Casi sin darse cuenta, el poderoso Fiscal General de Guanajuato perdió dos importantes batallas esta semana: una de ellas en la sucesión del Poder Judicial del estado, con la llegada de un magistrado fuertemente influenciado por Miguel Valadez Reyes, un ex procurador de justicia del estado; la otra, al empeñarse a fincar el delito de terrorismo a los ciudadanos de Cuerámaro que se amotinaron en protesta por la liberación del presunto responsable de un multihomicidio que originalmente se clasificó como culposo, pero que toda la evidencia muestra que fue doloso.

Con el arribo de Héctor Tinajero Muñoz, haiga sido como haiga sido, llega a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato un abogado penalista defensor del sistema penal acusatorio, un modelo que Carlos Zamarripa nunca ha sabido asimilar y del que se ha convertido en gran detractor, porque a sus expedientes no les va nada bien, sobre todo por sus deficiencias jurídicas y procesales.

A regañadientes, aún influenciado por la diplomacia de su pacto con la presidenta saliente Claudia Barrera, una civilista que llegó a la titularidad del Poder Judicial por la influencia del impresentable Rafael Barba Vargas, el compadre oscuro de Miguel Márquez Márquez, Tinajero evitó tocar el tema de la impunidad en su discurso, hasta que fue interrogado por los medios.

Ahí aceptó que los jueces deben trabajar con lo que les proporciona el Ministerio Público e hizo un llamado a una mayor capacitación, algo que no puede sino verse con suspicacia pues si en algo se gastó durante la instrumentación del nuevo proceso penal acusatorio fue en el adiestramiento de funcionarios de todas las instancias que intervienen en el proceso.

Y aunque el propio Miguel Valadez llevó la fiesta en paz con Zamarripa durante sus dos periodos de presidente del Poder Judicial, durante el gobierno de Márquez, las cosas no habían llegado al nivel que se encuentran hoy en día. Tarde o temprano, Tinajero deberá hacer trascender su presidencia con algo más que logros administrativos que son de consumo interno pero que nada aportan a la sociedad ante las vicisitudes que vivimos.

Hacer valer la posibilidad de que el sistema penal acusatorio rinda toda su potencialidad, enfrentará tarde o temprano al penalista con el Fiscal, cuyo perfil policiaco le ha hecho desdeñar sistemáticamente las técnicas de litigio, privilegiando las salidas laterales.

Llama la atención, por ejemplo, que se haya reactivado el caso del presunto asesino de un guardia de centro nocturno en León, justo a pocos días de la salida de Claudia Barrera de la presidencia del Poder Judicial. La detención momentánea de Juan Omar Ramírez Villegas fue seguida de una rápida liberación, la cual fue acompañada de promesas de reparación del daño a los deudos de la víctima, las cuales permanecen incumplidas hasta ahora.

Así, mientras los daños causados a dos domicilios particulares y a la fachada de la alcaldía de Cuerámaro quieren ser castigados por la Fiscalía de Zamarripa con todo el rigor del código penal equiparando daños materiales a terrorismo, en el caso del sobrino nieto del jerarca panista Elías Villegas, un asesinato a sangre fría es tratado como si fuese un homicidio culposo.

Esa disparidad de criterios es la que ha estallado en Cuerámaro por la liberación del presunto responsable del homicidio de las cuatro jovencitas atropelladas intencionalmente, por una jueza municipal y la inacción del ministerio público para ejercer la acción penal.

El rigor para aplicar el estado de derecho, del que ha hablado en numerosas ocasiones el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, parece tener excepciones, lo que le quita toda credibilidad al discurso y exhibe el carácter faccioso con que realiza su trabajo la Fiscalía.

Es por eso que desde la Secretaría de Gobierno de Luis Ernesto Ayala se interviene ya en varios casos como ocurrió en Cuerámaro y ocurre en el caso de las familias de desaparecidos en el estado, para tratar de subsanar deficiencias en el trabajo de la Fiscalía que se están convirtiendo en bombas de tiempo políticas.

En el caso de Cuerámaro la inconformidad ya había centrado sus baterías en la alcaldesa Ana María Bueno, exigiendo su renuncia al cargo, lo que vendría a sumarse a lo que ya ocurre en Celaya en idéntico sentido.

Así que, por fin, alguien en el entorno de Luis Ernesto Ayala parece haberlo convencido de que su tarea es pacificar al estado y no convalidar la leña que arrojan al fuego todos los días los integrantes del dúo de la seguridad.

Si Ayala de verdad se da cuenta de que la conspiración de circunstancias que han sumado la creciente inseguridad, la prepotencia de Carlos Zamarripa, la complicidad de Alvar Cabeza de Vaca y la incompetencia de varios alcaldes, es la mayor causa del desgaste que sufre el gobierno de Sinhue, tendrá que asumir la tarea que le fue asignada hace un año y que se ha resistido a realizar: coordinar el trabajo político para enfrentar las causas y consecuencias de la inseguridad.

Así que, la pinza que pueden conformar Héctor Tinajero y Luis Ernesto Ayala, si de verdad quieren contribuir a que se frene el deterioro del estado de derecho en la entidad y no solo a medrar con eso, tiene que empezar a verse rápido.

Diego Sinhue ya vio que la lógica de Zamarripa, que solo pretende salvarse a sí mismo, no lo hace más fuerte; ya probó también que la propaganda por sí sola es una táctica inútil; que de nada sirve hurtar el cuerpo a la responsabilidad de comunicar y derivarlo a una vocera locuaz y carente de criterio político. Tiene que empezar a gobernar y solo podrá hacerlo con colaboradores que decidan comprometerse.

Luis Ernesto Ayala alguna vez quiso ser gobernador; Héctor Tinajero tiene la oportunidad de ocupar la titularidad del Poder donde ha hecho carrera desde abajo. Imagino que ninguno de los dos está allí para perder el tiempo y para pasar a la historia como cómplices del desastre.

Veremos si están a la altura del reto. Más les vale a ellos y también a todos nosotros.