• Rocha Moya: la crisis se agudiza en la 4T
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1.- Sheinbaum: momento de definición

Desde muchos espacios de observación del poder público en México, el regreso de Rubén Rocha Moya al ejercicio de la gubernatura en Sinaloa tiene una sola lectura: se trata de una jugada planeada y ordenada desde su refugio en Palenque por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien con ello busca arrinconar a la presidenta Claudia Sheinbaum y obligarla a plegarse a una agenda de confrontación con el gobierno norteamericano. 

El momento político recuerda muchos escenarios de crisis en la historia de México, aunque quizá el más parecido es el de la confrontación entre el presidente Lázaro Cárdenas y el expresidente Plutarco Elías Calles, hace 90 años, cuando el sonorense se opuso a las políticas agraria y obrera del general michoacano. Se trataba de una fractura más dentro del movimiento revolucionario triunfante y en vías de institucionalizarse, pero fue la primera que no se resolvió con violencia, tras los magnicidios de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

La Cuarta Transformación, como se autodefinió el movimiento político creado y conducido por López Obrador hasta la presidencia de la República, no podía escapar a la dinámica de los movimientos sociales que le precedieron y a los que quiere emular: los conflictos entre sus élites.

Ya el expresidente había logrado sortear un momento delicado, cuando su intervención fue decisiva para ordenar el proceso de sucesión y garantizar la continuidad del movimiento en el poder sin rupturas. La elección de Claudia Sheinbaum con el respaldo del aparato político del obradorismo dejó sin oportunidad a sus contrincantes, quienes fueron convenientemente compensados con posiciones de poder, definidas de antemano por la mano que mecía la cuna.

Al final del proceso quedó ungida como candidata presidencial la persona más cercana a López Obrador, una seguidora fiel y antigua que creció por méritos propios, pero que siempre fue una disciplinada y radical militante del ideario del líder.

Pese a ello, Claudia no recibió la herencia total del movimiento, sino que debió contemporizar con sus contrincantes, alguno más disciplinado que los otros, y recibir un rosario de recomendados que actúan a la vez como vigilantes de la ortodoxia.

Sin embargo, las exigencias de gobernabilidad del país le han dado visibilidad a otros funcionarios que no son del agrado del viejo obradorismo, como es el caso del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, un expolicía federal, vástago de un político priista que dirigió órganos de seguridad y que llegó a aspirar a la presidencia de la República en la segunda mitad del siglo pasado, pero también nieto de un militar revolucionario cuyas mayores menciones en los libros de historia se deben a su papel como secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando ocurrió la represión del movimiento estudiantil y la masacre del 2 de octubre de 1968.

AMLO ya se había opuesto a García Harfuch como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, utilizando el recurso de la asignación por género, pese a que ganó la proverbial encuesta. Sin embargo, Sheinbaum lo rescató primero como candidato al Senado, puesto ganado en la elección, y después al incluirlo en el gabinete con el mismo cargo ejercido en el gobierno capitalino: secretario de Seguridad.

Desde ahí la proyección del expolicía ha sido fulgurante: la política de seguridad es la que más elementos da para presumir en el actual gobierno, aunque al mismo tiempo exhibe las omisiones del gobierno de Andrés Manuel y de alguna manera sustancia las críticas opositoras. Al mismo tiempo, esos resultados le dan a la presidenta su única herramienta para evadir el hostigamiento del gobierno norteamericano, mientras que las herencias de su antecesor la complican: Rocha Moya, López Beltrán, Adán Augusto, Marina del Pilar et al.   

Debe reconocerse que la presidenta ha jugado cuidando los equilibrios a niveles extremos, intentando paliar la tormenta que viene del exterior sin provocar daños mayores a sus correligionarios señalados por complicidades delictivas o por casos de corrupción. Pero parece que eso no ha sido suficiente.

Y las gotas que han derramado el vaso de la autocontención de López Obrador parecen ser la extradición ligada al huachicol fiscal de un alto cargo de la Marina en su sexenio, el retiro de la visa a su vástago y la exitosa participación de García Harfuch en una cumbre organizada por la DEA en Argentina.

Habrá que ver la evolución del caso en los próximos días. Por lo pronto, lejos de lo que parece pretender López Obrador, el cierre de filas ha sido en torno a la presidenta y en reproche al temerario movimiento del gobernador sinaloense, lo que hace pensar que las cosas no quedarán allí, en una suerte de impasse. 

El gobierno federal no puede darse el lujo de desamparar a Sinaloa frente a la guerra civil desatada por las facciones enfrentadas del viejo cártel originario de ese estado. Pero tampoco podría compartir la estrategia de contención con los funcionarios de Rocha Moya, cuyos nexos con los grupos criminales quedaron expuestos en el secuestro del Mayo Zambada.

Es un momento central de definiciones  y no se trata de abordarlo con la frivolidad del funcionario norteamericano que quiere ponernos a comer palomitas, sino con el mayor sentido de responsabilidad, pues lo que está en juego no es poco: una institución presidencial que se respete a sí misma y se haga respetar.

Solo así se puede hablar de defensa de la soberanía.

P. S. Al cierre de esta columna se sabe que Rocha Moya volvió a solicitar una “licencia indefinida”, apenas 36 horas después de su inopinado retorno. ¿Bastaría el mensaje de Sheinbaum en sus redes sociales de este sábado, demandando poner los valores del movimiento por encima de los intereses personales o hubo necesidad de algo más fuerte que aún no sabemos? Por lo pronto parece que habemus presidenta.

