Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 18 de julio de 2021

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on julio 18, 2021 at 2:09 pm

* El verdadero dueño de Guanajuato

* Fiscalía de la República al mejor postor

* Derechos Humanos y el Congreso, simples adornos

Ilustración: @PincheEinnar

1.- Carlos Zamarripa extiende su poder y amenaza libertades

En Guanajuato el poder tiene un dueño. Esto ocurre cuando los funcionarios electos, las dependencias autónomas, los liderazgos sociales y una parte de la opinión pública renuncian a cuestionar un estado de cosas que puede ser todo, menos tranquilizador para quienes aquí vivimos.

Que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre no haga su trabajo, tenga una baja tasa de consignación de delincuentes y que su mayor presunción sea la de que es ligeramente menos incompetente que el promedio nacional en su tasa de impunidad, ya no parece ser suficiente para darle tranquilidad a los guanajuatenses, a los inversionistas que han traído sus capitales a la entidad y tampoco a los visitantes y turistas, como lo revelan las alertas de viaje del Departamento de Estado de EU.

A los únicos a los que parece dar certeza Zamarripa es a los políticos de Guanajuato que parecen felices del mal estado de cosas aunque ni siquiera ellos tienen acceso rápido a la atención de la justicia, esa que el resto de sus conciudadanos ve aún más lejana.

¿Esclareció la fiscalía de Guanajuato los asesinatos del panista Juan Antonio Acosta y la emecista Alma Rosa Barragán, aspirantes a alcaldes de Juventino Rosas y Moroleón?

No lo parece. Las detenciones de dos presuntos autores materiales, uno de ellos con serios cuestionamientos sobre la hipótesis del fiscal, no explican los móviles de los asesinatos ni previenen a sus comunidades de los peligros que les acechan por la actividad de grupos criminales infiltrados en la política de esos municipios.

¿Mató Juan Carlos, alias el Taz, un joven de veintitrés años, a Toño Acosta nada más porque sí, por asaltarlo, por encargo, por asunto personal? Nadie lo sabe fuera de quienes llevan el proceso y quizá ni ellos. El mismo día fueron detenidos otros dos sujetos, uno funcionario municipal de la administración perredista de Juventino Rosas, sin embargo no fueron consignados por posible vinculación con el homicidio, sino derivados a la Fiscalía de la República por delitos como posesión de armas, droga y celulares.

Si la ley prevé que el ministerio público sea una institución de buena fe, en el caso de Guanajuato eso no ocurre. La fiscalía es artera en su desempeño litigioso, es deliberadamente confusa, es opaca y su táctica mejor lograda es amedrentar y no defender a la sociedad.

Fueron varios los asesinos de Alma Rosa Barragán según consignaron los testigos en casi todas las publicaciones del hecho. La fiscalía de Zamarripa detuvo solo a un presunto responsable, Fernando, cuya familia aduce que se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos y exhiben videos como prueba. ¿Está esclarecido ese crimen, como lo titulan la mayoría de los medios al reproducir el boletín de la fiscalía como única información? Parece que no, ni siquiera la identidad del sospechoso parece segura, menos el hecho de que no fue uno sino varios los atacantes.

2.- Congreso, ombudsperson y fiscalía federal, peones del fiscal

Con ese tipo de respuestas a la violencia que vive Guanajuato, con presuntos detenidos liberados a la vuelta de meses por deficiencias en el debido proceso, por desvanecimiento de pruebas o por falta de testigos, la fiscalía ha garantizado altos niveles de impunidad en la ola más violenta de la historia de Guanajuato y ha creado un incentivo perverso para el crecimiento de los homicidios.

¿Ese es un fracaso atribuible a todos los responsables de la seguridad, a la federación, los municipios y el ejército; o a las familias, a la sociedad, a los alcaldes? Parece que no, es una responsabilidad exacta y circunscrita al fiscal de doce años en el cargo y sueldo de 200 mil pesos mensuales.

Sin embargo los diputados de Guanajuato, los panistas y los de otros partidos, que no han tenido la capacidad para evaluar el desempeño del fiscal, no han pedido un solo informe a fondo de las indagatorias de la fiscalía sobre su compañero asesinado. Pareciera que se conformaron con el homenaje funeral y que de ahí en más no les importa lo que haya detrás de uno de los atentados más graves contra la clase política de la entidad.

