Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.
Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.
Los doctorados «patito» que se entregaron en las instalaciones de la PDHEG; el eterno tema de la presa del Zapotillo y posibles alternativas que surgen en Jalisco; la Secretaría del Migrante, el fiasco de su primer Secretario sigue dando tema.
Después de haber publicado el reportaje sobre el otorgamiento de 8 doctorados “Honoris Causa” por dos universidades que carecen de reconocimiento académico y de registro ante la Secretaría de Educación Pública, el cual se llevó a cabo en el aula de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, la respuesta de esta dependencia fue el silencio.
“No hay
posicionamiento” fue la respuesta de por lo menos dos funcionarios de la PDHEG,
una de cuyas escasas fortalezas es la máxima publicidad para sus
recomendaciones, es decir, su manejo y su credibilidad frente a los medios de
comunicación.
Esa situación ha pasado
a segundo término en la era del procurador Raúl Montero de Alba, un personaje
cuya mayor virtud es la buena relación que lleva con los sujetos observados y
su proclividad a firmar “convenios” con dependencias públicas antes que la
sanción a las conductas que violenten los derechos de los ciudadanos
guanajuatenses.
Desde hace un par de semanas comenzaron a aparecer en la división de Ciencias Sociales y Humanidades de la UG, campus León, una serie de carteles que atacan a quienes, a principios del actual ciclo semestral, visibilizaron las prácticas de acoso por parte de profesores y directivos de esa institución.
En su momento, la valiente denuncia de un grupo de alumnas acompañadas por un par de profesoras y una organización de defensa de derechos de las mujeres, Las Libres, causó tal conmoción que el asunto se elevó hasta la rectoría general de la Universidad, cuyo responsable, Luis Felipe Guerrero Agripino, determinó que el asunto fuese atendido por la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General de la institución y no por la oficina de UGénero, creada para tales efectos.
Condenado mediáticamente por la PGJE y el propio gobernador, el velador acusado de asesinar a sus tres hijos queda expuesto al filtrarse una declaración de autoinculpación dentro del proceso; antes se había desistido de la de por si endeble defensa de la PDHEG.
Si un hombre mata a sus tres hijos delante de su esposa y los primeros en llegar a la escena del crimen, a pocos minutos del hecho, son policías de élite; si, además, ese hombre empleó un arma que es localizada allí mismo y recogida por los mismos agentes expertos, pareciera que se trata del caso más sencillo del mundo. Lee el resto de esta entrada »
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