Ayer, el
gobernador de Guanajuato se ganó espacios en los medios nacionales al apoyar la
iniciativa del presidente norteamericano para declarar como actividad terrorista
la que realizan los carteles del crimen organizado en el país.
A las pocas horas
de su declaración, en el municipio de Cuerámaro, entre 500 y mil personas, según
distintas reseñas, desbordaron una protesta que reclamaba justicia para cuatro
jovencitas muertas en un accidente vial provocado por un menor de edad en
aparente estado de ebriedad.
El gobernador no tiene tiempo de atender la crisis de seguridad, pero si de inaugurar el Festival del Globo o un evento de bares y cantinas. Eso, precisamente, no es grandeza.
Prioridades. Fuente: Facebook
Mientras más insiste el gobernador del estado en eludir el tema de la seguridad en su agenda y en rechazar las opiniones que se le piden cada vez que surge un evento que evidencia la gravedad del problema, más claro queda que no se trata de falta de voluntad o de “estrategia” de comunicación, sino que en realidad hay una profunda irresponsabilidad con el compromiso contraído con la sociedad de Guanajuato después de haber ganado una elección constitucional.
Sin haber ameritado una consulta previa, por lo menos no pública, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, ha anunciado la decisión de empelar los recursos de las futuras pensiones de los trabajadores del estado para financiar proyectos de infraestructura, concretamente una carretera de cuota.
En un evento con
funcionarios del gobierno de Singapur, donde recalcó que nuestro estado comparte
valores con la ciudad estado del sudeste asiático, el gobernador dio a conocer
la noticia de que una carretera de Silao a San Miguel de Allende, seguramente
de pago para tener una fuente de recuperación, con un costo de 3 mil 500
millones de pesos, se financiará con el fondo de pensiones del ISSEG.
Hay que recordar
que el ISSEG no es una dependencia pública. Es un organismo sui géneris que se
maneja sin recurso público, cuyo presupuesto es aprobado por el Congreso, pero
donde el Ejecutivo no dispone, sino que las políticas se definen a través de un
consejo directivo donde tienen asiento los representantes de los principales
sindicatos cuyos agremiados cotizan en sus fondos.
Cuando se ideó el espacio que hoy es el Parque Metropolitano de León, se conceptualizó como un reservorio natural y se buscó la declaratoria de Área Natural Protegida.
El objetivo se logró y se construyó un espléndido espacio de convivencia armónica con la naturaleza en una ciudad asediada por el crecimiento de las superficies asfaltadas y el déficit de arbolado urbano.
Al paso que vamos, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo terminará siendo recordado por la gran frivolidad con la que enfrentó el reto de gobernar a la entidad en uno de sus momentos más oscuros.
Esta semana, reporteros de varios medios de comunicación no lograron obtener una sola respuesta del mandatario sobre el reclamo de las familias de víctimas de desaparición forzada para ser escuchadas por los diputados que formulan un paquete de leyes para atender esa problemática.
Aunque el tema es de índole legislativa, el antecedente es que la Fiscalía del Estado antes procuraduría de justicia, ha sido omisa y remisa en la atención del problema, en la escucha de quienes viven esta difícil situación y en la apertura de carpetas de investigación.
A la normal pasión de una contienda estudiantil, este noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle se ha sumado un matiz político nada sutil producto de algunas de las inseguridades con las que ha iniciado el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, precisamente egresado de esa institución.
Normalmente, la elección
por la mesa directiva transcurre sin incidentes y es ganada por planillas cuyos
integrantes se encuentran cercanos a las huestes juveniles del Partido Acción
Nacional, como ocurría, en los viejos tiempos, con el PRI en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Guanajuato.
Hace unos días en la capital del estado se dio un encuentro de esgrima verbal que no le pedía nada a los carteles que arman los promotores de boxeo de las Vegas entre campeones mexicanos y bultos rusos.
Los
protagonistas, dos políticos de distintos partidos a los que la historia ha colocado
en el bando de los impresentables: Juan Manuel Oliva, el exgobernador panista y
Francisco Arroyo, el ex legislador priista que se eternizó por un cuarto de
siglo en curules locales y federales, negociando siempre su papel de opositor frente
al PAN.
