El abogado Roberto Saucedo Pimentel y el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas hemos tenido el dudoso honor de ser los primeros protagonistas de un juicio por daño moral, la figura que sustituyó a la difamación de honor como instrumento legal para acotar la libertad de expresión.

A diferencia de otros casos a nivel nacional, nuestro demandante no es un político molesto por la crítica, sino un empresario de medios de comunicación que ha convertido a una modesta televisora en un canal de cable de la capital del estado y algunos otros municipios, en instrumento de presión e influencia pública al servicio de intereses particulares, tanto de índole económico como político.

En esa medida, la empresa de comunicación propiedad de Jorge Rodríguez Medrano se ha convertido en sujeto del escrutinio público, pues sus actividades le han permitido colocar a sus familiares en cargos públicos, tanto administrativos como electorales, monopolizar contratos de publicidad y hasta lograr que el municipio de Guanajuato omita el cobro de un adeudo multimillonario por pago de derechos de uso de vía pública que ya debe superar los 100 millones de pesos.

Esos hechos, fehacientemente comprobados mediante documentos oficiales, reconocimiento de la autoridad y auditorías del órgano de fiscalización del estado de Guanajuato, son los que han sido considerados como materia noticiosa por diversos medios de comunicación en los años recientes.

Esos mismos hechos son los que fueron utilizados por Rodríguez Medrano para considerar afectado su honor, su imagen pública y su estabilidad mental, argumentos bajo los cuales emprendió la demanda por daño moral en contra nuestra.

Llama la atención que el Poder Judicial de Guanajuato, a través del Juzgado Primero Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el estado, a cargo de la jueza Lorena Dolores Villaseñor Garay, haya considerado que había elementos para admitir la demanda y abrir un procedimiento, si se considera que la información publicada sobre la actuación pública del señor Rodríguez Medrano; su esposa la entonces regidora del municipio de Guanajuato, Silvia Rocha Miranda; sus hijos, Jorge Alberto y Héctor Alejandro Rodríguez Rocha, funcionarios del municipio y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato; y su nuera, María Fernanda Denisse Uribe Ramos, contratista del Simapag, provino en su totalidad de documentales públicas obtenidas mediante consultas a los sistemas oficiales de transparencia.

Todas las informaciones relativas a las actuaciones presumiblemente irregulares de los integrantes de esta familia, se relacionaron con uso de recursos públicos, lo que convierte a los hechos en temas de interés públicos y susceptibles de ser fiscalizados mediante trabajos de investigación periodística, cuyo único interés se basa en la mejora de las prácticas gubernamentales y la correcta aplicación de los recursos que de suyo son públicos.

No obstante, una vez iniciado el proceso judicial, que en un primer momento pretendía fincar un daño desmesurado de decenas de millones de pesos, equivalentes al monto de la denuncia periodística que confirmó el adeudo de la empresa televisora que hospeda el canal del señor Rodríguez Medrano, los demandados decidimos acogernos de buena fe al cobijo de las leyes de Guanajuato y someternos de buena voluntad a todos y cada uno de los pasos que determinara la autoridad jurisdiccional.

Casi dos años después de iniciado el proceso, después de haber cubierto gastos para cuatro peritajes distintos, incluyendo una tercería ante la disparidad de criterios en los primeros estudios entregados por las partes, esperábamos una pronta conclusión del proceso.

Sin embargo, observamos con preocupación indicios inquietantes de que el juicio pueda estar sufriendo intromisiones ajenas desde otros ámbitos del propio Poder Judicial o incluso de esferas externas al mismo.

El pasado 5 de noviembre, el abogado Saucedo Pimentel presentó un escrito al juzgado solicitando la fijación de fecha y hora para la audiencia final del juicio. El 7 de noviembre, la jueza Lorena Villaseñor respondió que se fijaba el día 16 de enero del 2020 a las 9:20 de la mañana como fecha de audiencia final, debido a “la carga de trabajo con que cuenta es tribunal.”

Sin embargo, el día 13 de diciembre de 2019, una jueza suplente en el Juzgado Primero Civil, María Guadalupe Granados Medina, modificó la fecha original con la justificación de “evitar dilaciones innecesarias en el presente procedimiento”, adelantando la audiencia para el 6 de enero de 2020, a las 9:20 de la mañana.

Llama la atención que una jueza suplente, que estará un solo día, dedique tiempo a enmendarle la plana a la titular que ha seguido el proceso durante 20 meses y que de un plumazo descarte “la carga de trabajo del tribunal” y decida por su cuenta “evitar dilaciones”.

Sin embargo no es todo. El acuerdo del 13 de diciembre fue tomado el último día de trabajo de los juzgados y por ello se notificó a las partes hasta el 3 de enero. Peor aún resulta que la notificación realizada por la jueza suplente “contuvo errores” que debieron ser enmendados por la titular mediante una nueva notificación del 3 de enero, en la que a jueza Lorena Villaseñor puntualiza:

“Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo al contenido del artículo 69 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y toda vez que se considera que las notificaciones realizadas el días (SIC) de hoy fueron mal hechas, en virtud de que de su contenido se advierte que se notificó el proveído emitido el día de hoy , el cual no obra en autos, se ordena su práctica nuevamente con los datos correctos.”

En vista de lo que está en juego en este proceso, el derecho de los periodistas de Guanajuato a realizar investigaciones fundadas en documentos de carácter oficial, para investigar el origen y destino de los recursos públicos utilizados para contratar servicios; el papel y la responsabilidad de quienes ostentan cargos en el gobierno; y las malas prácticas empleadas para contratar servicios de proveedores privados por parte de entidades públicas, consideramos de la mayor relevancia que este primer caso donde se confrontan el derecho a la información y la libertad de expresión con el derecho privado a la buena imagen pública, debería ser realizado con la mayor transparencia y claridad posibles.

Este lunes 6 de enero, al acudir a la audiencia que se reagendó, nos hemos topado con la noticia de que hay un cambio de titular en el primer Juzgado Civil de Guanajuato, correspondiendo a la jueza Cigüeña Circe León López hacerse cargo de los asuntos que hasta el pasado viernes estaban a cargo de Lorena Villaseñor.

Por ello, consideramos relevante hacer notar los hechos anteriormente señalados, en vista de la preocupación porque algún criterio externo pudiese querer influir o intentarlo siquiera, en la decisión autónoma del juzgador, quien solo debería atenerse al marco legal y a las pruebas y alegatos proveídas por las partes.

Este caso será relevante en cualquier sentido que se tome, visto lo que se encuentra en juego: el libre ejercicio del periodismo y la posibilidad de investigar al poder público. Estemos atentos.