Lo mismo ocurre en el caso de Moroleón, donde los dirigentes de Movimiento Ciudadano tampoco se han expresado sobre el anuncio del pretendido “esclarecimiento” del asesinato de su candidata.

No solo es el Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha elegido no atender a las víctimas del fiscal si éstas no presentan denuncia directa. Se acabaron las quejas “de oficio”, confiando en que gane la inercia y quienes sufren atropellos los dejen pasar. Parece ser uno de los precios que tiene que pagar Vicente Esqueda por haber sido levantado su veto para trabajar en altos puestos de la burocracia estatal.

El caso de espionaje a las comunicaciones de personal del Laboratorio de Periodismo, denunciada en medios, ante la FGR y llevada al escenario nacional, donde se está señalando la existencia de indicios claros de actuación de la Fiscalía Estatal, parece no existir para el defensor de derechos del estado.

No quedan ahí las cosas, la actuación de la fiscalía de la República en su delegación estatal muestra de forma fehaciente que allí también se privilegia el cuidado del fiscal estatal antes que el derecho a la justicia.

Existe una versión cada vez más extendida en el ámbito judicial de que funcionarios de la subprocuraduría de control regional de la fiscalía General de la República “vendieron” la delegación de Guanajuato al gobierno del estado y al fiscal Zamarripa.

Lo evidencian así casos como el de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, que debió acudir a un juicio de tutela de derechos para lograr que la representación de la fiscalía federal abriera un proceso contra su homóloga estatal por la violación de un amparo para detener a la ex funcionaria.

Los fiscales de David Carmona, el delegado estatal, han sido particularmente hostiles a Botello en cada una de las diligencias en las que han sido citados funcionarios del estado, además de que se han negado de forma sistemática a enviarle un citatorio a Carlos Zamarripa como lo pide el equipo legal de la denunciante.

La misma situación parece confirmarse con la expedita declinación de la competencia para investigar el espionaje del que es sospechoso José Antonio Torres, el director de la Agencia de Investigación Criminal del estado, en contra de periodistas y su redireccionamiento a la propia fiscalía estatal.

3.- Del poder policial al poder político, solo un paso

Qué más poder puede querer Carlos Zamarripa: el Congreso le teme y se le somete, los legisladores son su mejor escudo de defensa pese a que son los únicos que pueden conocer su renuncia.

El gobernador está atado de manos para pedirle mejores resultados y se debe contentar con lo que le informa. Ya ni siquiera tiene la vía de la Secretaría de Seguridad para disponer de otros datos. Del área de la seguridad, Sinhue y su staff solo tienen la información que Zamarripa quiere que le llegue y esta siempre es idílica y optimista.

La oposición hace alharaca sin efectos, no es raro que salgan a atemperar las críticas al fiscal y hay competencia entre el PAN y sus satélites para ver quién llena más de elogios al funcionario.

Por si faltara, hay acosados con procesos judiciales, como Bárbara Botello y Ricardo Sheffield, que le funcionan al fiscal como casos ejemplares. Difícilmente alguno de los medianos integrantes de la clase política se animará a intentar un desafío.

De forma por demás lamentable la fiscalía federal en Guanajuato es una sucursal de la fiscalía estatal. No en balde Diego Sinhue no escatima elogios a David Carmona, el encargado del despacho, mientras critica con denuedo la falta de coordinación en general del gobierno federal.

La Procuraduría de los Derechos Humanos vive el momento más triste de su historia, superando con creces el desaseo y la incuria de José Raúl Montero, el nuevo titular le debe a Zamarripa que le hayan levantado el veto y el regreso a las nóminas de élite gubernamentales, y por ello no se atreve a despeinar al fiscal con la más leve investigación, por lo que no se esmera en recibir o en generar quejas de oficio.

Y para rematar, el PAN estatal ha salido a encabezar la defensa de oficio del fiscal, eligiendo criticar el desempeño federal sin aclarar las deficiencias en el estado, evidenciando que la seguridad es lo que menos importa en este diálogo de sordos.

Desde luego, queda claro que el dirigente estatal Román Cifuentes recibe instrucciones directas de Miguel Márquez, el verdadero autor del reinado de 19 años de Carlos Zamarripa.

Para el fiscal para que es imposible estar mejor.

¿O no? Quizá falte algo más: el poder policial reunido con el poder político. Nada es suficiente para el que ambiciona mucho, más si tiene a todos sometidos.

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