Las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en relación a la muerte del migrante Leonardo Reyes Cayente asombraron a muchos de quienes seguimos de cerca la gris gestión del titular del organismo, Raúl Montero de Alba, el primer ombudsperson que heredó el cargo de su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, premiado hoy con una magistratura penal en el Poder Judicial del Estado.

Montero de Alba llegó a ocupar una posición burocrática privilegiada no por sus conocimientos, su trayectoria o su compromiso con los derechos humanos, sino como instrumento de Rodríguez Junquera para conservar una posición de poder y garantiza cargos burocráticos a quienes fueron sus colaboradores más cercanos.

De paso, el saliente procurador le garantizó al gobierno de Miguel Márquez que su sucesor no le daría mayores problemas, lo que se confirmó cuando un recién llegado Montero de Alba acudió a palacio de gobierno para informar a Márquez sobre su investigación en el caso del velador Antonio Luna y la muerte de sus tres hijos ocurrido en medio de un ataque de fuerzas de élite de la procuraduría de justicia del estado a una finca abandonada en San Miguel de Allende.

El desenlace de la historia es conocido, Luna se auotoinculpó de la muerte de sus pequeños, los policías de Carlos Zamarripa que habían descargado arsenales completos sobre la finca, no recibieron ni la molestia de una investigación interna y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Montero empezó su etapa con los dos pies en el barro de la sumisión y la ausencia de autonomía.

Por eso la resolución emitida este martes puede causar alguna sorpresa a quienes ya nada esperan de Montero después de observar sus tardanzas, su inacción y lo inane de sus resoluciones.

Montero dio jalones de orejas a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía del Estado. A la primera por el “uso excesivo de la fuerza” y por “omisión” al no llamar a los cuerpos de auxilio para atender a Leonardo Reyes y dejarlo morir, después de haberlo balaceado. Para remediarlo pide que se inicie “un procedimiento administrativo” a los seis agentes involucrados en al muerte de Leonardo y que se capacite a toda la corporación “en el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

A la fiscalía la reconviene porque dos agentes del Ministerio Público no atendieron a la familia de Leonardo en su denuncia, violentando su derecho de acceso a la justicia. Pide para ellos el inicio de un “procedimiento administrativo”.

Parece mucho para ser Raúl Montero, aunque habría que recordar que este es el año que concluye su designación y en el que la ley le da oportunidad de ser reelecto por un Congreso dominado por el PAN, el partido a cuyo gobierno le ha sido funcional.

Podríamos considerar que el abandono de su zona de confort se debe a que el procurador quiere gozar de otros 4 años de buen sueldo, viáticos, reflector local y nacional. Quizá, porqué no, seguir los pasos de Gustavo Rodríguez, su mentor, y aspirar a una magistratura o consejería judicial en pago a sus buenos servicios al establishment político estatal.

Sin embargo, a mi juicio y en el de otros conocedores del tema de los derechos humanos, ni siquiera las ganas de hacer campaña le dan a Montero de Alba la energía para estar a la altura de estándares mínimos en la procuración de derechos humanos en Guanajuato, algo que resulta catastrófico cuando se aprecia el escenario de violencia e impunidad que vive la entidad.

Al establecer que hubo un uso “excesivo” de la fuerza y al recomendar que se capacite a los policías estatales en manejo obre los límites en el empleo de esa fuerza y el uso de armas de fuego, tácitamente y aunque no se atreva a mencionarlo, el procurador de los derechos humanos otorga credibilidad a la versión de los policías de que “fueron atacados” y que debieron defenderse, sancionando solo el exceso en la respuesta.

Con ello, el ombudsman desestima por completo la versión de los familiares de Leonardo que, escondidos en el cerro, escucharon a los policías como alteraron la escena y la arreglaron para fingir el enfrentamiento, cuando Leonardo se encontraba solo y desarmado, tratando de realizar una llamada telefónica por celular.

Es la misma versión que en su momento usó el estado para negar la ejecución extrajudicial y para exonerar a sus elementos hasta de un proceso administrativo; es la que también ha retardado la judicialización de una carpeta que permanece en los estantes de la fiscalía, no por culpa de dos agentes del ministerio público hoy regañados y amenazados de sanciones, sino por decisión de los más altos niveles en la Fiscalía.

Al tratar de dar una salida creíble que busca salvar su cara y no defender los derechos de las víctimas, Montero de Alba se queda a medio camino y no contribuye a esclarecer la verdad. Solo pretende que unos procedimientos administrativos enmienden un crimen, lo que no constituye ni justicia ni reparación del daño.

Sin embargo, ni siquiera con esa ligereza tiene contentos a los dueños de las instituciones de seguridad de Guanajuato. Ya tanto Alvar cabeza de Vaca como Carlos Zamarripa salieron a cuestionar la recomendación. El primero incluso se dio el lujo de asegurar que el procurador Montero había “corregido” una de sus medidas después de que hablaron por teléfono, revelando lo que todos saben: que la comunicación es fluida entre ambos y dejando sentir que las recomendaciones se pueden “convenir”.

Zamarripa asegura que no hay tardanza en la integración de la carpeta, sin embargo, ya recibió un exhorto de un juez para que la presente a la instancia judicial en un plazo perentorio.

Lo que hoy queda claro es la ausencia de un estado de derecho en Guanajuato que aplique para todos: ciudadanos y autoridades. El rigor que se aplicó a los inconformes de Cuerámaro contrasta notablemente con la benignidad con la que son tratados policías que, no solo se exceden, sino que cometen ejecuciones extrajudiciales, lo que constituye la falta más grave en materia de derechos humanos por parte de servidores públicos: tomar la vida de las personas en sus manos, ejerciendo una atribución que ni la más severa ley contempla en México: una pena de muerte de facto.

Con todo respeto al penoso ombudsperson de Guanajuato: la muerte de una persona en circunstancias como lo que ocurrió en ese cerro de Corralejo de Abajo en San Miguel de Allende, no constituye un “exceso” que debe ser penado con “sanciones” y cursos de capacitación. Es un delito de lesa humanidad cometido por funcionarios del estado.

No sancionarlo así es complicidad y exhibe en toda su crudeza la incompetencia del defensor de los derechos humanos de Guanajuato. Tratar de reelegirlo constituirá un terrible agravio del PAN y del gobierno dieguista a la sociedad del estado.

El Informe del Fiscal

Ya circulan por todo Guanajuato las invitaciones para acudir al Primer Informe de actividades del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha decidido que la obligación de rendir cuentas debe ser el pretexto para un acto de características políticas.

En su búnker de Cervera, al mediodía del lunes 2 de marzo, ha sido convocada la clase política y empresarial para lo que muy seguramente será un ejercicio de auto exaltación y de nula autocrítica.

Con una desmesura notable, abonada por la sumisión de los diputados al Congreso de Guanajuato, particularmente la mayoría, Zamarripa abrirá con su auto homenaje la semana en la que también se llevará a cabo el segundo informe de labores del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El simbolismo es poderoso, pareciera que Guanajuato tiene dos líderes: el señor oscuro de la fuerza y el brazo armado; y el que solo quiere dar buenas noticias. Compartir un poder constitucional nunca ha sido un buen augurio.