Muy influido por el sector privado de la entidad, al que ya le había concedido participación en decisiones de inversión pública como parte de la negociación del último incremento en impuestos de nómina y cedulares, el gobernador panista de Guanajuato ha instrumentado un plan de rescate de empleos y negocios con una bolsa global que alcanza de momento 4 mil 400 millones de pesos.
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No es poca cosa, aunque también puede ser insuficiente para mantener negocios y nóminas en marcha si la contingencia se extiende uno o dos meses más, después de mayo.
Desde el año 2015, el gobierno de Guanajuato regala a los estudiantes de educación media superior y superior tabletas electrónicas. A lo largo de 5 años se han repartido alrededor de medio millón de estos aparatos dentro de un programa de “inclusión digital”.
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Cada entrega de tabletas, que osciló entre 80 mil y 125 mil dependiendo del año, tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, sumando aproximadamente 60 millones de dólares a la fecha, unos mil doscientos millones de pesos en un tipo de cambio promedio, antes de las recientes devaluaciones.
Todos los contratos han ido a una sola empresa. DITECMA, un importador que manda hacer las tabletas a proveedores chinos, por lo demás barato. Se desconoce cuanto es el costo real del aparato y cuánto es el beneficio del importador, un negocio que ni siquiera poseía instalaciones propias y que operaba en una oficina rentada cuando recibió su primer gran contrato.
Si por algo paró en una enorme proporción la actividad económica de Guanajuato, fue para tratar de evitar un colapso del sistema de salud público y privado y su principal secuela: una tragedia humanitaria.
La afectación a la normalidad, a la vida de las personas, a sus ingresos, a través de la suspensión de las actividades productivas, escolares, de los servicios y hasta del entretenimiento, tiene un fin supremo: evitar en la medida de lo posible la masificación de los contagios y la pérdida de vidas, no solo por las consecuencias de la enfermedad en sí misma, sino también por la saturación de la infraestructura hospitalaria.
Sanitización de una vía pública en Irámuco, Gto. Foto: Municipio de Acámbaro
México vive además su particular precariedad en la materia. La escasa inversión en salud, la histórica y la de los últimos sexenios, nos enfrenta a la primera pandemia mundial en un siglo con recursos debilitados. Pero, adicional a eso, el deterioro de las prácticas alimentarias de unos años a la fecha, con las secuelas de morbilidades asociadas (obesidad, diabetes e hipertensión), hace más peligroso y letal al virus que nos amenaza en esta ocasión.
El jueves que pasó, algo ocurrió en el Centro de Readaptación Social de Valle Santiago, conocido como el CERESO Mil y que en su momento fue considerado un prototipo de rehabilitación y funcionalidad.
Desde luego, como es costumbre ya en la administración de Diego Sinhue Rodríguez, no había explicación, aclaración o información oficial de ningún tipo, pese a que en el lugar se efectuaron disparos, el incidente tuvo una duración de al menos 12 horas y debió requerirse la presencia de policías estatales adicionales para controlar la situación.
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Motín, asonada, pleito entre grupos rivales, nada se aclaró oficialmente durante los hechos, toda la tarde-noche del jueves. Tampoco el viernes, ni el sábado. Cuando la noticia comenzó a correr, primero como un rumor que preocupaba a familiares de internos, abogados y a los propios ciudadanos de Valle de Santiago, la respuesta del gobierno a la pregunta de lo que estaba pasando fue: “son rumores, no hay postura”.
Los “rumores”, incluían el ingreso de tres internos del centro penitenciario al hospital Bicentenario de Valle de Santiago, con heridas de proyectil de arma de fuego.
