Este domingo en el consulado mexicano en Dallas, Texas, la dura realidad que viven los ciudadanos de Guanajuato en materia de seguridad, la misma que trata de ser minimizada por el nuevo gobierno, le estalló en las manos a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al enfrentar el justificado y valiente reclamo de unos padres que perdieron a su hijo a manos de policías que dependen directamente del mandatario.
Lo que se pretendía una gira “bonita y lucidora”, con reuniones en Cámaras de Comercio, líderes migrantes progobiernistas y asociaciones de políticos latinos, se convirtió de pronto en una extensión de la tierra sin ley en la que está convertida una parte nada desdeñable de la geografía guanajuatense.
La señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, sostiene la foto de su hijo en la protesta ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Foto: Cortesía.
Los padres y amigos de Leonardo Reyes Cayente, el migrante abatido por un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, que dirige Alvar Cabeza de Vaca, el secretario con seis años en el cargo que fue ratificado por Diego Sinhue sin el menor análisis de su trabajo y sus resultados, encararon al gobernador y lo retuvieron por casi media hora para que los escuchara y les aclarara el comportamiento de sus subordinados.
Por que Leonardo, el joven obrero de la construcción radicado en Dallas, no solo fue asesinado a mansalva cuando estaba realizando una llamada telefónica a Dallas en la parte alta de un cerro aledaño a la comunidad de origen de sus mayores, Corralejo de Abajo en los límites de San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, sino que la escena del crimen fuera alterada por los propios elementos que le dispararon y que hicieron parecer que su camioneta americana había chocado en una presunta huida.
Pero incluso ahí no pararon las cosas. Tras la ejecución extrajudicial y la alteración de las pruebas, los elementos rindieron un parte donde se criminalizaba a Leonardo y se le hacía parecer como miembro de una banda criminal que había abierto fuego contra los policías de las FSPE, integrantes del Grupo Táctico Operativo y, a decir de personal de la propia Secretaría de Seguridad, consentidos del secretario.
Esta versión fue creída y reproducida sin contrastar por parte de la flamante Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana, Sophía Huett, quien en una de sus primeras declaraciones tras de que le fue creado ese puesto con un sueldo nominal de 75 mil pesos mensuales, no tuvo el menor empacho en revictimizar a Leo y calumniarlo al acusarlo de ser parte de un grupo criminal que disparó contra los policías obligándolos a repeler la agresión con “fuerza letal”.
Esa cadena de abusos, omisiones, encubrimiento y negligencia fue la que explotó en la visita del gobernador Diego Sinhue Rodríguez a Texas, cuando varias decenas de guanajuatenses residentes en Dallas, encabezados por la señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, le exigieron al gobernador una investigación independiente y a fondo.
Y aunque el mandatario habló de procesos judiciales y de intervención de jueces, lo cierto es que la desparecida Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, dirigida por Carlos Zamarripa Aguirre, no presentó el caso ante ningún juzgado a lo largo de los más de sesenta días transcurridos desde el artero crimen.
En el consulado mexicano de Dallas, el gobernador de Guanajuato interrumpe su agenda para escuchar a deudos de migrante asesinado por policías: Fotograma de video en YouTube.
De acuerdo a la vocera Huett, los policías ni siquiera recibieron una suspensión, tampoco se abrió una investigación interna, pues se les creyó totalmente su versión de que habían sido agredidos y que habían respondido en consecuencia.
Hoy, Diego Sinhue ni siquiera puede ordenar que se abra una investigación, pues ahora la Fiscalía es autónoma y no tiene porque rendirle cuentas, algo de lo que quizá se sienta cómodo dada su aversión a hacerse cargo del tema de la seguridad.
Tampoco puede ordenarle al Procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero que aborde el caso o profundice en él, al ser otra entidad teóricamente autónoma. Montero ya desdeñó en una ocasión recibir a los padres de Leo, delegándolos a un subprocurador y mostrando de paso su escaso compromiso con la defensa de los derechos humanos y su proclividad a quedar bien con la autoridad.
Sin embargo, ninguna de esas excusas servirá para que los deudos de Leo, sus amigos en la comunidad migrante y muchos guanajuatenses más lo exculpen por la impunidad y la ausencia de justicia que hasta ahora se vive en este caso.
¿Es para eso que se va a una campaña a pedir votos y a ofrecer utopías? ¿Es para eso que el gobernador quiere que Guanajuato se parezca a Singapur? ¿A eso se refiere cuando reitera el estribillo vacío de la entidad como “grandeza de México”?
A las pocas horas de la tensa e infructuosa reunión con los familiares de Leo, el gobernador se dirigió al Pleno del Congreso de Arizona donde habló de logros económicos y del concepto que repitió a lo largo de su campaña para convertir a Guanajuato en una entidad de “mente-factura”, concepto tan rimbombante como poco explicado hasta ahora.
Ya no habló de la inseguridad y del “golpe de timón”, el otro mantra de su campaña, conceptos que a decir de sus asesores “no venden”.
En Guanajuato, lejos del glamour de esas giras internacionales que tanto gustan a nuestros políticos y que tan poco provecho dejan, sabemos que no habrá “grandeza” mientras la tarea de la seguridad no sea asumida a cabalidad por el máximo representante político del estado, pues es algo que no puede eludirse solo con cerrar los ojos y dejarlo en segundas manos.
Diego Sinhue ofreció una investigación independiente a los familiares de Leo. Esta semana se sabrá si su palabra vale o si solo lo hizo para salir del paso y si, al igual que Miguel Márquez, ya les ha dado carta abierta a sus policías para abusar de su poder. Esa, de ninguna manera será una señal de “grandeza”.
P.d. Al cierre de esta columna, fuentes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato confirmaron que no se había abierto hasta este lunes ninguna carpeta de investigación sobre el caso de Leonardo Reyes.
