• Pensiones, la crisis de Salgado Banda
• PAN ante el riesgo de la vía discrecional
• Acueducto Solís: una discreta mención

1.- ¿Quién mintió en el ISSEG?

Durante 12 años, un solo hombre fue responsable del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato: el economista Héctor Salgado Banda, quien llegó al cargo en el año 2012, de la mano del compadre del gobernador Miguel Márquez, el hoy innombrable Rafael Barba Vargas.

Salgado Banda, graduado en una universidad londinense, aterrizó en el instituto de pensiones como un burócrata tímido y discreto. Venía de ser analista junior en el Banco de México y su cambio a Guanajuato le significó una mejora laboral y social, aunque al principio de su gestión estuvo sometido a la influencia y los caprichos de Barba Vargas, tanto para colocar funcionarios como para decidir cuestiones estratégicas y adquisiciones.

Eso terminó en 2018, cuando, habiendo conquistado la amistad de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el inexperto delfín que Márquez eligió para sucederlo, se convirtió en Secretario de Finanzas, desde donde presidió el consejo directivo del ISSEG y sugirió a quien sería su sucesor al frente del instituto, el economista Ricardo de la Peña Rodríguez, su compañero del Tecnológico de Monterrey. 

Ahí comenzó un control total sobre el instituto y el inicio de una serie de experimentos para jugar al inversionista con los fondos de pensiones de los trabajadores estatales, sin que nadie pusiera coto. Salgado Banda convenció a Sinhue en algunos casos, como la creación de la arrendadora GTO Leasing; pero en otros se alineó a los deseos del mandatario, como en la construcción de los edificios destinados a oficinas de gobierno en el Parque Bicentenario.

De la Peña Rodríguez nunca tuvo margen de maniobra y solo se dedicó a administrar las instrucciones de Salgado Banda, gozando de buen sueldo y prestaciones inmejorables. Todavía tuvo el descaro de cobrar una liquidación millonaria al terminar el gobierno, validada por el secretario de Finanzas.

Durante ese sexenio, en cada informe de labores se presumieron las inmejorables condiciones del fondo de pensiones y se anunciaron crecimientos en el horizonte de cobertura del fondo, hasta llegar al año 2095, como fue anunciado en los estudios actuariales de fines del 2023.

Bajo ese esquema se decidieron algunas de las aventuras financieras orquestadas por Salgado Banda y De la Peña, como la asociación con empresarios privados para crear la arrendadora GTO Leasing, que debió ser cancelada ya en el sexenio de Libia García por su total inviabilidad y por el incumplimiento de las premisas que se plantearon para su creación.

Los fondos del ISSEG se utilizaron para experimentar con emprendimientos que un inversionista privado no hubiera aceptado. La prueba fue que la arrendadora de Salgado Banda no logró convencer a ningún empresario de peso y terminó ofreciendo las acciones a un amigo personal, el constructor guanajuatense Guillermo Webb Murra. La arrendadora fue cerrada de la misma forma opaca en que se creó y sigue pendiente un balance de sus resultados, como fue ofrecido cuando se anunció la cancelación.

Ya en los últimos meses del sexenio de Sinhue, Salgado Banda y De la Peña se prestaron a otra simulación: la construcción de un conjunto de edificios en el espacio del Parque Bicentenario en Silao, el elefante blanco creado en la administración de Juan Manuel Oliva, los cuales serán arrendados al gobierno estatal para trasladar oficinas desde la capital del estado.

Por lo pronto, la obra lleva un retraso de un año, que llegará a más de dos, pues apenas está al 50 por ciento de avance. Los costos originales, poco más de mil millones de pesos, se incrementarán por el incumplimiento de tiempos y la inflación. Las corridas financieras originales tendrán que modificarse y le tocará a la actual directora del ISSEG, Judith Juárez, apechugar con una realidad muy distinta a la que diseñó su antecesor.

Por eso no sorprende lo que arroja el nuevo estudio actuarial al que fue sometido el ISSEG este año, donde se encontró que las optimistas perspectivas del sexenio pasado son muy distantes de las que se aprecian hoy. Por lo pronto, la reserva garantiza la viabilidad del fondo hasta el año 2065, treinta años menos que el último dato ofrecido en el gobierno de Sinhue.

Son muchos los factores que inciden en la reducción de la vida útil del fondo de pensiones: mayor longevidad, incrementos salariales, la curva de jubilaciones que entra en un momento crítico por el crecimiento de la base laboral hace tres décadas. Sin embargo, eso no cambió en el último año, pues los estudios para determinar esas variables no se ajustan de la noche a la mañana.

