero no solo eso. Los llamados a la cordura y a evitar las actividades no esenciales realizados desde el gobierno quedan autovulnerados cuando es la propia autoridad la que juega con la posibilidad de realizar eventos como la Feria de León o incluso se habla del regreso a clases en enero, tal y como lo han hecho el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el secretario de Salud Daniel Díaz.

Quizá sea por eso que los alcaldes anden en las mismas, convertidos más en factores de riesgo que de contención, como se vio en el caso de Romita esta semana, donde un intento de regaño del secretario de Salud a las autoridades locales terminó en pleito de barriada en redes sociales, con intensos reclamos de que el estado no predica con el ejemplo.

Así nomas no se puede.

3.- Alejandro Navarro se convierte en un clavo ardiente para el PAN capitalino

Algo muy fuerte deben conocerle Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Juan Carlos Alcántara al presidente municipal de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, para explicar el férreo veto que le han impuesto a su reelección.

La decisión de bajarlo de la candidatura está tomada y la complicación es encontrar un prospecto para que asuma el reto, ya que no prosperó la posibilidad de la alianza con el PRI para postular a José Luis Romero Hicks, por oposición de las corrientes locales del panismo.

La tarea le corresponderá al muy poco eficiente dirigente panista Román Cifuentes, quien está a expensas de lo que decidan por una parte Miguel Márquez y por la otra Charlie Alcántara, para acabar de completar su equipo de candidatos y candidatas.

Esta semana, por ejemplo, Márquez se opuso a la reelección del alcalde de Purísima, Marco Antonio Padilla, más que nada por alguna rencilla personal o familiar. Diego tendrá que apechugar y Cifuentes será el mensajero de las malas noticias, con el tacto de paquidermo que lo caracteriza.

Si por Márquez fuera, el candidato de la capital sería el secretario del Congreso Ricardo Narváez, pero una decisión así podría crear una verdadera rebelión en la granja panista de la capital del estado.

En medio del desbarajuste lo único que queda claro es que el ex gobernador Miguel Márquez sigue siendo el principal factor de poder del PAN en Guanajuato y ante el envejecimiento de los principales patriarcas de la cofradía yunquista, queda claro que, hoy por hoy, el capo di tutti capis, es el taimado político purimense.