2.- El gobierno de Libia y las precampañas

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, decidió tomar parte activa en el proceso de selección de candidatos de su partido para la elección del año próximo de una manera elegante, podríamos decir. 

Primero se apropió del método propuesto por el dirigente nacional Jorge Romero, cuyo objetivo inicial era captar liderazgos provenientes de la sociedad; después lo tropicalizó con la participación de un consultor de sus confianzas, Fernando Macías; finalmente lo puso en manos de una nueva dirigencia partidista, relevando al jefe panista que le heredó Diego Sinhue Rodríguez.

La gobernadora dejó el terreno listo para un proceso de filtrado que tomará en cuenta condiciones objetivas y subjetivas para encontrar mejores perfiles. Sin embargo, al final del día, su intervención será la definitiva, pero ocurrirá sin exponerse personalmente, cobijada por la distancia que le otorga un método del que ella tiene todos los controles.

Esa elegancia no parece haber sido captada por algunos integrantes del gabinete de la mandataria, que han decidido involucrarse de forma directa en los respaldos a los aspirantes a ocupar el puesto de defensores de la patria, la familia y la libertad.

La mayor exposición de estas participaciones se deja ver en León, aunque no solo ocurre allí. Los contrincantes del coordinador parlamentario Jorge Espadas han señalado recio y quedito que hay una participación decisiva de los funcionarios de la Secretaría del Nuevo Comienzo, encabezada por Rosario Corona, en favor de la precampaña del diputado panista. 

Las críticas se sustentan por la relación de cercanía política de ambos, así como de Vicente Esqueda, cónyuge de Corona, desde los tiempos de la dirigencia de Fernando Torres Graciano en el PAN, pero en rigor hasta hoy no se ha mostrado una sola evidencia de ese respaldo en los hechos.

Lo que sí ocurrió esta semana fue la presencia destacada y entusiasta de la directora de Comercio y Abastos de la Secretaría de Economía del estado, Griselda Velázquez Castillo, en la entrega de firmas del aspirante Alan Márquez Becerra, encabezando a un nutrido grupo de comerciantes que reciben apoyos de la dependencia. Para mayor conflicto, el evento fue en un horario que aún puede considerarse dentro del rango laboral.

Pero más allá de las infracciones que pudiera cometer la funcionaria, lo preocupante es el mensaje que se manda para la estabilidad del gabinete de Libia García y sobre todo de la distancia con la que ella se ha manejado en relación con las precontiendas.

Habría que saber si Velázquez Castillo se encontraba allí con el permiso, la anuencia o el respaldo pleno de la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor. 

Y derivado de eso, sería importante saber cuál ha sido la instrucción de la gobernadora hacia sus subordinados: ¿tienen permiso de participar en las precampañas? ¿Hay línea para apoyar a un determinado aspirante o existe libertad de elección? ¿Cómo se vigila que no se apliquen recursos públicos en las tareas de proselitismo?

No es menor el hecho de que hay áreas de la administración estatal que no terminan de consolidarse, como para pensar que una intervención en la agenda paralela de las precampañas y campañas no generará problemas de mayor disfuncionalidad en las políticas públicas.

Pero también algo más delicado: si existe el “libre bateo” que garantiza que los enconos de la actividad electoral o previa a ella no confronten a las y los integrantes de un gabinete del que se conocen fricciones internas inocultables.

Finalmente, el mayor riesgo es que la ansiedad y la novatez de un gabinete que por primera vez se interna en un proceso electoral terminen por exhibir la fragilidad de la sana distancia que pretende mantener la gobernadora con respecto a los saldos de las contiendas internas y, posteriormente, de la elección.

Tomemos en cuenta que el largo camino a junio del 27 apenas empieza.

3.- El regreso de Luis Alberto Villarreal

Durante los últimos años, la atención del sanmiguelense Luis Alberto Villarreal García ha estado puesta en el vecino estado de Aguascalientes, tras su enlace matrimonial con la mandataria de ese estado, la panista Teresa Jiménez. Han sido cinco años en los que su terruño político fue gobernado por el priista Mauricio Trejo.

Hoy, el exalcalde y exsenador de la República parece estar de regreso. La proliferación de aspirantes de su partido a la posición de abanderados de la defensa panista ha complicado las cosas y se sabe que la gobernadora del estado y la presidenta de su partido le han pedido que se incorpore para mediar y lograr un candidato que despierte expectativas.

La petición de Libia García transmitida por Juanita de la Cruz Martínez ha sido bien recibida por Villarreal, quien además ha visto cómo recobran posiciones integrantes de su antiguo grupo político: La Loma. 

Ahí está Armando Rangel en la Secretaría General del PAN; José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande y fuerte aspirante a ocupar un cargo en el gabinete el año próximo; Fernando Macías, consejero electoral de la gobernadora; Antonio Alvarado, en ese mismo equipo; Erandi Bermúdez compitiendo ya por Pénjamo en caballo de hacienda; Lorena Alfaro, dueña y señora del PAN en Irapuato.

Con ese panorama, la petición de regresar a Guanajuato a hacer política, por la puerta de su natal San Miguel de Allende, suena por demás apetecible para Luis Alberto Villarreal, quien estos últimos años estuvo muy cerca del manejo absoluto de un gobierno estatal y que siempre ha querido una oportunidad para competir por Guanajuato.

Así, a Jorge Jiménez Lona, el aspirante que le cuelgan a Libia; y a Rosario Corona, autoerigida en competidora para el 2030, podría sumarse en corto tiempo el hasta ahora distante y casi autoexiliado político sanmiguelense.