Es más probable que la anterior administración del ISSEG haya manejado a conveniencia la información para validar los emprendimientos en los que se involucró a la institución.

Lo delicado es que el mayor responsable de esos manejos se encuentra aún en el gobierno, maneja la Secretaría de Finanzas y sigue siendo el presidente del Consejo de Administración del ISSEG, por lo que habría manera de llamar a cuentas al doctor Salgado Banda para preguntarle por qué con toda su ciencia no previó el escenario y manejó de manera tan irresponsable el fondo de pensiones de los trabajadores.

Si bien Salgado Banda sobrevivió en el gobierno por los acuerdos entre el exgobernador Diego Sinhue y la gobernadora Libia García, parece que está llegando el momento de analizar la pertinencia de ese pacto político, sobre todo a la vista de los resultados.

El sexenio de Libia entra en un momento de madurez, al cruzar al término de su segundo año. Parece un buen momento para revisar las herencias, antes de que pasen a ser responsabilidades propias.  

2.- Defensores: el camino discrecional

El Partido Acción Nacional avanza a tientas en su nueva metodología para seleccionar “defensores” que tienen un gran parecido con precandidatos a las alcaldías de los nueve municipios más poblados del estado.

Aunque se han dado algunas bajas, los contendientes más fuertes siguen todos en la liza y, tanto en el partido como en la comisión política, encabezados por Juana de la Cruz Martínez y Éctor Jaime Ramírez, existe la firme convicción de que saldrán designados, que no electos, los mejores.

La decisión, sin embargo, descansará en las valoraciones de la comisión técnica del proceso, la única que tiene la llave que abrirá el cofre de las designaciones, que está a cargo de un consultor electoral que parece haberse ganado la absoluta confianza de la gobernadora Libia García, se trata de Fernando Macías Chávez.

Se definieron por esa comisión tres factores para calificar a los aspirantes: percepción ciudadana, de militantes y habilidades de liderazgo. Se determinaron como herramientas las encuestas abiertas a población y centradas en militantes del PAN, además de grupos de enfoque.

Con esos instrumentos se valorarán aspectos tan abiertos como capacidad de liderazgo, imagen, habilidades, potencial de atraer el voto, la simpatía, la honestidad, las propuestas, la confianza.

Sin duda, en ese periplo habrá mucha manga ancha para la discrecionalidad y serán los integrantes del comité técnico que encabeza Macías Chávez quienes podrán interpretar y orientar las calificaciones que resultarán en un ganador y varios perdedores y que deberá apechugar la comisión política y la dirigencia panista. 

Habremos de conocer los resultados en 3 semanas más y allí sabremos si el método Macías generará credibilidad o si dejará heridos que tendrán que ser atendidos no solo por la dirigencia del PAN, sino incluso por la gobernadora. 

Si para atender los resabios que deje el método es necesario dar premios de consolación, entonces será muy poco lo que habrá aportado de novedad.

3.- Acueducto, un año de parálisis

El informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó casi de pasada el proyecto de “agua para Guanajuato”, precisando en el texto entregado al Congreso Federal que “se evalúan alternativas” para su realización.

En el mes de octubre se cumplirá un año del inicio de las protestas públicas en Acámbaro en contra de la utilización del agua de la presa Solís para trasladarla al norte del estado y dotar de agua a media docena de municipios, con León como el principal beneficiario.

A partir de entonces se suspendieron las obras junto a la cortina de la presa y el proyecto solo prosiguió en una de sus vertientes: el revestimiento del canal Coria para evitar las filtraciones al subsuelo, lo que adicionalmente podría significar el abatimiento de algunos pozos en su trayecto.

La tecnificación del distrito de riego 011 no solo no avanza, sino que se ha dado marcha atrás a convenios en algunos módulos como los de Acámbaro y Salvatierra. El diálogo encabezado por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, prosigue, pero a ritmo muy lento y sin avances concluyentes, por lo pronto, ha logrado que se subsanen pendientes añejos como la entrega de escrituras a los descendientes de los pobladores desplazados por la presa Solís, lo que no parece suficiente para retomar las obras.

La oposición férrea mostrada por productores y ciudadanos de Acámbaro no ha logrado interlocución con el gobierno estatal, que ha preferido dejar a los técnicos de Conagua hacerse cargo de algunas reuniones que no han acabado del todo bien. Hasta el momento nos encontramos ante un diálogo de sordos, mientras el tiempo pasa.

Quizá por eso, la lacónica frase del informe: “evaluar alternativas” puede significar muchas cosas, incluyendo la suspensión del proyecto del acueducto, para repensar otras posibles soluciones.

Pero, de eso, parece que nadie quiere hablar, al menos en el gobierno estatal.