Este fin de semana, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, con el reforzamiento de los llamados a permanecer en casa y con la opinión pública estatal distraída por numerosos temas, entre ellos el recrudecimiento de la violencia terrorista en Celaya y el alto número de homicidios en León, la Fiscalía General del Estado buscó salir de dos temas polémicos.

Es lo que en buen romance se podría llamar un doble sabadazo.

El primero de ellos fue el caso de Leonardo Reyes Cayente, 23 años de edad, migrante originario de San Miguel Allende y residente en Dallas, quien murió a manos de una patrulla de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un paraje descampado cercano a la comunidad Corralejo de Abajo, el 13 de diciembre de 2018.

Desde el primero momento, la Secretaría de Seguridad, la vocería de la Secretaría de Gobierno y el propio Diego Sinhue Rodríguez, avalaron la versión de los policías: Leonardo y dos personas más les dispararon, ellos respondieron el fuego con “fuerza letal”, Leo murió y los otros dos, de quienes nadie sabe nada, huyeron por el monte.

En contraparte, la madre de Leonardo, Guadalupe Cayente, quien ha hecho una cruzada personal de la búsqueda de justicia y de defensa del honor de su hijo, ha reiterado que el joven acudió a la loma a buscar señal telefónica para comunicarse con su novia en Texas, porque en la parte de abajo del pueblo se pierde, que no usaba armas y que iba solo.

Algunos de sus familiares se acercaron a la escena después de haber escuchado disparos. No se hicieron presentes ante los elementos estatales por temor, pensaron que Leo había sido detenido; pero la disposición de la escena que lograron apreciar distaba mucho de lo que se encontró al día siguiente: la camioneta fuera del camino y estrellada junto a un árbol.

En el gobierno cerraron filas con sus policías. La lógica de guerra que vivimos hace que todas las víctimas sean responsables de su muerte y, además, objeto de señalamientos criminales. Leo no solo fue asesinado, también se asesinó su reputación y se dañó para siempre a su familia: hay impunidad, injusticia y deshonra de ciudadanos a manos del estado. ¿Dónde queda el estado de derecho que tanto se pregona?

Este sábado, pese a una recomendación de la escasamente efectiva PDHEG que desacreditó la legítima defensa esgrimida por los policías estatales y exigió la reapertura de la investigación, la Fiscalía General del Estado, por conducto de la misma funcionaria que ya había negado el acceso a la justicia a la familia Reyes Cayente, Ramona Álvarez Pérez, reiteró que no había elementos para iniciar una carpeta de investigación y volvió a escudarse en la justificación de la legítima defensa de seis policías que acribillaron a Leo en algo que por lo menos fue un excesivo uso de la fuerza.

Un sábado de cuarentena, en San Miguel de Allende, la fiscal Ramona Álvarez notificó a los abogados de la familia que no habría ejercicio de la acción penal y el caso se archivaba.

No fue lo único. El mismo día, la FGE notificó en un boletín de prensa sobre otro caso que ha sido manejado con extremo sigilo: la sentencia emitida en contra de cuatro ex policías ministeriales asignados a la plaza de Salamanca, que fueron procesados por los delitos de abuso de autoridad y concusión, es decir una extorsión en provecho de un funcionario público.

Aunque la Fiscalía en su comunicado resalta que “no hay cabida para aquellos elementos que hayan actuado en forma desleal e indebida en contra de la sociedad guanajuatense”, lo cierto es que la información se manejó con perfil bajo, pues no deja de ser un desdoro de la publicitada y elogiada Agencia de Investigación Criminal, el mayor orgullo de Carlos Zamarripa, que le ocurran estas cosas.

El juicio fue inusitadamente rápido, toda vez que la denuncia de un particular que acusó a cuatro elementos de la AIC de despojo de dinero y exigencia de más recursos para devolverle un vehículo que se le requisó, se presentó apenas el 20 de enero de este año, el 6 de febrero fueron vinculados a proceso y para el 28 de marzo el juicio estaba concluido.

Solo para contrastar, el caso de Leonardo Reyes se llevó 16 meses solo para anunciar su archivo por la FGE

Naturalmente, el juicio se realizó por procedimiento abreviado, lo cual quiere decir que se realizó una negociación de por medio. Por ello, las penas fueron particularmente benévolas: “José, Luis y César fueron condenados a pena de prisión de 3 años, 11 meses y 20 días, Julio fue condenado a pena de prisión de 5 años, 6 meses, con mayor pena por haber liderado los hechos acreditados.”

Con esas sentencias, tres de los elementos procesados no pasarán ni un día en la cárcel, mientras que el líder puede conmutar su sentencia y verse beneficiado por una pre liberación. No parece una lección determinante ni disuasiva para evitar futuros actos de corrupción.

Si a ello se suma que los policías pueden disparar a mansalva y matar a una persona sin ser sujetos siquiera a una sanción disciplinaria, mucho menos una sujeción a proceso, no veo por dónde el gobierno de Sinhue se encuentra reforzando el estado de derecho, por más que se utilice a mansalva el delito de terrorismo. Menos cuando se busca que la información sobre esos hechos, de suyo pública y digna de la mayor publicidad, pase desapercibida en fechas complicadas para la mayor parte del público.

Eso se llama barrer la basura debajo de la alfombra y parece lo más lejano de cualquier clase de grandeza.