Corporativismo, sobreregulación y corrupción generada desde el estado eran el ADN del PRI; hoy, ese código forma parte de todos los partidos.

Seguramente el gobernador Miguel Márquez Márquez y sus asesores más cercanos ignoran que uno de los principales datos que toma en cuenta el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, baluarte del capitalismo globalizador mundial, es la aceptación o resistencia que generan en los gobiernos las nuevas modalidades de transportación, como Uber y Lyft.

Lo visionario de estas compañías de carros por contrato donde choferes independientes atiende la demanda pasajeros sin intermediación, utilizando las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, ha derivado indirectamente en una medición de la apertura, la sobrerregulación y la corrupción de los gobiernos.

Aunque solo impacta los sistemas de movilidad, aplicaciones tecnológicas como Uber están revolucionando una industria anquilosada y controlada por mafias políticas, sindicales y económicas en países del primero y del tercer mundo.

Ocurre algo parecido al sistema de medición de la salud económica en que se convirtió el precio de las hamburguesas de cadena en las últimas décadas del siglo pasado, el famoso índice Mac, que analizaba la situación de un país en el terreno económico, comparando el precio de una Big Mac, el emparedado de carne más popular del mundo hasta antes de la llegada de las dietas saludables, en esa economía y en la de los Estados Unidos.

El índice Big Mac llegó a ser más confiable para algunos economistas que la paridad de la moneda local con el dólar, siempre sujeta a consideraciones políticas de los respectivos gobiernos.

Hoy, en pleno siglo XXI y ante una economía global abierta, lo que también significa una sociedad abierta, aunque de esto aún no se hayan percatado muchos gobernantes, la verdadera medición de la aceptación de un gobierno a la iniciativa individual y a la libre emprendeduría, viene dada por el índice Uber.

En nuestro país ya se ha visto como sucesivos gobiernos estatales, que son los responsables territoriales de regular el transporte público, entran en conflicto con el esquema de Uber, donde un usuario contacta, a través de una aplicación en su celular, a un chofer que es propietario de su vehículo, cobra con tarjeta de crédito y entrega factura, eligiendo además el tipo de vehículo y pagando un precio que se va escalonando de acuerdo a la calidad y el modelo del auto.

La principal razón es que el transporte público regulado es una fuente permanente de beneficios económicos y políticos para líderes partidistas, sindicales y empresarios monopolistas de las concesiones.

Los taxistas son empleados semiesclavizados que manejan autos que no son suyos, que operan bajo concesiones otorgadas con criterios de clientelismo y lealtad política o, peor aún, bajo esquemas de corrupción. Por lo mismo son carne de cañón para toda clase de movilizaciones políticas, desde manifestaciones hasta jornadas de votación, bajo la amenaza de perder un trabajo malpagado que en ocasiones permite el robo hormiga al patrón y que es relativamente seguro.

De ese esquema piramidal de poder anacrónico y semifeudal se han beneficiado políticos de todos los colores. En su origen el invento surgió del perfeccionado corporativismo priista, tan cercano a  los esquemas del fascismo mussoliniano, pero hoy lo compran gustosos hasta los conservadores panistas y los populistas de izquierda.

Por eso, los gobernantes, desde Miguel Mancera hasta Miguel Márquez, pasando por Aristóteles Sandoval y muchos otros, se devanan los sesos buscando la cuadratura al círculo y pretextando que defienden empleos, cuando en realidad lo que buscan preservar son privilegios, ineficiencia y lealtades políticas.

El índice Uber marca que por más retrógrada y corrupto que sea un gobierno, la lucha para impedir el crecimiento de nuevas opciones de servicio que enlacen a proveedores y consumidores eludiendo la intermediación, es una batalla perdida.

Hasta la Cuba de los hermanos Castro verá tarde o temprano el relevo de sus Packards modelo 50 por la llegada de autos modernos y eficientes conducidos por choferes que no tendrán que pertenecer al Partido Comunista.

¿De qué lado de la historia querrá permanecer Miguel Márquez? ¿En serio se inmolará para impedir la entrada de opciones de transporte como Uber en Guanajuato? Eso está de risa loca, más en un representante de una derecha que quiso, hace no mucho, modernizar al país y romper la cerrazón de un PRI autárquico. Veremos en qué para.

Posdata

Pablo César Carrillo, director de Milenio León y protagonista de una picante conversación telefónica con la exalcaldesa de León Bárbara Botello, revelada por Zona Franca, aprovecha los reflectores momentáneos para darnos una lección de periodismo que aceptamos con humildad.

Dice el colega: “El reto del periodista es investigar los hechos y confirmarlos, con esfuerzo, de manera correcta y justa, sin hacer trampa.”

Esa tarea, tan noble “como el sacerdocio o la milicia”, dio lugar a muchas buenas historias y hubiera podido generar más en el trienio de Bárbara Botello, la otra y principal protagonista de la publicación que motiva el sermón de Pablo César, tomando en cuenta que fue una de las gestiones más criticadas, impopulares y polémicas de los últimos tiempos.

O como dice mi compañero Óscar Aguilar en la red interna de Zona Franca al comentar el editorial del director de Milenio: “Si tanto le preocupa el buen periodismo, que ponga el ejemplo…”

No fue así en el diario que dirige Carrillo y, oyendo su conversación con Botello, me doy cuenta porqué: quizá Pablo estuvo todo ese tiempo muy ocupado dándole consejos a Bárbara, ofreciéndole publicar notas de descargo y denostando a sus colegas. Cada quien sus prioridades.