* Crisis de derechos humanos se agrava por quiebra de instituciones

* Derechos Humanos y derechos de mujeres, sin defensa oficial

* Ombudsperson e IMUG convertidos en monedas de cambio políticas

1.- Aumento de violencia y violaciones a derechos encuentra solo vacío oficial

Guanajuato vivirá en 2019 su peor año en materia de violencia, de inseguridad y de crisis de respeto a los derechos humanos básicos. Ya 2018 nos había precipitado en ese tobogán y el tema estuvo prácticamente ausente en las campañas políticas, salvo por el debate sobre el aspecto de la inseguridad.

Sin embargo, lo que más nos ha precipitado en una situación de emergencia es la incomprensión desde el gobierno panista, del Congreso dominado por ese mismo partido y de las propias oposiciones, de la gravedad de la situación, lo que deriva en una absoluta falta de respuesta oficial a los sufrimientos de la sociedad.

La inseguridad solo ha recibido respuestas discursivas cuya principal preocupación es como evadir la responsabilidad desde el gobierno. Primero fueron las amenazas venidas desde el exterior, después la definición de que los delincuentes se mataban solo entre ellos, vino enseguida la responsabilización al gobierno federal y después a los municipios, todo menos la autocrítica, el reconocimiento de fortalezas y debilidades y la elaboración de un plan de respuesta.

Ahora las cosas están en otro nivel. La sociedad comienza a dar respuestas organizadas, la mayoría de ellas provenientes de los sectores más jóvenes de la población y, particularmente, las mujeres. Queda claro que la violencia se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, que las víctimas pertenecen a todos los estratos y que buena parte de esas prácticas están normalizadas y son toleradas por el estado y sus instituciones.

Frente a esa emergencia, quedan en evidencia los órganos que teóricamente tendrían que ser los primeros en dar respuesta y canalizar la inconformidad social para que el estado procurara mecanismos de atención.

Instancias como la procuraduría de los Derechos Humanos, convertida por los dos últimos gobiernos en una ventanilla inocua que ha olvidado la defensa de los ciudadanos para convertirse en una más de las líneas de protección de la imagen gubernamental, han evidenciado sus limitaciones y se han nulificado a sí mismas como espacio de amortiguamiento y encauzamiento de los reclamos ciudadanos.

La mala señal que envió Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando propuso como magistrado del poder Judicial al ex ombudsperson Gustavo Rodríguez Junquera, naturaliza la puerta giratoria entre las instituciones autónomas y el Poder Ejecutivo, de tal manera que un defensor de derechos humanos cuyo horizonte está puesto en proseguir una carrera burocrática de alto nivel, automáticamente cuidará más los intereses del poder que los de los ciudadanos.

A un burócrata de notable mediocridad y acentuado servilismo como el actual procurador de derechos humanos, Raúl Montero de Alba incluso se le complica disfrazar su proclividad a favorecer al estado, como lo muestran casos como el de Leonardo Reyes, el migrante asesinado en San Miguel de Allende por policías estatales y cuyo expediente mantiene retenido sobre su escritorio un año después de los hechos.

Montero de Alba incluso ha dejado escapar comentarios en los círculos donde interactúa socialmente de que tiene la resolución de este caso en suspenso porque la conclusión podría ir a favor o en contra del gobierno, como si la defensa de los derechos humanos fuera materia de negociación, lo que probablemente es la lamentable realidad a la que hemos llegado en medio de la decadencia del régimen panista.

Si el camino seguido por Rodríguez Junquera es el mismo en el que está pensando Montero de Alba, probablemente el caso de Leo Reyes, como en su momento lo fue el de Antonio Luna, el velador sentenciado por el asesinato de sus tres hijos en una confusa acción de las fuerzas de élite de Carlos Zamarripa, quizá estemos ante el intento de negociación del procurador con el Poder Ejecutivo para su reelección por otros cuatro años, proceso que deberá ocurrir este 2020.

En el camino, los que quedan triturados son los derechos de los ciudadanos de Guanajuato que pierden un espacio de defensa frente a las arbitrariedades del estado, justo en los momentos en que la guerra de cárteles y la descomposición de los cuerpos policiacos nos tienen en una absoluta vulnerabilidad.

La inutilidad de la PDHEG se ha exhibido aún más con el surgimiento de los primeros colectivos de búsqueda de personas desaparecidos, integrados como respuesta no solo a la inacción del estado en esa materia, sino a una abierta actitud de ocultamiento y negación de evidencias.

Montero de Alba no ha tenido un solo pronunciamiento sobre el tema, pero, aún peor, sus oficinas han estado cerradas y desiertas cuando los familiares de los desparecidos han acudido a presentar denuncias en este fin de año.

2.- Instituto de las Mujeres: silencio, inacción, proselitismo

Lo mismo ocurre con otra instancia que podría ser de la mayor utilidad en los actuales momentos que vive el estado, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, cuya titular permaneció en un silencio vergonzoso durante las dos semanas que duraron las protestas de los universitarios, nutridas por la inseguridad pero también por la existencia de acoso generalizado en las aulas.

Anabel Pulido también se tardó en aparecer después de los casos de feminicidios de jóvenes mujeres estudiantes en León y en Guanajuato. Apenas este Día de los Inocentes salió a medios para reconvenir a la burocracia de la Fiscalía General del Estado por la “desidia y trato burocrático” con el que son recibidas las denuncias de mujeres por violencia de género.

La respuesta es reactiva y desdice mucho las constantes apariciones de Pulido en presídiums y ceremonias donde firma convenios con dependencias, entre ellas la Fiscalía, para mejorar la atención a las mujeres.

