* Desaparecidos: Zamarripa los planta; Huet lo justifica; Montero busca salir en la foto
* Sergio Ascencio, el diputado que se pasa las leyes por el arco del triunfo
1.- El calvario de los familiares de desaparecidos, agravado por el Estado
Era el funcionario cuya presencia más importaba y decidió no estar. Otra vez. Carlos Zamarripa parece burlarse de quien lo ratificó en el cargo y le dio todo su respaldo político, incluso jugándose su propia popularidad, para hacerlo Fiscal General del Estado: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Pasó primero con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que por ello decidieron cancelar una reunión en la que estaba presente el titular del Ejecutivo, pues definieron que “sin los cuatro no hay trato”, en referencia al propio Sinhue, al alcalde de Guanajuato, al rector general de la UG y al escurridizo fiscal general.
Ahora, de nueva cuenta, Carlos Zamarripa deja solos al gobernador y al secretario de gobierno, en la mesa donde se daría cuenta del difícil camino que han seguido quienes padecen la desaparición de un familiar al acudir a las ventanillas del ministerio público.
Hace no mucho, incluso una alta funcionaria como la fiscal regional de Irapuato, Claudia Mota Ávalos, los trató con desdén y prepotencia, negándose a recibirlos como colectivo y queriendo regresar a la fórmula del “caso por caso”, la misma que no ha funcionado durante los años pasados porque, sencillamente, no hay carpetas de investigación y las pocas que hay están plagadas de faltas al debido proceso.
Las complicaciones, la mala atención y las vejaciones que han sufrido estas familias ya fueron escuchadas por Luis Ernesto Ayala y por Diego Sinhue Rodríguez, sin embargo, no las ha atendido el fiscal Zamarripa quien tiende a convertirse en un funcionario inalcanzable, como si su rango ya no estuviera sujeto a los controles del sistema democrático.
¿Derecho de audiencia? Eso podrá existir para los funcionarios terrenales, pero no para Carlos Zamarripa quien decide unilateralmente y sin rendir cuentas a nadie adónde va y con quién va. Para ello los diputados de Guanajuato ya le dieron nueve años de poder garantizados y ni siquiera a ellos debe responder.
Inventó un viaje a los Estados Unidos del que nadie sabe nada, si era o no oficial o si aún se encontraba de vacaciones, para justificar su ausencia en la reunión de las familias de desaparecidos con el gobernador. Al día siguiente ya estaba en su oficina instalando a un “consejo externo de consulta” integrado por cinco ciudadanos elegidos por el propio fiscal y su equipo sin ninguna intervención precisamente “externa”.
¿Alguien quiere saber para qué servirá ese consejo? Exactamente, para nada.
Un día antes de la reunión con el gobernador y probablemente “desde Estados Unidos”, el fiscal que ya ni siquiera puede ser calificado de carnal pues queda claro que el gobernador no le merece muchas deferencias ordenó la publicación de un boletín de prensa enumerando las acciones que han tomado para atender a los familiares de los desaparecidos, algo que correspondería más bien a los propios colectivos que se sienten desatendidos, ninguneados y que por ello se han visto obligados a organizarse.
Sin embargo, el Fiscal no es el único que le hace al tío Lolo en este caso. Ahí está el cada vez más triste papel de la “comisionada de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana”, Sophia Huett, cuyo papel original era el de resolver las lagunas de información que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca propiciaban casi intencionadamente, pero que ha devenido en una simple justificadora de las actitudes de ambos.
Tras la ausencia del fiscal en la reunión con víctimas, Huett salió a oficializar una mentira: que las familias habían pedido expresamente que Zamarripa no estuviera. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la misma a la que teóricamente pertenece la comisionada, saben que la presencia de Zamarripa fue demandada por los colectivos.
La pregunta que surge es relevante: ¿no sería más importante valorar la actitud del gobernador de Diego Sinhue de iniciar una línea de apertura con víctimas de violencia que tratar de salvar la imagen de Zamarripa por su inasistencia? O, lo que es lo mismo, ¿para quién trabaja Sophia Huett?
Y hay más. Tras mantener una ausencia tan prolongada como la de Zamarripa y quizá peor aún por su papel de “defensor del pueblo”, el procurador de los derechos humanos más anodino que ha tenido Guanajuato decidió no quedarse atrás en la batalla de las vanidades y emitió un comunicado de prensa para hacer patente que “está en la jugada” al haber atendido solo en 2019, siete casos de desaparición forzada de personas ¡a manos de policías!
Vaya noticia se tenía guardada Raúl Montero de Alba, que al recibir señalamientos y quejas de los colectivos de familiares por la cerrazón de sus funcionarios, sala a presumir treinta y cinco recomendaciones para esos siete casos, de a cinco por casos, algunas tan relevantes como “inscribir a los familiares en el registro de víctimas”, o “proporcionar atención médica y sicológica”, o “instruir investigaciones administrativas a los responsables”, o “instruir a los titulares de Seguridad Pública para que colaboren en la integración de las investigaciones ministeriales”, o “girar instrucciones para emitir una circular dirigida a los servidores públicos para pedirles, en síntesis que se porten bien y actúen con apego a la ley”, o “dar cursos de derechos humanos”.
