Arnoldo Cuellar

Pandemia y gobernabilidad

In Análisis Político, POPLab, Sin categoría on abril 13, 2020 at 4:00 am

El jueves que pasó, algo ocurrió en el Centro de Readaptación Social de Valle Santiago, conocido como el CERESO Mil y que en su momento fue considerado un prototipo de rehabilitación y funcionalidad.

Desde luego, como es costumbre ya en la administración de Diego Sinhue Rodríguez, no había explicación, aclaración o información oficial de ningún tipo, pese a que en el lugar se efectuaron disparos, el incidente tuvo una duración de al menos 12 horas y debió requerirse la presencia de policías estatales adicionales para controlar la situación.

Foto: Facebook

Motín, asonada, pleito entre grupos rivales, nada se aclaró oficialmente durante los hechos, toda la tarde-noche del jueves. Tampoco el viernes, ni el sábado. Cuando la noticia comenzó a correr, primero como un rumor que preocupaba a familiares de internos, abogados y a los propios ciudadanos de Valle de Santiago, la respuesta del gobierno a la pregunta de lo que estaba pasando fue: “son rumores, no hay postura”.

Los “rumores”, incluían el ingreso de tres internos del centro penitenciario al hospital Bicentenario de Valle de Santiago, con heridas de proyectil de arma de fuego.

El domingo diversas notas consignando los pocos hechos que era posible verificar se publicaron en medios de comunicación locales y nacionales. Sin embargo, la postura oficial permaneció impasible: silencio total.

No fue así en el entorno de los presos, quienes por diversas vías buscaron comunicación con sus familiares y con defensores, para tratar de llegar a los medios y llamar la atención sobre lo que ocurre al interior del otrora modernísimo centro de readaptación.

La realidad es espeluznante. La reacción en contra de las medidas de confinamiento, tales como restricción de visitas y prohibición de ingreso de alimentos fueron el detonante para que se mostrara una inconformidad acumulada desde tiempo atrás.

Los testimonios reunidos dicen que hace tiempo que el penal dejó de ser controlado por las autoridades y que el gobierno interno se divide entre los dos grupos delincuenciales que han asolado a Guanajuato con su guerra sin cuartel desde hace ya dos años.

La desbandada de custodios, producida a raíz de una ola de atentados mortales ocurridos a lo largo del año pasado y lo que va de este, ha propiciado un enorme desequilibrio al interior del penal. De acuerdo a los testimonios, un grupo de 4 custodios tiene la obligación de vigilar y supervisar un dormitorio de 500 internos. Es frecuente que se rompa la disciplina y los presos pasen de uno a otro dormitorio a propiciar peleas, agredir y establecer controles territoriales, con la omisión o la complicidad de los guardias.

La inestabilidad se agravó por las medidas de la cuarentena sanitaria por la pandemia de COVID-19, pero las muestras de inconformidad no fueron atendidas ni controladas, sino que, de acuerdo a esas versiones, se permitió que unos internos atacaran a otros, lo que generó una campal que duró desde el mediodía del jueves hasta las 3 de la mañana cuando ingresaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Los relatos recabados coinciden en que se realizaron disparos desde las torres de vigilancia hacia los patios donde se concentraban los internos, una situación que en cualquier estado democrático merecería una explicación pública, una investigación interna y la intervención de una instancia de derechos humanos.

La paz no se restablecía aún este domingo, cuando se realizaban cateos al interior del penal.

Además, el temor al contagio es real, independientemente de las visitas, pues priva el hacinamiento en los seis dormitorios del penal, con una población carcelaria de alrededor de mil 200 reos, de las cuales 200 son mujeres.

El gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Seguridad que encabeza Alvar Cabeza de Vaca, es responsable de la seguridad y de la salud de esas personas que purgan penas o están sujetas a proceso, pero que conservan derechos humanos. Dejar que el ambiente se descomponga, propiciar agresiones y tolerar abusos no es precisamente una forma de atender el juramento constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.

Guardar silencio sobre lo que ocurre en el Cereso de Valle de Santiago, muestra un gran desprecio por los derechos humanos y una total transgresión de las prácticas de transparencia que el gobierno se ha dado así mismo.

Son actitudes que no exhiben grandeza alguna.

Todo lo contrario.

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