El propio IMUG padece de una ineficiencia monumental, a tal grado que este año que termina dejó sin ejercer recursos del presupuesto de 115 millones de pesos que le aprobó el Congreso para 2019. La negligencia ya tuvo consecuencias: la propuesta de gasto 2020 le rasuró 40 millones de pesos al Instituto para las Mujeres y se lo redistribuyó a la Secretaría de Seguridad.

A ese paso convendría más desaparecer al IMUG y su costosa estructura burocrática para asignar los recursos de manera transversal a todas las dependencias para políticas con perspectiva de género.

Vista la invisibilidad de Anabel Pulido, quien apenas unos días antes de la protesta universitaria había firmado otro convenio, en otro vistoso acto, con el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, que tampoco pareció servir de mucho frente a lo que vimos a las pocas horas, seguro nadie la extrañará.

Habría que recordar incluso que Pulido está más enfocada en dar su salto al PAN, donde ya se postuló a una candidatura a diputada federal plurinominal en 2018, de la que la arrancó la baja en la votación del PAN y el crecimiento de Morena. Su permanencia en el IMUG podría incluso propiciar que parte de sus acciones estén pensadas con fines partidistas y electorales, por si algo faltara para acabar de banalizar esta política pública de por sí enormemente deficiente.

3.- La crisis de los organismos de derechos humanos tiene una responsable

Detrás de la crisis de los dos organismos de promoción y defensa de derechos humanos en Guanajuato hay una gran responsable: la secretaria particular del gobernador y antes coordinadora de estrategia política del anterior gobernador, Juana de la Cruz Martínez Andrade.

La “solución” diseñada por Martínez Andrade para ahorrarle dolores de cabeza a Miguel Márquez en la segunda parte de su gobierno, en conjunto con Gustavo Rodríguez Junquera, hoy está mostrando todas sus limitaciones.

Raúl Montero de Alba fue una solución de conveniencia política para todas las partes, menos para los intereses de los ciudadanos de Guanajuato: Márquez ganó con un defensor de derechos humanos controlado por su principal operadora política; mientras Rodríguez Junquera logró heredar el cargo y preservar los espacios para su grupo político, que siguió disfrutando de cargos en la nómina y espacio de maniobra.

Incluso, Rodríguez Junquera siguió cobrando dividendos; sustituyó a Antonio Salvador García como secretario de gobierno, puso las cosas al día en esa dependencia y se ganó su magistratura de la mano de Juana de la Cruz Martínez y del control que sigue ejerciendo el ex gobernador Miguel Márquez sobre el gobierno de Sinhue.

Todos esos arreglos, tan funcionales a la clase política panista, han derivado en la absoluta falta de respuesta desde la PDHEG al crecimiento de las emergencias en Guanajuato. Montero no tiene porque entregarse a la defensa de los ciudadanos si debe su cargo y su probable reelección, a los acuerdos cupulares del anterior y el actual gobernador.

En el IMUG la situación tiene una historia similar. Juana de la Cruz Martínez se hizo cargo de la atención a los casos de violencia de género ante la incomprensión sobre el tema de Adriana Rodríguez Vizcarra la titular del área en el arranque del gobierno de Márquez. La llegada de Anabel Pulido, una ex funcionaria de la PGJE de Carlos Zamarripa que tenía alguna experiencia en temas de perspectiva de género ocurrió de la mano de Martínez Andrade que conserva el control del área hasta la fecha.

Incluso fue la propia Juana de la Cruz Martínez en su empoderamiento al final del sexenio marquista, quien impulso a Anabel Pulido a una candidatura plurinominal federal por el PAN, de la que solo la apeó el resultado electoral.

Pese a todo ese apoyo, Pulido no ha mostrado talento ni iniciativa para llevar adelante una política eficiente utilizando los más de 100 millones de pesos a los que llegó su presupuesto el año pasado, lo que incluso le ha permitido gastar publicidad en medios para buscar posicionamiento, olvidando de entrada el compromiso de esa área con la delicada situación de inequidad y violencia de género que vive la entidad.

Ausente de la sociedad, preocupada por hacer carrera política y participando en las maniobras palaciegas de su tutora política, Pulido ha llevado al IMUG a una verdadera crisis al mostrarse sin capacidad de interlocución con las organizaciones y colectivos de defensa de derechos de mujeres que empiezan a surgir en muchas partes del estado.

Tanto o que ocurre en Derechos Humanos como en el IMUG exhibe las limitaciones políticas y el desgaste de quien fue la operadora política por excelencia de los dos anteriores gobernadores de Guanajuato: Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

Sin embargo, la exclusiva y única responsabilidad de esta crisis que solo amenaza con profundizarse, no puede recaer más que en el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien muestra una incapacidad absoluta para tomar sus propios riesgos e innovar en la conducción política del estado, limitándose a reutilizar soluciones heredadas.

Al haber ratificado a dos terceras partes del anterior gabinete, al preservar espacios de poder a operadores que responden a intereses diferentes a los suyos y al renunciar al pleno ejercicio de las facultades que le depositaron los votantes guanajuatenses, el único y gran responsable del enorme desastre humanitario y de seguridad que es hoy Guanajuato solo puede ser el actual titular del Poder Ejecutivo y jefe político real del PAN.

Lo grave, lo inmensamente preocupante, es que su hundimiento nos arrastra a todos, máxime por la autodisolución de todas las fuerzas opositora y la escasez de voces crítica en la sociedad.

De cualquier manera, recibamos el 2020 con optimismo. No hay peor lucha que la que no se hace.