Habría que puntualizar que estamos hablando de un delito de lesa humanidad, no de un simple abuso de poder. Las recomendaciones de Montero ni siquiera incluyen la formulación de una denuncia de oficio ante la Fiscalía General del Estado y tampoco informa si de esos siete casos existen ya carpetas abierta y cuál ha sido la suerte de estas.
Todo eso, solo en siete casos de las decenas que se tienen registrados. Solo con el gobernador se reunieron colectivos que agrupan 60 casos de desapariciones. En el conteo de la Comisión Nacional de Víctimas, Guanajuato registra más de 650 casos de desaparición de 2007 a la fecha.
Los siete casos de Montero no son irrelevantes, máxime porque se trata de delitos cometidos por elementos de corporaciones policiales de Celaya, Comonfort y Cortazar, donde el delito es agravado por ser el perpetrador un servidor público. Sin embargo, deja mucho que desear que venga el dizque ombudsperson de Guanajuato a presumir que ha actuado en el diez por ciento de las denuncias que fueron llevadas ante el gobernador y en el uno por ciento de las que se tiene conocimiento en los dos últimos sexenios.
Zamarripa, Huett, Montero, todos ellos funcionarios de áreas sensibles del estado cuyo trabajo es estar en contacto con quienes ven violentados sus derechos, parecen perdidos en la guerra de las vanidades y la inútil preocupación de no querer perder la figura, sin darse cuenta que esta se encuentra desde hace mucho por los suelos y que la única manera de levantarla es dando resultados y no emitiendo justificaciones inútiles a estas alturas.
2.- El diputado azul que quiere echar a perder Santa Rosa a espaldas de la ley
Sergio Ascencio Barba es un joven con suerte. Primero lo apadrinó en su veloz carrera empresarial uno de los pioneros del nuevo urbanismo residencial de Guanajuato, su abuelo Fernando Barba, el desarrollador de Villas de Irapuato. Después le dio por la política y sin tocar baranda consiguió que el PAN le obsequiara una candidatura muy seguro al Congreso Federal, dejando en el camino a muchos prospectos con larga carrera partidista.
Ahora, incursiona en la ciudad de Guanajuato con un conjunto entre turístico y residencial justo en el corazón de la sierra de Santa Rosa y su privilegiada posición de empresario y político la ha abierto las puertas del intrincado camino de la burocracia para facilitarle permisos, trazas y dotación de servicios para un proyecto que de ser exitoso terminará por acabar con lo mismo que vende: la tranquilidad, la paz y la belleza de uno de los últimos pulmones de Guanajuato, de por si amenazado por la sequía, los incendios forestales, la voracidad minera y la explotación ilegal de la madera.
El diputado, que teóricamente debería ser un celoso cumplidor de la ley, máxime por su filiación panista pues este partido está tratando de construirse como la oposición más creíble a Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de incumplir el marco normativo del país, encontró la manera de eludir disposiciones legales.
Mediante una consulta a la delegación de Semarnat, cuando la encabezaba el hoy diputado local verde Israel Cabrera, logró una anuencia para un «aprovechamiento forestal», con ese trámite, abrió la puerta del municipio de Guanajuato y del Sistema de Agua Potable, bajo la responsabilidad de Edgar Castro y Jose Lara Lona, para recibir las primeras autorizaciones y una factibilidad de servicio de agua, en ese momento para un hotel.
Con el panista Alejandro Navarro y su director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, se le han abierto las puertas del paraíso y está a punto de iniciar la construcción de cabañas. Entre el 14 de junio y el 22 de agosto del año pasado, quedaron allanados todos los trámites, incluyendo la autorización de Impacto Ambiental, para la edificación de 49 cabañas en régimen de condominio. La principal medida de mitigación es la donación de 60 árboles de 2.5 metros de altura.
Al sacar el tema de la jurisdicción federal, pese a tratarse de una reserva forestal, la suerte del fraccionamiento que el diputado piensa comercializar mediante la aplicación de Internet Airbnb, en tanto va colocando los lotes, de los cuales ya circulan folletos promocionales, las cosas se facilitaron.
Y no es para menos, Ascencio Barba es uno de los principales aspirantes a la candidatura a alcalde de Irapuato por el PAN, presentándose además como candidato externo, lo que ayuda a paliar el desgaste de ese partido en uno de los municipios más violentados de Guanajuato. Así que, favor con favor se paga.
En segundo o tercer plano queda la reserva forestal de la sierra de Santa Rosa y la suerte de sus habitantes que verán mermadas sus de por sí exiguas reservas de agua con un proyecto de turismo seudoecológico que lo único que hará será abrir la puerta a la depredación comercial de ese macizo boscoso.
Mientras tanto, la autoridad federal, en manos de funcionarios provisionales a cargo de Semarnat y Profepa, simplemente escurre el bulto. Nadie les ha dado facultades ni los ha ratificado y saben que lo que más les conviene es no moverse. Así que, en Guanajuato, la Cuarta Transformación, cualquier cosa que signifique, es solo algo que ocurre en una galaxia muy muy lejana. Aquí solo truenan los chicharrones del PAN y sus aliados empresariales.